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¿La gente primero?
—Douglas Carcache—
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La insistencia de un grupo de
alcaldes nicaragüenses, pidiendo que les condonen una deuda de 223 millones de córdobas que tienen con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), denota el poco interés de las autoridades edilicias, políticos al fin, por las necesidades de la gente común y corriente.
El dinero que los administradores municipales dedujeron a los empleados de las alcaldías, por cotización al Seguro, fue utilizado con otros fines y durante años se acumuló la deuda hasta convertirse en una millonada.
Los principales afectados fueron, por supuesto, los trabajadores de las alcaldías, quienes dejaron de recibir beneficios que ya habían pagado; además de otros cientos o miles de asegurados que han sido mal atendidos en el INSS debido a limitaciones presupuestarias.
Por eso me pareció acertada la respuesta de la presidenta del INSS, Edda Callejas, cuando dijo a los alcaldes que no podía condonarles esa deuda “por respeto a los trabajadores municipales” y “porque nosotros no somos un organismo internacional, no somos donantes”.
El dinero que maneja el INSS procede de las cuotas que mes a mes pagan los empleados y los empleadores; y la calidad del servicio que reciben los beneficiarios depende mucho de la buena administración de esos recursos.
Así que en vez de perdonar la deuda, la dirección del INSS tiene que apurarse a recuperar el dinero desviado por los alcaldes y hacer que se pongan al día las administraciones municipales, igual que los deudores privados o de otras instituciones del Estado.
La pérdida para los asegurados ha sido grande. Sólo la deuda de las alcaldías equivale a unos 14 millones de dólares, dinero con que el INSS podría financiar más de cuatro mil 600 cirugías, con un costo promedio de tres mil dólares.
A los alcaldes que mal usaron el dinero de las cotizaciones al INSS, les importó poco la suerte de los asegurados, enfermos o no; y es probable que hasta hayan gastado esa plata en propaganda política o festejos, demostrando con sus actos que esa gente era menos importante para ellos.
Ese menosprecio para las personas que requieren servicios del Estado, también se hizo evidente la semana pasada en el hospital de Ocotal, donde los empleados hicieron una huelga empeñados en parar el despido de dos médicos y algunas enfermeras, señalados de haber atendido con negligencia a un niño, al que después le cortaron el brazo por esa causa.
Me da la impresión que para los huelguistas ha sido poco importante que el niño haya perdido el brazo, porque se han interesado más en retener en su puesto a los que cometieron la falta profesional, a riesgo de que continúen los daños contra personas indefensas, por falta de sanciones.
Uno supone que para los servidores públicos lo primero es la gente que atienden, aunque los alcaldes se esmeraron en apoyarse para pedir el perdón de la deuda, no para buscar un arreglo de pago y favorecer a los asegurados.
