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De torturas y torturadores
A Estados Unidos le está ocurriendo con el escándalo por los abusos cometidos por militares estadounidenses contra prisioneros iraquíes, lo mismo que le ocurrió a Francia en 1958, cuando se denunciaron las brutalidades que las tropas francesas cometían contra sus prisioneros en la guerra de Argelia.
Al conocerse aquellos excesos que cubrieron de ignominia a la nación gala, Francia dejó de ser para el mundo el país abanderado de los derechos del hombre, galardón que ostentó desde que la Convención Francesa aprobó, en París, el 2 de octubre de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Ahora, después de que los infames abusos contra los prisioneros iraquíes fueron conocidos mundialmente gracias a la divulgación de fotografías en las que aparecen militares solazándose con el sufrimiento de sus víctimas indefensas; y aunque se demostrara que esos verdugos actuaron por cuenta propia, la autoridad política y moral de Estados Unidos para presentarse ante el mundo como estandarte de la libertad y los derechos humanos, está por lo menos quebrantada y deslegitimada.
La tortura y cualquier abuso contra prisioneros por cualquier causa son actos de extrema cobardía y crímenes contra la humanidad. Los principios humanistas que impregnan el derecho internacional, y el doméstico de las naciones civilizadas, no sólo excluye sino que también condena la tortura y cualquier forma de abuso contra los prisioneros, aunque éstos sean culpables de los crímenes más horrendos, como los terroristas contemporáneos.
Se puede comprender la rabia que embarga a muchos estadounidenses, incluyendo a los militares, contra los culpables directos e indirectos de los cobardes y monstruosos atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington D.C., y de los muchos otros en los que han sido asesinadas miles de personas inocentes, incluyendo a muchas mujeres, niños y ancianos. Pero eso no justifica ensañarse con prisioneros indefensos, quienes quiera que éstos sean y cualquiera que sea o pudiera ser su culpa. Como tampoco lo justifica ninguna “razón de Estado” de las que invocan siempre los gobernantes autoritarios para justificar sus acciones criminales.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948, señala de manera imperativa: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Por su parte, el Convenio Relativo al Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, adoptado por la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto de 1948, establece en su artículo 13 que: “Los prisioneros de guerra deberán ser tratados en toda circunstancia humanamente”. Y además, la Declaración de las Naciones Unidas contra la Tortura, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1975, define claramente en su artículo primero que: “…tortura significa todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento físico o mental a una persona, por o a instigación de un funcionario público, para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla a ella o a otra persona”.
De manera que la comunidad internacional tiene derecho y además obligación de condenar las torturas y demás abusos cometidos por militares norteamericanos contra sus prisioneros iraquíes, y en cualquier otra parte donde los hayan cometido o los pudieran estar cometiendo; y Estados Unidos debe tomar medidas para que no se repitan esas prácticas criminales, para castigar a los culpables materiales e intelectuales y para poner a la orden de tribunales competentes a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo que mantiene en la base de Guantánamo.
En realidad, la tortura es criminal y odiosa quien quiera que sea el que la practique, ordene o permita. Por eso no tienen moral para condenar los abusos estadounidenses en Irak los que han hecho lo mismo y peor con sus propios prisioneros; los que pertenecieron —como funcionarios, verdugos, plumíferos, diplomáticos o lo que fuera—, a un régimen que torturó y ultrajó a sus prisioneros y víctimas. Ellos condenan los abusos estadounidenses en Irak no porque les preocupen los derechos humanos, sino simplemente por hacer política antiyanqui.
