María José Zamora
Tuvo que morir el policía Róger Rodríguez por causa de un morterazo lanzado por los estudiantes del Centro Universitario Regional de Carazo (CURC) para que éstos cambiaran su estrategia de lucha. Fue entonces cuando se quitaron las máscaras y los pañuelos del rostro. De la noche a la mañana se transformaron en estudiantes pacíficos que protestan con carnavales y plantones y pagan anuncios en los periódicos felicitando a las madres nicaragüenses en su día. De todas maneras, nada de esto hará que Róger Rodríguez, sustento de su familia, regrese a la vida. La familia de este policía ha sido una víctima más del caos político y jurídico en el cual se encuentra inmerso Nicaragua. Mientras tanto los llamados estudiantes tienen vía libre para destruir la propiedad pública y privada, atentar contra la seguridad ciudadana, impedir la libre circulación de vehículos, afectar el comercio (los negocios aledaños a sus guerras campales tienen que cerrar) y matar. Me llama la atención que sobre la actuación de estos “estudiantes” la doctora Vilma Núñez de Escorcia, abanderada de los derechos humanos, no diga una sola palabra.
El Ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, anunció tras la muerte del policía Róger Rodríguez que buscaría a los autores intelectuales de este asesinato y mencionó al tristemente célebre presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telémaco Talavera. Sin embargo, hasta el día de hoy este señor se mueve libremente por el territorio nacional, brinda conferencias de prensa y por lo visto nadie le ha pedido que rinda cuentas sobre este lamentable suceso. Por otro lado, los estudiantes arrestados fueron liberados tras el pago de varios miles de córdobas, que seguramente provienen del fructífero seis por ciento. Y para cerrar con broche de oro, la Policía Nacional, que debería ser la parte ofendida por haber perdido a uno de sus miembros, y que además es la autoridad llamada a defender la seguridad ciudadana, organizó una marcha contra la violencia, porque según el jefe de la Policía, no mueren gustosos, ni se sienten gustosos de matar estudiantes ni herir estudiantes, “que son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros primos, son nuestros sobrinos”. Con todo respeto, este absurdo planteamiento del cuerpo policial neutraliza su autoridad y los equipara con los transgresores de la ley y el orden, dejando así al ciudadano común en total indefensión.
En LA PRENSA del 28 de mayo del presente año, apareció un artículo del ingeniero Antonio Lacayo, que explicó con sencillez y coherencia el origen, trasfondo y posible solución del controversial seis por ciento. Dijo que si al perder las elecciones el FSLN, en lugar del seis por ciento para las universidades se hubiera legislado la obligatoriedad de destinar los recursos estatales para la educación primaria gratuita y obligatoria, hoy, 14 años después, no habría muchacho o muchacha menor de 20 años analfabeta y que este país sería otro. Tiene toda la razón el señor Lacayo, pero, ¿qué hubiera hecho a estas alturas el FSLN sin su caballito de batalla del seis por ciento para las universidades? A ellos, por ejemplo, les importa poco que 800,000 niños y niñas se queden sin educación y que de cada 10 córdobas entregados a las universidades siete vayan a gastos administrativos y menos de tres vayan para la formación de universitarios. Al FSLN lo único que le interesa es mantener viva a la turba estudiantil y seguir haciendo “charanga” con el seis por ciento.
Me parece excelente que el Gobierno no deje pasar esta oportunidad para, de una vez por todas, poner en orden al sector universitario. El seis por ciento no puede ser para pagar los “gastos de representación” y los celulares de la burocracia universitaria sandinista ni sus programas políticos disfrazados de eventos culturales y deportivos. Nicaragua no puede seguir alimentando buitres. La solución estaá a la vuelta de la esquina reformando a favor de las mayorías el artículo 55 de la Ley 89.
La autora es psicóloga
