Julio Ruiz Quezada
Debo reconocer, de inicio, la legalidad del 6 por ciento del Presupuesto General de la República a favor de las universidades, ya que además de estar consignado en la Ley de Autonomía y su reforma del cinco de junio de 1990 y en la interpretación auténtica del inciso 1 del artículo 55 de la Ley de Autonomía del 12 de septiembre de 1992 y en la Ley de Asignación del Presupuesto para las Universidades del 5 de septiembre de 1996, es un precepto constitucional de obligatorio cumplimiento.
Pero a pesar de su legalidad el 6 por ciento destinado a las universidades adscritas al Consejo Nacional de Universidades, no es justo por los siguientes motivos:
1) Porque voluntaria o involuntariamente, se dejó un vacío que impide calcular el 6 por ciento, lo que convierte la ley en inaplicable. Por ese motivo existe un criterio oficial, distinto al criterio del CNU, lo que da lugar a que año con año se produzcan serias confrontaciones entre grupos estudiantiles y la Policía, lo que causa además de lesiones y hasta muerte en las personas, serios perjuicios al comercio y a la industria y al erosionarse la gobernabilidad del país, se aleja la potencial inversión extranjera, ya que noticias de este tipo trascienden las fronteras a través de la televisión internacional.
2) No es justo que al interpretarse el artículo 55 de la Ley de Autonomía se haya consignado que para calcular el 6 por ciento se tome en cuenta tanto los ingresos ordinarios como los extraordinarios del país, de tal forma que se incluya hasta lo que pagamos por la deuda externa y por lo que recibimos como préstamos o ayudas que vienen destinados para inversiones específicas.
3) El 6 por ciento de las universidades integradas al Consejo Nacional de Universidades (CNU) no es justo, ya que pretenden aproximadamente novecientos millones de córdobas del raquítico presupuesto nacional para financiar la enseñanza superior de sesenta y cinco mil estudiantes, mientras tanto por falta de recursos dejan de recibir la enseñanza básica cerca de ochocientos mil estudiantes.
A mi juicio, en este período de “silencio”, cuando los morteros se han silenciado, cuando la reciente Navidad nos dejó los corazones llenos de paz y cuando llegó el año nuevo con su carga de esperanzas, es el momento de iniciar foros de discusión hasta alcanzar un consenso nacional, no para suprimir el 6 por ciento sino para analizar sus alcances, su forma de entrega y los méritos académicos de los beneficiarios.
Debería resultar penoso para el Consejo Nacional de Universidades y para los estudiantes y docentes universitarios, que la clase obrera agrupada en el Congreso Permanente de los Trabajadores haya pedido a la comunidad universitaria que “vuelvan a la sociedad a la que se deben”. “Ayuden a Nicaragua a enfrentar los retos de la nación”.
Con este criterio hay que comenzar a trabajar ya, para que a finales del próximo año no volvamos a ser testigos de esta vorágine que sólo trae perjuicio a la nación.
El autor es abogado.
