José Antonio Poveda [email protected]
La verdadera dimensión cultural del desarrollo no debe olvidar la persona, porque toda mejora de la condición humana no puede traducirse en un simple aumento de recursos, sino que exige una progresión constante de la calidad de la vida, entendida no únicamente como un tener más, sino como un ser más. Más que al menos bienestar —y pese a su importancia en la mejoría de los niveles de vida de indigentes y desposeídos— el hombre aspira a nuevos valores. Esta búsqueda de valores es una empresa fundamentalmente cultural mediante la cual se ponen de manifiesto la dignidad e igualdad esenciales del individuo considerado como ser humano, comunicando, creando y creándose, dando a la vida un sentido que no sea únicamente un recorrido de obstáculos para sobrevivir entre el nacimiento y la muerte. El hombre es, pues, el medio y el fin del desarrollo, la medida de todas las cosas. Algo que no debe olvidarse, ya que como escribió el poeta Salvador Espiritú: “Pues tú eres hombre, vieja medida de todas las cosas y buscarás en vano una más alta dignidad en el mundo que miran y comprenden los ojos”.
En casi todas las regiones del planeta, especialmente en América Latina, la vida pública ha emprendido la transición hacia formas políticas y económicas que restituyen la responsabilidad, la iniciativa y las decisiones al conjunto de los actores sociales. Los órdenes autorizados o centralizadores que hicieron al Estado el actor hegemónico del desarrollo, único habilitado para fijar las opciones políticas, sociales y económicas admisibles, han cedido a una nueva legitimidad que emana de la voluntad popular.
Intelectuales, políticos y simples ciudadanos perciben las formas que asumen la democracia moderna, y más allá de los principios de soberanía popular, la necesidad de generalizar las prácticas políticas plurales, solidarias y participativas, donde los derechos humanos y las libertades cívicas son los fundamentos éticos del consenso colectivo; y donde son perceptibles formas más abiertas de iniciativas privadas tanto en la vida económica como en el plano personal.
Esta sociedad civil más compleja y diferenciada interpela desde el porvenir, no para instaurar un nuevo orden, sino para contribuir a una nueva legitimidad basada en la libertad, la participación y la equidad. Un nuevo orden en escala regional o mundial no es otra cosa que el respecto a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración de los Derechos Humanos. En escala nacional es la democracia, porque sea cual sea su dimensión —nacional, regional o mundial— la nueva sociedad más libre, solidaria y justa no puede ser el resultado del proyecto de unos pocos, minoría esclarecida que se pretende detentadora de soluciones globales, sino de un trabajo colectivo y abierto a todos, con generosos mecanismos de participación colectiva.
La expresión más importante de la ciudadanía y, por tanto, de la democracia genuina, es la plena participación en los asuntos públicos. Esta participación que hoy, de hecho, está vedada a buena parte de los ciudadanos, incluso en países democráticos, necesita que se redefinan los conceptos básicos de la vida en comunidad. El voluntarismo providencialista de las décadas pasadas o el fatalismo frente a las dificultades percibidas como algo inevitable, da paso a una acción concertada de la que se ha desterrado toda concepción totalizadora y exclusivista de la sociedad. Ello supone que los enfrentamientos y marginaciones del pasado ceden a la conciencia de una mayor solidaridad entre grupos diversos de la sociedad, donde los grandes sistemas ideológicos ya no sirven para explicar los tiempos actuales. Si los paradigmas académicos parecen agotados, las preguntas frescas e innovadoras tienen que salir de lo real. Nada mejor, pues, que propiciar nuevas modalidades que permitan su libre y espontánea expresión.
En efecto, para que una nueva sociedad participativa sea posible y una nueva ética solidaria rija sus comportamientos, hay que repensar muchas modalidades de acción, estructuras y ámbitos de competencia existentes, y ser capaces de emprender, sin tardar, la transformación de los estilos de gestión interna y las reformas constitucionales urgentes que el país necesita.
A la complejidad de las cuestiones y al número creciente de componentes imprevisibles, se han unido en estos últimos años el grado de aceleración de los acontecimientos, no sólo políticos, sino también sociales (por ejemplo el crecimiento demográfico y el éxodo rural) y ecológicos, como el deterioro del ambiente. La consecuencia es que las decisiones sobre los temas comunes al planeta no pueden posponerse y que la ética del tiempo cobra un redoblado protagonismo no sólo en los ámbitos del ejercicio del poder, sino en la conciencia de cada ciudadano.
Se ha cobrado asimismo conciencia de la necesidad de modificar los estilos de gestión interna dando mayor responsabilidad a sus actores sociales. La ruptura del aislamiento y discriminación que caracteriza a muchos grupos es una necesidad, especialmente en sectores como el de la educación, salud, empleo, vivienda y servicios públicos.
El autor es vicedecano. Facultad de Derecho. UNAN-León.
Catedrático de Derecho Internacional.
