Hugo J. Vélez Astacio
El pueblo históricamente reacciona siempre muy tardíamente ante los problemas fundamentales que normalmente aquejan a la nación.
Lo mismo está ocurriendo en el caso actual de las burdas, descaradas, arbitrarias e ilegales actuaciones partidaristas de la gran mayoría de los funcionarios del sistema judicial, en todos los estratos o niveles, en los juzgados por medio de los jueces, en los tribunales de Apelaciones por parte de los magistrados, e inclusive en la Corte Suprema de Justicia por medio de sus magistrados.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia destacan con actuaciones aberrantes y a todas luces al margen de ley expresa, como es dictar autos con firmas particulares a título de tribunal, o darle lugar a recursos de amparo contra resoluciones judiciales o el proceso de formación de la ley, muy a pesar de estar claramente consignada su prohibición.
Pero el pueblo, o sea la sociedad civil en general se manifiesta aborreciendo, repudiando y rechazando el actual sistema de justicia y a sus actores, por estar éste deteriorado y regido a los intereses establecidos por los caudillos del nefasto pacto que Ortega y Alemán efectuaron en el año de 1999, conculcando, transgrediendo y vulnerando los valores morales, de justicia y ecuanimidad que son los que deben prevalecer en todos los representantes de impartir justicia y por los cuales debe guiarse la organización y proceso para la selección de los mismos.
Nicaragua necesita vivir en democracia con justicia social, pero, desgraciadamente, las consecuencias del pacto prevalecen en el actual sistema judicial. Esto hace urgente que se dicten nuevas normas y procedimientos de elección a fin de despartidizar el sistema judicial, dejando por fuera toda influencia o padrinazgo que conlleve compromiso de pagar con juicios parciales o resoluciones arbitrarias e ilegales, para nombrar juez o magistrado.
El sistema judicial prevaleciente es hijo del nefasto pacto entre Ortega y Alemán, que por naturaleza provoca corrupción, asunto que es necesario combatir y hacer desaparecer. Comparto lo aseverado por el doctor Emilio Álvarez Montalván, en el sentido de que el problema de los pactos es que impiden la democratización de las instituciones y robustecen el caudillismo y por ende la corrupción.
Los caudillos acaparan los poderes públicos y los subordinan a sus intereses particulares. En los jueces y magistrados debe prevalecer una superior energía de alma que permita enfrentarse a los conflictos propios y dictar justicia entre los juegos y enfrentamientos políticos de los demás poderes públicos.
Cabe recordar una anécdota del conspicuo y distinguido coronel Bartolomé Ibarra, quien siendo jefe de Policía de la ciudad de León, en 1926, ordenó echar preso a un general que tenía mucha influencia y amigos en el Gobierno, entre los que se contaba el jefe político de la ciudad, Anastasio Somoza García, quien lo llamó de inmediato y le preguntó: “¿Por qué manda a la cárcel al general?” “Por asuntos de policía”, le respondió Ibarra. Y hasta después de hacerle reparar la falta que el tal general pretendía hacer contra un ciudadano común, lo dejó libre.
Eso provocó que Somoza García le dijera: “Le felicito por su ecuanimidad”. “Si usted me felicita —le contestó el coronel Ibarra—, por ecuanimidad, imíteme. A ustedes no les paga el Partido Liberal, ni a mí el Partido Conservador, nos paga la nación, pues sea usted también ecuánime.
El autor es administrador de empresas.
