Xiomara Chamorro
Cuando el pasado primero de agosto de 2003 el presidente Enrique Bolaños se sentó junto al diputado sandinista Edwin Castro en la tarima del mayordomo de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Managua, el FSLN y el Gobierno vivían uno de sus mejores momentos de entendimiento político, después de toda una jornada en la que el encarcelamiento de Arnoldo Alemán en diciembre de 2002 se constituía en el aspecto más sobresaliente.
No obstante, el auto de prisión dictado por la juez Juana Méndez en esa oportunidad, era sólo el inicio de una vertiginosa carrera entre El Chile y El Chipote y como medida de “máxima” presión, la amenaza de La Modelo.
Sacar a Alemán de su arresto y llevarlo a una celda, o sacarlo de una celda y llevarlo a su arresto domiciliar, ha sido la danza de la negociación entre las fuerzas políticas más importantes del país en los últimos 15 meses.
Tras el encarcelamiento de Alemán en El Chile, el PLC intentó en enero de 2003 negociar con Bolaños el apoyo a la agenda gubernamental en la Asamblea Nacional, a cambio de los votos de la Azul y Blanco para aprobar una amnistía que libere a Alemán de los cargos que enfrenta por fraude al Estado.
UN MAL NECESARIO
El bloqueo liberal a Bolaños, quien se negó a aceptar el trato, llevó al Gobierno a un reacomodo político con el Frente Sandinista que si bien era entendido por el Gobierno de Estados Unidos como una necesidad de Bolaños, nunca fue aceptado, por lo que se decidieron a entrar en acción abiertamente para lograr una unidad de los liberales, sin que éstos la condicionaran a la libertad de Alemán.
Con ese objetivo, el 7 de agosto de 2003, dos influyentes congresistas de Estados Unidos, Cass Ballenger y Jerry Séller, llegaron al país para reunirse con la bancada Azul y Blanco y la del PLC a quienes les urgieron la unidad, pero al mismo tiempo les hicieron saber a los liberales que no aceptaban un retroceso en la lucha contra la corrupción y que la libertad de Alemán no podía ser una condición.
PRIMER TRASLADO
El 11 de agosto, Alemán es trasladado la primera vez de El Chile a una celda de la DIC como una forma de presión sandinista para evitar un amarre del PLC con el gobierno de Bolaños y para darse una carta de negociación ante un eventual acuerdo auspiciado por Estados Unidos.
Tres días después de la orden de la juez Méndez, el 14 de ese mismo mes, un fiscal de Estados Unidos abría proceso judicial contra Alemán por lavado de dinero en una Corte de Florida y un juez federal le daba un plazo fatal de 30 días para que sus abogados decidieran si podían o no llevar su defensa.
En esas condiciones de presión para el PLC, el Gobierno continuó un precario acuerdo con el FSLN en el que los sandinistas impulsaron la posposición de las elecciones municipales y otro “paquete” de propuestas durante todo el mes de septiembre y octubre de 2003.
POWELL Y FISK
Sin embargo, según los sandinistas, con la llegada de Colin Powell el 3 de noviembre a Nicaragua, se acuerda la estrategia de apartar al FSLN y de impulsar la unidad liberal, lo que echó por tierra a mediados de noviembre un acuerdo en el que los sandinistas desistían de posponer las elecciones y apoyar las leyes de la HIPC, a cambio de que el Gobierno no apoyara un dictamen de minoría de los liberales sobre la Ley de Carrera Judicial, entre otros compromisos.
La ruptura entre Bolaños y el FSLN fue celebrada a mediados de noviembre por el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk:
“Yo me voy de aquí convencido que hay muchos en el PLC que quieren hacer exactamente esto (unidad) y que esto no tiene que ver con personalidades (personajes). Es sobre lo que es en el mejor interés de Nicaragua. Y es ahí donde necesitan continuar enfocando su atención. Porque para reiterar el mensaje del secretario (Colin) Powell y otros en el Gobierno de Estados Unidos: así como Daniel Ortega es inaceptable para Estados Unidos, un futuro político de Arnoldo Alemán en Nicaragua es inaceptable. Pero las fuerzas democráticas necesitan entender que estamos hablando de construir instituciones, no estamos hablando de tener un contra-caudillo (countercaudillo) opuesto a Daniel. Esto es sobre tener un partido político democrático, efectivo, que pueda promover el interés nacional”, dijo Fisk en esa ocasión.
Esto ocasionó una crisis enorme, sobre todo cuando el gobierno de Bolaños decidió respaldar el dictamen de minoría propuesto por los liberales con relación a la Ley de Carrera Judicial que le arrebata al FSLN su control sobre un importante sector del Poder Judicial a cambio de que los liberales respaldaran su proyecto de Presupuesto y las leyes necesarias para el ingreso a la HIPC.
SEGUNDO TRASLADO
El FSLN reaccionó ante la decisión de Bolaños de adherirse a la idea de promover una unidad liberal y decidió a finales de noviembre, negociar el traslado de Alemán, de la DIC hacia El Chile.
