- En tres meses, el nuevo Presidente de Guatemala abrió un nuevo frente contra la corrupción en el istmo, anunció
la reducción del Ejército y retomó una ambiciosa agenda social
Alberto L. Alemán
Oscar Berger era el candidato ideal de la tradicional élite guatemalteca. Rico empresario, católico, de buena familia, con experiencia en la política como alcalde capitalino, y favorito de los analistas financieros de Estados Unidos, el “conejo” Berger —como le llaman sus amigos— presagiaba un cambio de gobierno que garantizaba la continuidad de una política económica pro-libre mercado, el visto bueno de Estados Unidos y todo sin el estigma de la corrupción que acompañó a su antecesor, Alfonso Portillo.
Tenía todas las trazas de un gobernante conservador y moderado que mandaría, según líneas bastante conocidas, sin sobresaltos para los inversionistas extranjeros y para Washington.
Lo que nadie sospecharía era el huracán de iniciativas y propuestas que traía consigo y que rápidamente ha lanzado desde su toma de posesión en enero pasado.
Aunque criticado por algunos sectores de revanchismo, su gobierno se ha empeñado en esclarecer los casos de corrupción —numerosos y complicados— que afloraron en la administración de Alfonso Portillo, del partido Frente Republicano Guatemalteco.
En una serie de reportajes publicados esta semana, el diario local Prensa Libre estima que la deshonestidad de la administración anterior podría significar el mal uso, robo, desvío y pérdidas de fondos de hasta 3 mil 780 millones de quetzales, o unos 480 millones de dólares.
Cálculos de la empresa privada ponen la cifra en 10 mil millones de quetzales, o 1,242 millones de dólares, según el rotativo.
Hombres que antes vivieron en barrios humildes, poseen ahora autos lujosos, mansiones y cuentas exorbitantes en el exterior, tras “servir” seis años en el gobierno de Portillo.
Bajo el empuje de las nuevas autoridades y privado de su inmunidad como diputado al Parlacen, el mismísimo ex presidente Portillo huyó hacia México, ya que se le investiga por supuestos actos ilícitos por la apertura de cuentas millonarias en Panamá con dinero del Estado. Portillo asegura —como lo hace Arnoldo Alemán en Nicaragua— que las acusaciones tienen motivos políticos.
Así, más de una decena de ex funcionarios enfrentan acusaciones, guardan ya prisión o son prófugos de la justicia.
De hecho, Berger ha abierto un nuevo frente contra la corrupción en Centroamérica, después de Nicaragua, no obstante los problemas e inconsecuencias —en ojos de sus críticos— del gobierno de Enrique Bolaños al respecto.
De cara a los desafíos de modernidad y gobernabilidad de Centroamérica, éste es el aporte más importante por su trascendencia regional inmediata de la breve gestión de Berger.
Entre otras de las numerosas iniciativas de Berger, es imposible soslayar tres de radical importancia: la anunciada reducción del Ejército —cuerpo involucrado en golpes de Estado y al cual se le achaca la mayoría de los crímenes de la guerra civil de 36 años—, la intención de relanzar los Acuerdos de Paz de 1996, documento en el que sobresalen los compromisos de mejorar la situación de la mayoría indígena, tradicionalmente excluida y marginada; y tres, una actitud favorable a la integración centroamericana.
De los 27,000 hombres que tiene las Fuerzas Armadas, el Gobierno pretende reducirlas en unos meses a 15,500 a través de un programa de desmovilización y reestructuración que cerrará hasta 60 destacamentos militares y 13 bases. Los recursos a ahorrar irán para salud y educación, promete el Gobierno.
En la campaña, sus críticos le imputaban falta de disciplina, debilidad en la toma de decisiones, improvisación y falta de carácter en momentos críticos. La gestión de Berger apenas comienza y todavía habrá que esperar para ver la efectividad de su política, si superará sus limitaciones personales y sobrellevará el incómodo traje de estadista.
LA CUESTIÓN INDÍGENA
En una movida que pocos imaginarían, Berger incorporó a su gobierno como embajadora de buena voluntad a la Premio Nobel Rigoberta Menchú, símbolo de los indígenas, y además, se ha comprometido a garantizar la inclusión social de los grupos mayas.
Menchú declaró que era una oportunidad de trabajar por su propio pueblo maya en un gobierno que para muchos dirigentes indígenas, representaba ante todo a la tradicional élite blanca que los ha excluido.
Pese a constituir más del 40 por ciento de la población guatemalteca, los indígenas de este país centroamericano siguen sufriendo la exclusión social y la discriminación racial, la falta de acceso a la tierra, a la salud, la educación y la seguridad.
El 70 por ciento de la tierra cultivable en Guatemala, está en manos del 0.15 por ciento de los productores agrícolas y esa concentración ha agudizado los niveles de pobreza, que afecta al 57 por ciento de los más de 11 millones de habitantes, en tanto que casi un 21 por ciento vive en la pobreza extrema.
PRO INTEGRACIÓN
Con el actual Gobierno de Guatemala se han abierto dos puestos fronterizos comunes con los países vecinos, para tránsito de personas y mercancías. El 10 de marzo se abrió el puesto con El Salvador de Pedro de Alvarado-La Tachadura, y hace dos días Berger abrió con su homólogo hondureño Ricardo Maduro, el paso común de Aguas Calientes. Ambas acciones son vistas como avances en la integración aduanera centroamericana.
