Douglas Carcache
A tiempo se echó atrás el gobierno y accedió a que las pulperías nicaragüenses también vendan cervezas importadas, sin pagar más impuestos que la cuota fija ya establecida, porque de esta forma los favorecidos serán los consumidores y el Estado.
Sería inconcebible que el Gobierno de Enrique Bolaños, quien inauguró su mandato en enero del 2002 con un encuentro de inversionistas extranjeros en Managua, apareciera hoy metiendo zancadillas a la nueva cerveza guatemalteca que está por entrar a Nicaragua.
El conflicto, que estalló la semana pasada y los medios de comunicación calificaron como “la guerra de las cervezas”, permitió ver cómo las inversiones extranjeras pueden ser alejadas por disposiciones fiscales aprobadas de forma discreta.
Las pulperías y otros negocios que pagan una cuota fija de impuestos, iban a perder esa excepción si vendían cervezas extranjeras, lo que de tajo ponía en desventaja a la cerveza guatemalteca frente a sus competidoras nacionales, producidas por una misma empresa.
La medida fiscal fue aprobada en septiembre pasado, cuando ya se sabía que una planta guatemalteca, subsidiaria de una industria brasileña, vendería la nueva cerveza en Nicaragua. Desconozco si la traba la pusieron por descuido o por proteccionismo, pero independiente de eso la regulación afectaba a la economía del país, no sólo a los consumidores.
La llegada de esa cerveza traerá ingresos al Estado, por impuestos de importación; nuevos empleos para nicaragüenses que darán mantenimiento a los equipos de refrigeración, que venderán y distribuirán el producto; además de inversiones en vehículos y otros equipos en la medida que el negocio crezca.
Habrá más productos que vender y los consumidores tendrán otra opción al momento de comprar. Esta competencia conduce a mayor calidad en la producción y el servicio, de la que se deriva a veces la reducción de precios.
Funcionarios del Gobierno han dicho que en ningún momento trataron de proteger a la única cervecería que hay en Nicaragua, al poner una traba fiscal para que las cervezas extranjeras sólo fueran vendidas en ciertos lugares. Aunque el Gobierno merece el beneficio de la duda, en este caso, deberá proceder con cuidado porque si en algún momento quiere, con disimulo, favorecer a monopolios locales, acabará dañando la economía nacional y en consecuencia a los ciudadanos.
Los monopolios, en cualquier actividad económica, son nocivos porque ante la falta de competencia suelen imponer precios al antojo y descuidar la calidad. Es por eso que al hablar de libre comercio, algunos economistas enfatizan en las ventajas que obtienen los consumidores, al tener acceso a importaciones mejor elaboradas y a menor precio.
¿Qué hubiera sucedido si Guatemala le impone un gravamen a determinado producto nica que se vende allá, en respuesta a las trabajas que le ponían a su cerveza aquí? Los platos rotos los hubieran pagado los exportadores nicaragüenses. Algo parecido sucedió mientras Nicaragua aplicó el “Impuesto Patriótico” a las mercancías traídas de Honduras, entre 1999 y 2003. Los importadores nicas sufrieron las consecuencias.
