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Tocando fondo
Observadores extranjeros de los asuntos de Nicaragua advierten que en este país, cuando pareciera que la política —incluyendo a la justicia institucional, que aquí es parte de la política— ya ha tocado fondo, ocurre algo que abre de nuevo el piso y el barco se sigue hundiendo.
Tal es, por ejemplo, el caso de los últimos acontecimientos políticos, legislativos y judiciales ocurridos en derredor del traslado de Arnoldo Alemán a la cárcel La Modelo, de la crisis libero-sandinista en la Asamblea Nacional y en la Corte Suprema de Justicia, así como la rebelión de los jueces contra la Ley de Carrera Judicial; y sobre todo el bochornoso espectáculo que jueces y diputados protagonizaron ayer en la Asamblea Nacional, lo que vino a demostrar que, en realidad, cuando se creía que la crisis había llegado a su límite, lo peor estaba todavía por venir.
De manera que el señalamiento de los observadores extranjeros es correcto, lamentablemente, y lo peor es que no se ve ningún indicio de que por lo menos en el corto plazo se podría encontrar a esta deplorable situación una salida apropiada basada en la ley, que resolviera la crisis y al mismo tiempo redundara en el fortalecimiento del proceso democrático.
En la democracia las contradicciones y conflictos son inevitables. Pero si Nicaragua fuese un país normal y la clase política tuviera responsabilidad, la salida a la crisis se encontraría necesariamente en el acuerdo de los políticos, de manera institucional y conforme al mandato de la ley.
Por ejemplo, se tiene que reconocer que la aprobación de la Ley de Carrera Judicial es indispensable para el interés del país. El funcionamiento de la justicia es el termómetro que mide la salud de la democracia y es también la garantía del desarrollo económico de la nación, pues los inversores y los empresarios actúan o se desalientan y ahuyentan según haya o no seguridad del sistema jurídico y garantía de los contratos. En consecuencia esta ley se debería aprobar sin sobresaltos, y si una vez aprobada tuviera roces con la Constitución, los interesados tienen el derecho y la posibilidad de recurrir por inconstitucionalidad de la ley y correspondería a la Corte Suprema de Justicia resolver lo que corresponda, o sea limpiarla de inconstitucionalidades si es que las tuviera, o anularla si ése fuera el caso.
Pero si las instituciones —o mejor dicho, las personas que las ocupan y las dirigen— son la causa del problema, es muy difícil por no decir imposible que sean ellas mismas las que puedan resolver la crisis.
Al respecto han surgido voces que sugieren como solución de la crisis de institucionalidad en los poderes Judicial y Legislativo que los caudillos Arnoldo Alemán y Daniel Ortega se reúnan y hagan un acuerdo con el Presidente de la República y los presidentes de los otros poderes del Estado. Otras personas plantean que las directivas de los partidos PLC y FSLN deben “entablar negociaciones profundas con el Gobierno”, es decir, con el presidente Enrique Bolaños, para estabilizar el país.
Pero fue precisamente de ese tipo de acuerdos de caudillos y dirigentes políticos para la repartición de las instituciones y del tesoro público, lo que provocó la crisis actual. De manera que no parece factible que esas mismas personas puedan apagar el fuego que provocaron con sus pactos anteriores.
En realidad, lo que indica esta penosa realidad es que en Nicaragua todavía está vigente la doctrina de Hobbes, planteada en el Leviatán, de que los hombres —en este caso los políticos— son seres anti-sociales y primitivos, dominados por el deseo y el temor, que viven en un permanente conflicto de todos contra todos y actúan como lobos para el hombre.
Pero aún en el Leviatán, de Hobbes, esas criaturas primitivas terminan por ponerse de acuerdo, al verse obligadas a renunciar a parte de sus deseos, intereses y pasiones para llegar a un acuerdo de no aniquilación recíproca.
Eso es lo que tendrán que hacer los políticos, jueces, diputados y magistrados de Nicaragua. Pero la sociedad y los ciudadanos civilizados y democráticos tienen que forzarlos a que lo hagan. El país no puede vivir indefinidamente en esta situación de crisis, de uno u otro modo habrá que resolverla.
