Humberto Belli Pereira
Para que un profesional reciba su título o licencia ha de satisfacer una serie de requisitos o pruebas más o menos rigurosas. Eso le garantiza a la sociedad que el portador de ese título reúne una serie de conocimientos y habilidades mínimas que le hacen apto para confiarle, desde el diseño de un puente, hasta la operación de un páncreas. El problema es que para que ese título tan importante tenga valor, se requiere a su vez que la institución donde se adquirió garantice a la sociedad, que ella reúne la calidad mínima para poder graduar profesionales.
Uno de los estándares de calidad más importantes para determinar si una institución califica para llamarse universidad es la calidad de su profesorado. Hoy día la norma internacional es que aquéllos que enseñan deben tener un título superior al que obtendrán los estudiantes bajo su tutela. Bachilleres no deben formar bachilleres. Quien forma bachilleres debe poseer un título superior, normalmente de licenciado universitario. Profesores carentes del título adecuado para el nivel de enseñanza donde imparten clase se llaman “empíricos”. Siguiendo con la misma lógica, los licenciados tampoco deben formar licenciados ni los poseedores de maestrías pueden formar a sus futuros pares. De aquí que en la comunidad universitaria mundial lo normal sea requerir que los profesores universitarios tengan como mínimo una maestría y que un mínimo del cuerpo docente, comúnmente la mitad, posean doctorados o Ph.D. También es importante que otra buena proporción del profesorado lo sea de tiempo completo, ya que aún los buenos profesionales necesitan tiempo adecuado para preparar bien sus clases.
De acuerdo a un estudio del rector de la UNAN-León, Ernesto Medina, el 19.3 por ciento de los docentes del sistema miembro del CNU tienen maestría y el 10.1 por ciento tienen doctorado, si bien aquí incluyen no sólo a quienes poseen Ph.D., o sus equivalentes, sino a los profesores con los grados de doctor en Derecho y doctor en Medicina que tradicionalmente se otorgaban a los egresados de dichas carreras. El resto del profesorado sólo tiene licenciaturas que, en alta proporción, provienen del mismo sistema público. En cuanto al tiempo de contratación se observa que el 65 por ciento de los profesores de la UNAN-Managua son horarios, lo cual es grave aunque quizás no tanto como el caso de algunas universidades privadas, por ejemplo la UAM, donde el 91 por ciento de los profesores son horarios. Las estadísticas aquí son sin embargo engañosas. Los bajos salarios de los catedráticos del sector público (de acuerdo a Medina los salarios promedio de los profesores de las tres categorías más altas oscilaban entre 200 y 400 dólares mensuales) obligan a los mejores profesionales a dar clase como horarios, ya que devengan mejores ingresos fuera de la docencia. Los que trabajan de tiempo completo con los salarios ofrecidos por los centros adscritos al CNU terminan muchas veces siendo aquéllos que no han podido encontrar mejores oportunidades fuera de las universidades, o, en casos probablemente muy raros, personas con buenos ingresos externos o con una vocación docente muy excepcional. (Vale advertir que los salarios son bajos no por falta de financiamiento sino porque éste se diluye entre una cantidad irracionalmente alta de profesores que enseñan a estudiantes que nunca se gradúan y en carreras saturadas cuyos egresados no encuentran trabajo)
También es lo normal, en universidades con cierta calidad mínima, que existan normas de selección y promoción del profesorado basadas en el mérito. En nuestras universidades públicas, sin embargo, no existen normas objetivas ni claras para la contratación, promoción o despido del personal docente. Es decir, no hay mecanismos que velen porque sean los más competentes quienes accedan a las cátedras, lo que hace que las decisiones están más basadas en los conectes o en el compadrazgo, muchas veces político, que en el mérito. Los criterios para decidir actualmente la escala salarial son, a veces, el título obtenido y los años de servicio. La pobreza de criterios vinculados al mérito o a la buena docencia, asegura una buena dosis de mediocridad y falta de motivación profesional en el profesorado.
Lo que éstas y otras informaciones sugieren es que nuestras universidades públicas —y muchas de las privadas— son, en cierta forma, empíricas. Dicho en términos descarnados: todavía no son universidades. Todavía no reúnen los requisitos que normalmente, e internacionalmente, se consideran mínimos para abocarse a la grave y delicada tarea de otorgar títulos profesionales.
Los líderes del CNU se apoyan en la Constitución para reclamar el seis por ciento del Presupuesto General de la República. Pero el público, que sufraga dichos montos con sus impuestos, tiene derecho a exigir de las universidades que demuestren que lo son.
El autor es presidente de la Universidad Ave María College.