El acuerdo básico, discutido entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en El Chipote poco antes de que la juez Méndez ordenara su traslado a El Chile, consistía, en una primera fase, en que los sandinistas propiciarían el arresto domiciliar a cambio de que el PLC retirara sus firmas del Presupuesto enviado por el Ejecutivo y se repartieran los puestos en la directiva parlamentaria que debía quedar instalada en enero de 2004, entre “otros temas”.
La negociación por los puestos de la directiva parlamentaria que normalmente se realiza en el mes de diciembre, se rompió abruptamente el cuatro de diciembre de 2003, cuando el PLC, ya con Alemán en El Chile, decidió continuar negociando con el gobierno de Bolaños bajo el acuerdo macro concertado con Estados Unidos.
Según los sandinistas, los liberales pedían la liberación definitiva de Alemán a cambio de un amarre con ellos, a lo que se negaron. Pero sin descartar como posible esa negociación, Estados Unidos decidió entrar nuevamente en acción para impedir que los sandinistas tomaran control de la directiva y se rompiera el objetivo central de toda esta estrategia: sacar del juego a los sandinistas, unir a los liberales y dejar preso a Alemán.
CONDENA A 20 AÑOS
Ante esta situación, el 7 de diciembre la juez Méndez sentencia a 20 años de cárcel a Alemán, mientras durante ese mes los contactos entre Bolaños y Ortega se hacen frecuentes buscando negociar la conformación de la junta directiva y otros temas, como el caso de Agroinsa contra el Iniser.
No obstante, en enero de este año, el Gobierno logra un acuerdo con el PLC y bajo los auspicios de la Embajada de Estados Unidos en Managua se conforma una directiva parlamentaria con mayoría liberal.
“Claro que nosotros estamos permanentemente interesados en el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua y por eso estamos siguiendo este proceso, pero siguiéndolo, no guiándolo ni liderándolo”, dijo en esa oportunidad la embajadora Barbara Moore para explicar la participación de la Embajada en la elección.
Sin embargo, ese control concedido al PLC tiene como compromiso, además de apoyar la agenda de Bolaños, no ejecutar acciones tendientes a poner en libertad a Alemán, lo que inmediatamente después de ser electos incumplen con la presentación de una propuesta de amnistía.
AMNISTÍA VS. DESTITUCIÓN
Inmediatamente el Frente Sandinista y el Gobierno coinciden, con diferentes objetivos, en amenazar al PLC con destituirlo de sus cargos en la directiva parlamentaria si insiste en la amnistía. Para tal fin, las bancadas sandinistas y la Azul y Blanco unen sus votos y logran que el PLC retire su proyecto.
Pero si para el Gobierno el tema quedó resuelto desistiendo de la amenaza de la destitución con un compromiso firmado por los liberales de no presentar un proyecto de amnistía para Alemán, para los sandinistas el asunto apenas comenzaba en función de retomar el control parlamentario.
El forcejeo se mantuvo por algunos días, ya que algunos diputados de la Azul y Blanco no respaldaban el acuerdo entre el Gobierno y el PLC, que consiste en mantener los ejes de la estrategia base: unidad liberal, sandinistas fuera y Alemán preso, pero que en esta ocasión se traduce en apoyo del PLC a la propuesta de Ley de Carrera Judicial enviada por el Ejecutivo, la del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) y el Cafta, a cambio de desistir de la destitución.
Finalmente la Azul y Blanco decide respaldar el acuerdo y ante esa derrota el Frente Sandinista contraataca: el pasado viernes 12 de marzo decide que la Sala Uno Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua firme el traslado de Alemán de El Chile, esta vez aplicando la “máxima” amenaza, a La Modelo.
“LA MODELO”, AMENAZA MÁXIMA
Sin embargo, según fuentes legislativas, la orden no se notifica sino hasta el pasado lunes 15 de marzo, supuestamente porque durante todo ese tiempo los sandinistas están empujando una negociación con los liberales.
“Entre otras cosas, los sandinistas querían los votos de los liberales sobre varios fallos que actualmente se negocian como el de Agroinsa y del Iniser”, aseguró la fuente.
El fracaso de las conversaciones con el PLC hace efectiva la orden del Tribunal hasta el 15 de marzo, pero el Gobierno, asegura la fuente, no podía permitir que Ortega se llevara a Alemán a La Modelo porque en esas condiciones de presión es más fácil para el Frente Sandinista obtener una negociación conforme a sus intereses.
De esa manera, señala la fuente, cuando la Sala Uno de los Civil del Tribunal de Apelaciones dicta otra orden amparando a Alemán para evitar el traslado, se le ofrece al Ministro de Gobernación, Julio Vega, una cobertura legal para argumentar que la contradicción del Poder Judicial le amarra las manos porque no queda claro cuál orden se debe acatar y que debe ser la Corte la que emita el fallo definitivo, donde justamente ayer se abrió un nuevo capítulo de la negociación en la que ya lo que se plantea es la liberación de Alemán.
