José Esteban González R.
Nuestra moral pública se ha deteriorado hasta el punto que se considera normal y legítimo promover abiertamente la amnistía de delincuentes. El tema se debate en la Asamblea Nacional aunque el solo hecho de plantearlo es delito al cuestionar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Pocos hechos delictivos se presentan en estado puro. Con frecuencia, los crímenes y delitos van acompañados de circunstancias agravantes o atenuantes. Por ejemplo, la gravedad de una violación es mayor si la víctima tiene una relación de parentesco o de dependencia con el violador o si es menor de edad.
Otro agravante es el grado de autoridad o de responsabilidad del delincuente. Un desfalco cometido por un cajero de ventanilla es mucho menos grave que si lo cometiera el presidente de la junta directiva o el auditor del banco.
Puede igualmente haber circunstancias atenuantes. No es lo mismo robar para enriquecerse que para alimentar a sus hijos hambrientos. La necesidad puede, incluso, eximir totalmente de culpa.
La elevación del cargo no es atenuante ni da derecho a trato especial. Todo lo contrario, acentúa la gravedad del delito y exige mayor rigurosidad en la aplicación de la sentencia.
El hecho que un Presidente de la República se haya dedicado a saquear las arcas del Estado es más grave que si lo hiciera un simple ciudadano porque el Presidente tiene el deber constitucional de velar por la protección y acrecentamiento del tesoro nacional.
Es ciertamente una obra de misericordia visitar a los prisioneros, pero, esgrimir motivos religiosos o de supuesta compasión para justificar la atenuación del castigo de un delincuente es una perversión de la religión. Deben los pastores ejercer su ministerio con la libertad del evangelio pero cuidando que sus declaraciones o su comportamiento puedan confundir a la conciencia pública o propiciar la impunidad.
Utilizar cargos y funciones en poderes del Estado para promover la excarcelación de alguien culpable de haber causado daño a la nación es algo aberrante: constituye una apología del delito, una invitación a imitar al delincuente y una promoción de la impunidad. Debe ser sancionado.
Para no dejarse manipular, cada nicaragüense debería centrar su atención en el meollo del asunto planteándose estas simples preguntas: ¿Los delitos que se le imputan al ex presidente Alemán son hechos reales o un montaje con fines políticos? ¿Las cantidades en juego son pequeñas o de mayor cuantía? ¿El perjuicio a la nación es importante o insignificante? ¿La impunidad tiene o no consecuencias graves para el futuro de Nicaragua?
Si el ex presidente Alemán fuese inocente, debería el pueblo levantarse como un solo hombre ante semejante atropello en contra de una persona honrada y debería exigirse a las autoridades compensación por el daño causado a la reputación del ex Presidente y de su muy honorable familia. Pero si es culpable, debe castigarse sin odio ni saña, pero sin consideraciones injustificadas.
Si su estado de salud se volviera preocupante, además del dictamen del forense, se debería solicitar la opinión de médicos de reconocida competencia y honorabilidad. Esto es del interés del propio reo.
Ya que parte de los delitos se cometieron o tienen ramificaciones en otros países, particularmente en Estados Unidos, se debe urgir la colaboración de las autoridades federales y estadales norteamericanas para desenredar rápidamente la madeja. Nadie debe llamarse a engaño: las autoridades norteamericanas conocen toda la verdad y detectaron los actos de corrupción desde que comenzaron a producirse, cuando quizás sólo eran “raterías”. Conocen, igualmente, y tienen pruebas irrefutables del saqueo de Nicaragua en la década de los ochenta.
Algunos piensan que el gobierno norteamericano no libera toda la información de la que dispone porque desea mantener hasta el último momento abierta la opción de una amnistía para el doctor Alemán que le permita a éste recuperar el pleno control del PLC, postularse como candidato en las elecciones del 2006 o dirigir la campaña para llevar al poder a un pariente cercano. Si así fuere, estaríamos nuevamente en presencia de la vieja política norteamericana de “he’s a s.o.b., but he is our s.o.b”. Y ya sabemos en qué terminan esos cálculos de gente inepta, inmoral e imprudente.
El autor es presidente del Partido Socialcristiano (PSC).
