- Alegan que Reglamento difiere de Ley de Participación Ciudadana
María José Uriarte R.
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Recurren de amparo contra reglamentación de Ley
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Alegan que Reglamento difiere de Ley de Participación Ciudadana |
María José Uriarte R.
La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local introdujo un recurso de amparo contra la Reglamentación de la Ley de Participación Ciudadana emitida mediante decreto Ejecutivo, ya que consideran que lesiona los derechos ciudadanos y la autonomía municipal.
Los representantes de la Red para la Democracia estiman que la Reglamentación difiere del espíritu de la misma Ley de Participación Ciudadana, aprobada por consenso, porque desde la misma, el Ejecutivo pretende establecer un control que esté por encima de las instancias ya establecidas, como los gobiernos municipales.
La Reglamentación, cuyo decreto fue publicado en La Gaceta el pasado 16 de febrero contiene 30 artículos, de los cuales, la organización civil, identificó 7 como lesivos, de parte del Gobierno central por su sesgo al restringir el ámbito de acción a los espacios creados por éste.
Luis Raudez interpreta el contenido del Reglamento como una intención de centralizar, es decir, organizar de alguna forma instancias paralelas a las establecidas en los gobiernos municipales, lo que viene a contravenir el modelo de gobiernos locales con capacidad de decisión.
“El discurso es contrario a la práctica, se habla de un nuevo Estado, se habla que el impulso de un Plan Nacional de Desarrollo cuente con un nuevo modelo institucional, pero al elaborar este Reglamento, estás institucionalizando una forma que a la vez estás cuestionando”, puntualizó Raudez.
A su juicio, se pretende ejercer control en detrimento del desarrollo local, dejando por fuera los espacios de participación ciudadana y en gran medida a los gobiernos municipales.
Uno de los artículos, impugnados se refiere al Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el que a su vez, es conformado mediante decreto Ejecutivo, que tendrá la potestad de solicitar un informe semestral a los Comités de Desarrollo Municipal sobre determinadas actividades.
Esperan que la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie en los próximos 60 días que es el plazo establecido para resolver, en la que no primen elementos políticos.
