Antonio Lacayo
Debo referirme al proyecto de decreto de Amnistía que diputados del PLC han introducido en la Asamblea Nacional con el propósito de otorgar “amplia e incondicional amnistía a favor de los funcionarios y empleados públicos actuales y ex funcionarios y ex empleados de la administración del Estado, por la comisión durante sus funciones de cualquiera de los delitos tipificados” como malversación, fraude y peculado.
La iniciativa de ley propone que esto se haga retroactivo a marzo de 1990 con el objeto de cubrir a todos los funcionarios “del gobierno de doña Violeta, del doctor Alemán y del presidente Bolaños”, dijo sin ninguna vergüenza uno de los promotores de la idea.
En cuanto a los funcionarios del Gobierno de doña Violeta Chamorro estoy seguro que todos coincidimos en decir que por favor no nos incluyan en dicha amnistía. Nosotros, con doña Violeta a la cabeza como Presidenta, nunca vimos el Gobierno como fuente de enriquecimiento personal. Muchos dimos más de lo que recibimos, y dejamos pasar legítimas oportunidades personales que hubiésemos tenido fuera del Gobierno en esos años de reconstrucción económica.
Si alguno de nosotros cometió los delitos mencionados en este proyecto de amnistía, que las autoridades competentes nos lleven a los tribunales a dirimir nuestras responsabilidades. Nosotros no pedimos ni buscamos, ni deseamos, una amnistía para nosotros mismos. Antes bien, nos sentiríamos deshonrados si la Asamblea Nacional nos cubriera con esta manta protectora que para nosotros sería más bien un trapo sucio que nos mancharía y nos avergonzaría.
Doña Violeta de Chamorro otorgó el primer día de su Gobierno amplia e incondicional amnistía por todos los delitos políticos y comunes conexos cometidos hasta ese día, pero lo hizo en obediencia al Programa de Gobierno de la UNO que ella se comprometió a cumplir, y para facilitar la paz y la reconciliación nacional después de diez años de la guerra más intensa que ha vivido Nicaragua. Sólo así pudo iniciarse nuestra democracia.
Sin embargo, proponer hoy día una nueva amnistía invocando estos mismos objetivos es abrirle mayores cauces a la corrupción y burlarse de todos los que saben que llevamos catorce años de vivir en paz y de convivir en armonía, aunque a veces salpicados de violencia y crímenes esporádicos, al igual que casi todos los países de América Latina y el mundo. Y es también querer disfrazar delitos de grave corrupción bajo una máscara política con el propósito de justificarlos.
Por otra parte, aducir que es necesario el perdón y el olvido de los delitos de malversación de fondos del Estado, fraude a la nación para enriquecimiento personal, familiar o partidario, y peculado, hurto o robo de caudales públicos, “para asegurar la tranquilidad al país”, sólo nos llevaría a profundizar nuestros males en lugar de corregirlos, por cuanto son esos mismos vicios los que nos han hundido en la pobreza a lo largo de nuestra historia nacional.
Si ahora el partido liberal cree que perdonando y olvidando los delitos por corrupción tan evidentes de la administración del presidente Alemán vamos a progresar como nación, es señal de que nunca han entendido la necesidad de la democracia ni sienten el más mínimo compromiso con los valores sobre los que se asienta el Estado de Derecho.
Además, si la promesa de campaña del candidato liberal de combatir la corrupción va a convertirse en perdón y olvido para los corruptos, el liberalismo estará demostrando que no sabe cumplir con sus promesas electorales y, peor aún, que una vez en el poder hace todo lo contrario de lo que ofrece.
“La paz y la tranquilidad del país y el logro de la reconciliación nacional” que aduce la propuesta de amnistía se logra en una sociedad democrática respetando las leyes que existen, no haciendo apología de la corrupción ni legislando en beneficio propio y partidario.
El autor fue Ministro de la Presidencia.
