Suspenden inicio de AFP

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Suspenden inicio de AFP

	Ministro de Hacienda, Eduardo Montiel, asegura que se debe reformar el sistema y que eso tomará al menos seis meses
	“Si implementamos las reformas como están crearíamos una crisis para muchos y beneficio para pocos”, dijo

Roberto Pérez Solís y
Gustavo Ortega Campos

Las especulaciones acerca del inicio del nuevo sistema de pensiones terminaron ayer, cuando el ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel, anunció que el Gabinete económico recomendó suspender, por lo menos seis meses, la entrada en vigencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según el análisis realizado por la comisión interinstitucional que revisa desde noviembre pasado la viabilidad de las reformas, el nuevo sistema está diseñado sólo para cubrir a 320 mil empleados formales, de una Población Económicamente Activa (PEA) de dos millones de personas.

Además, la mayor parte del sector laboral informal, calculado en más de un millón de trabajadores, quedarían excluidos del sistema de Seguridad Social.

Mientras que las comisiones que cobran las AFP crecerían de 317 millones de córdobas en el 2005 a 447 millones de córdobas en el 2009. El uso principal de estas comisiones sería para seguros de invalidez, vejez y muerte y otro para la administración y utilidades de las AFP.

Montiel aclaró que en este asunto los cálculos no son tan sencillos. “El equipo empezó desde noviembre, en marzo se metieron de lleno y no fue sino hasta hace un par de semanas que las conclusiones estaban terminadas”.

“Estas cosas no se hicieron con el nivel suficiente de profundidad y análisis una vez que se aprobó la ley, no he visto ese análisis por nadie, hasta que lo hizo la Comisión, había quienes sospechaban, incluyéndome a mí, que iba a haber un agujero bastante (grande) cuyo tamaño desconocíamos y nos sorprendió el hecho que ni aún haciendo cambios de ciertos parámetros a la ley, no se resuelve el problema”, indicó el ministro.

SIN EMBARGO, HAY QUE REFORMAR

Según Montiel, aunque hay un consenso de reformar el Seguro Social del país, para beneficio de los asegurados, la verdad es que la implementación de la Ley 340 o Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones no es viable social ni financieramente, porque hay “detalles” basados en experiencias de otros países como Chile que no son aplicables a la realidad de Nicaragua. Esta decisión, de acuerdo al titular de Hacienda, fue también apoyada por los organismos financieros internacionales.

“El hecho de tener una deuda pública alta, un déficit fiscal de los más altos en América Latina, el hecho de que tenemos un marco legal en el campo financiero que está en formación, los capitales no están totalmente desarrollados (representan obstáculos), en países que no tienen estos elementos se ha visto que el costo de transición se vuelve insostenible como el caso de El Salvador y Bolivia”, refirió Montiel.

ESTADO TENDRÍA QUE RESPONDER

Dijo que si el nuevo sistema entrara en vigencia sin hacer modificaciones, se garantizaría una pensión mínima a los trabajadores menores de 43 años que dejarían el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) una vez que se retiren. O sea que, si los ahorros de éstos en el sector privado no son suficientes, el Estado tendría que asumir ese pago.

Estimaciones de los miembros del Gabinete Económico demostraron que un 60 por ciento de los trabajadores literalmente volverían al INSS.

Montiel dijo, además, que el principal costo de la transición del sistema de reparto al sistema de capitalización privado de las pensiones, obedece a las obligaciones de corto plazo que deben honrarse.

“El problema en Nicaragua es que a como se estructura la reforma, el INSS traslada parte los beneficios a las AFP, ellas cobran una comisión a los pensionados que va hasta el 28 por ciento de las cotizaciones para cubrir sus operaciones, eso está bien, pero si con esto al final no cubren el retiro del pensionado, entonces el Gobierno cubrirá una pensión mínima”.

Tal situación, a su juicio, es lo que pone en jaque a las reformas, pues al final los pensionados regresarían al Estado para que reciban su pensión mínima. “Ese es el tipo de cosas que tienen costos enormes, pagás cuando se van y pagás cuando regresan (los pensionados)”, dijo.

A estos obstáculos se agrega otro como de suma importancia como es el déficit que significaría para el Seguro Social el inicio de las AFP. Se estima que con las reservas del INSS, unos 2,900 millones de córdobas, sólo podrían costear la transición al nuevo sistema por dos años.

“Al inicio (el déficit) sería similar al costo de mantener otro Ministerio de Transporte, el costo este gobierno podría manejarlo en el sentido de que las reservas técnicas del INSS están para financiar los dos años y medio que le quedan, el problema le hubiera quedado al siguiente gobierno cuando no tuviera reservas”, dijo el ministro.

“Si implementamos la reforma así como está crearíamos una crisis social para muchos y beneficiaríamos a unos pocos, la medicina resultaría peor que la enfermedad”, agregó.

Por su parte, la representante del Banco Mundial, Amparo Bavillián, declaró que emitirán una serie de recomendaciones al Gobierno de Nicaragua para ayudarlo a superar la crisis provocada por la crisis del sistema de pensiones nicaragüenses.

Comentó que este organismo tenía dispuesto un fondo de unos 40 millones de dólares

LLAMAN A FORMAR COMISIÓN

A su vez, el Gabinete Económico recomendó al presidente Enrique Bolaños nombrar una comisión nacional que esté compuesta por personas con experiencia financiera, pero lo más importante, que provengan de todos los sectores sociales del país.

Esta comisión, además de revisar los aspectos de la Ley 340 en un período de seis meses, hará análisis de toda la situación actual en que se encuentra la Seguridad Social del país para luego presentar una propuesta de reforma.

CRONOLOGÍA

Año 2000: Aprobación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley 340).

Junio 2003: Se negocia con los organismos financieros internacionales sacar de las condicionalidades del programa económico la puesta en marcha de las reformas al Seguro Social.

Noviembre 2003: Se forma la Comisión Interinstitucional que analizará los alcances de la Ley. La conforman el Ministerio de Hacienda, Banco Central de Nicaragua (BCN), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y Superintendencia de Pensiones (SIP).

Marzo 2004: Se inicia la cuantificación del déficit que generaría el traspaso al nuevo sistema de pensiones, ahora estimado en 1,200 millones de córdobas al año.

Julio 2004: La Comisión Interinstitucional brinda los resultados que son validados por los organismos financieros internacionales.

21 de julio (Ayer): Gabinete económico en base a los resultados de la comisión recomienda analizar la situación en una instancia nacional con amplia representación y experiencia en un plazo de seis meses.

“INEFICIENTES”

“Si sumas todo lo que gana el Gabinete Económico, todo eso para anunciar que se suspenda el inicio de las AFP es una barbaridad, son absolutamente ineficientes, es un robo para el pueblo, en ese sentido los organismos financieros internacionales fueron más prácticos al decir que esto no sirve”, dijo el diputado sandinista Gustavo Porras al conocer la decisión del Gabinete Económico.