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Suprema irresponsabilidad
El presidente Bolaños justificó su último acuerdo con Daniel Ortega porque supuestamente de esa manera se tranquilizó al país que estaba sumido en un mar de especulaciones y temores políticos. Y es cierto que hubo menos incertidumbre al día siguiente del último acercamiento Bolaños-Ortega, en el que el Presidente “compró” estabilidad a cambio de un consenso sobre la Ley de Carrera Judicial que le permitiría al FSLN seguir dominando el Poder Judicial.
Ahora bien, quienes no necesitan de la justicia institucional para el desenvolvimiento de su vida cotidiana, no pueden apreciar debidamente la importancia que tiene la Ley de Carrera Judicial ni les interesa qué pasará con ella. Pero a los afectados directamente por las actuaciones judiciales sí les importa mucho que la justicia siga dominada por intereses partidistas, políticos y económicos. Y además, los daños y perjuicios que provocan la parcialidad y la corrupción de la justicia a los inversionistas y empresarios de toda clase y tamaño, a las personas con problemas de propiedad, etc., repercute gravemente sobre todos los nicaragüenses, aunque muchos no se percaten de ello.
Por otro lado, muy poco duró la tranquilidad que produjo el último entendimiento del presidente Bolaños con Daniel Ortega, pues a los pocos días el Poder Judicial arremetió contra el Bancentro y puso en riesgo y zozobra a todo el Sistema Financiero Nacional. Y ahora se dio a conocer una supuesta sentencia de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad parcial de la Ley del Presupuesto General de la República, para obligar al Poder Ejecutivo a darle unos doscientos veinte millones de córdobas (más o menos 14 millones de dólares) adicionales a las universidades financiadas por el Estado.
El Ministro de Hacienda, Eduardo Luis Montiel, declaró el martes de esta semana que el efecto de esa sentencia podría ser devastador para el país, pues se incumplirían los compromisos con los organismos financieros internacionales, lo sacaría de sus programas de asistencia externa y se perderían 85 millones de dólares en cooperación del FMI y el Banco Mundial. En fin, se desplomaría estrepitosamente la estabilidad macroeconómica de la nación.
Sin embargo, es dudosa, por lo menos, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor del Consejo Nacional de Universidades (CNU), pues al parecer se “aprobó” recogiendo las firmas de los nueve magistrados sandinistas que la suscribieron y no en una sesión formal y legal de Corte Plena, como lo manda expresamente el artículo 8 de la Ley de Amparo: “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno conocer y resolver el Recurso por Inconstitucionalidad”.
En realidad, cualquier sentencia de Corte Plena se tiene que decidir en sesión física y legal de todos los magistrados, o al menos del número suficiente de ellos para integrar el quórum, según lo que se establece en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Tribunales.
De manera que los magistrados que firmaron esa dudosa sentencia a favor del CNU que amenaza con precipitar al país en un caos presupuestario y social que ameritaría una declaratoria de emergencia nacional, deben presentar pruebas fehacientes de que la votaron en una sesión de Corte Plena. Y además, los magistrados que no la firmaron —o por lo menos alguno de ellos— deberían pronunciarse al respecto, para esclarecer el asunto y deslindar responsabilidades ante la nación.
Es lamentable decirlo, pero no se puede confiar en la Corte Suprema de Justicia ni en ninguna otra instancia del Poder Judicial. Y hay que señalarlo porque el país no podrá salir del atolladero en que lo dejaron los gobiernos y gobernantes autoritarios y corruptos mientras la justicia no recupere la credibilidad.
Pero la confianza en la justicia no se logra con un consenso entre el Presidente de la República y el líder de un partido político, para que el Poder Judicial continúe subordinado a ese partido —y a ningún otro—, y por lo tanto degradado por la corrupción. En todo caso, el consenso y trato que necesita el país es para que la justicia vuelva a ser confiable, para despartidarizarla, profesionalizarla y sanearla moralmente, pues la Corte debe dar el ejemplo de respeto a las formas y los procedimientos judiciales, así como a los contenidos y sentidos de la ley.
