Ary Neil Pantoja
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presionará al Gobierno y a la Asamblea Nacional para que asignen mayor presupuesto al Poder Judicial y así evitar el colapso financiero de ese Poder del Estado, según dijo ayer el magistrado Rafael Solís Cerda.
Solís se mostró contrario a una posible reducción del horario laboral de todo el Poder Judicial, debido al gran volumen de trabajo acumulado en todas las instancias judiciales.
La medida de trabajar menos tiempo, fue sugerida la semana pasada por el secretario general administrativo de la CSJ, Róger Espinosa, como una forma de afrontar la severa crisis financiera por la que atraviesan actualmente.
Según Solís, acortar el período de labores a cinco horas (de 8:00 am a 1:00 pm), no resolverá el problema financiero, aunque reconoció y coincidió con Espinosa en el sentido de un posible colapso total del Poder Judicial provocado por la falta del presupuesto necesario.
SÓLO CON MÁS PLATA
De acuerdo a Solís, la única solución al problema financiero es la asignación del cuatro por ciento del presupuesto que establece la Constitución para ese Poder del Estado.
Solís dijo que conversó con la presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, sobre la propuesta, sin embargo, ésta comunicó que no hay consenso entre los miembros de la Comisión Administrativa del Poder Judicial, integrado por el presidente y vicepresidente de la Corte, y los presidentes de las cuatro Salas (Constitucional, Contencioso Administrativo, Civil y Penal).
La Comisión se reunirá nuevamente a finales de la próxima semana para discutir qué solución buscarán al problema; aunque, según Solís, el consenso gira en torno a pedir más presupuesto al Gobierno y a la Asamblea Nacional.
Por otra parte, el magistrado Solís dijo que ya está para firma la resolución a favor de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto del 2004 en lo referente al recurso que introdujo el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en reclamo del seis por ciento para las universidades.
Según Solís, la resolución está firmada por seis magistrados y sólo faltan tres firmas para declarar la inconstitucionalidad, pues sólo la mayoría de la Corte Plena tiene dicha potestad.
