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Un cuadro estremecedor
El informe sobre la situación de violencia, consumo de drogas y abusos sexuales en las escuelas públicas de Primaria y Secundaria, contenido en una Investigación sobre Niñez y Juventud en Riesgo: Victimización y Violencia, que dio a conocer el martes de esta semana el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Nicaragua (MECD), es realmente estremecedor.
Todos los datos de la mencionada investigación que fue hecha en conjunto con la Universidad de Córdoba, España, son de suma importancia, pues se refieren a problemas fundamentales que sufren los escolares y que inciden negativamente en su rendimiento académico: bajo nivel de auto estima, sentimientos de soledad, falta de apoyo de los maestros o de confianza en ellos, percepción pesimista de las instituciones y las autoridades, incoherencia de las creencias cívicas, etc. Sin embargo, por razones obvias lo que más golpea directamente son los datos sobre abusos sexuales, violencia y consumo de drogas y alcohol entre los escolares.
En efecto, según la información que publicamos en nuestra edición de ayer, miércoles 14 de julio, un 7 por ciento de los escolares de Primaria y Secundaria (en el universo de 3,042 estudiantes de cuarto a sexto grado de Primaria, y 2,813 de Secundaria de la encuesta que sirvió de base a la investigación) sufren diversos abusos sexuales cometidos por maestros y compañeros de estudio; 20 por ciento de escolares de Secundaria consumen o han consumido drogas, y 5 por ciento en Primaria también lo han hecho; 5 por ciento de escolares en ambos niveles han traficado con drogas o conocen a quienes trafican; y 5 por ciento, también en los dos niveles, pertenecen a pandillas juveniles.
En términos generales esa situación es un retrato de lo que ocurre en la sociedad. Pero la escuela y la educación no pueden ser un simple reflejo de la problemática social. Si bien es cierto que hay un condicionamiento recíproco entre la realidad social y la escuela, el objetivo de la educación es precisamente transformar de manera positiva a la persona; erradicar los malos hábitos y los defectos de carácter que las y los muchachos aprenden en la calle o en sus mismos hogares; modelar la personalidad del individuo mediante la inculcación y el desarrollo de principios cívicos y valores éticos. Educar, dice la definición más corriente del concepto, es “desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven, por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.”
De manera que el cuadro sombrío revelado por la investigación que estamos comentando, demuestra que la escuela pública nicaragüense no está cumpliendo su misión y fines fundamentales o, en el mejor de los casos, que los está cumpliendo mal.
El Ministro de Educación, Silvio de Franco, al mismo tiempo que presentó los resultados de la investigación informó sobre las medidas que está tomando el MECD para enfrentar y tratar de corregir esta situación, en el marco de su programa de Educación para la Vida.
Ahora bien, no sólo al MECD le corresponde enfrentar este problema sino a todo el Estado y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el mismo día que se presentó la Investigación sobre Niñez y Juventud en Riesgo: Victimización y Violencia, que revela en cifras impresionantes el grave problema del tráfico y consumo de drogas en las escuelas públicas, los diputados de todas las bancadas aprobaron alegremente un indulto a narcotraficantes que operan en el ámbito popular y, por lo consiguiente, en el “mercado” de las escuelas.
Independientemente de cuáles sean las verdaderas razones que tuvieron los diputados para aprobar ese indulto —pugnas de poder con el Presidente de la República, intereses económicos o humanitarismo mal entendido— , ellos tienen la obligación de rectificar esa decisión irresponsable.
Los diputados deben unir sus esfuerzos con las demás instituciones del Estado y con toda la sociedad, para combatir la delincuencia y la corrupción en las escuelas. Esto es indispensable para proteger a la única y verdadera riqueza nacional, que es la niñez y la juventud nicaragüense. Hacer lo contrario es un delito contra la Patria y de lesa humanidad.
