Mario Quintana [email protected]
La pobreza de decenas de miles de nicaragüenses tiene su origen, entre otros, en la injusta distribución de la riqueza, programas de ajuste que imponen organismos financieros, falta de educación e incapacidad de los gobernantes de turno y de los dirigentes de los partidos políticos que en la historia han hecho del Estado un botín y se lo han repartido a través de pactos que a ellos benefician.
Nicaragua y los nicaragüenses no necesitan de pactos ni acuerdos nacionales que beneficien a las cúpulas con repartición de cargos en los poderes del Estado ganando megasalarios, con gastos que ofenden la pobreza y miseria de las mayorías. O haciendo reformas a la Constitución y leyes a la medida de los intereses de los pactistas.
Para un nuevo pacto no se necesita inteligencia, basta copiar de la historia, teniendo presente que no ha resuelto nada al pueblo. Los pactos son producto de la ausencia de nuevas ideas de quienes los firman, para contribuir en las nuevas condiciones a resolver la grave crisis y graves problemas de la gente, que en su mayoría empobrecida y desesperanzada, se va del país.
Quienes encabezan el gobierno en los distintos niveles, los partidos y distintas expresiones de la sociedad civil deben mostrarle a la población caminos nuevos, verdaderos, contribuir a la solución de sus problemas. Para eso sí se requiere inteligencia, compromiso y solidaridad con la gente.
Se necesita un acuerdo nacional que devuelva esperanzas, genere confianza, dé motivos a las mayorías que no ven futuro en nuestro país y por ello migran a otros lugares donde son marginados. Un acuerdo nacional que genere empleos con salarios y condiciones de trabajo dignos, con respeto a las leyes, que posibilite crédito para la producción, caminos de penetración en zonas rurales, apoyo a pequeños y medianos productores y empresarios, transferencia tecnológica, información acerca de mercados, y programas de viviendas para quienes no tienen.
Que garantice acceso a educación al millón de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que están fuera del sistema educativo, una educación útil para la persona, familia, comunidad y el país; acceso y calidad en los servicios de salud; atención a la salud reproductiva, políticas de población, y seguridad social que garantice tranquilidad en los últimos años de vida.
Un acuerdo nacional que genere una política tributaria que revierta la regresividad del sistema que hace recaer la carga sobre los hombros de quienes tienen menos posibilidades; que no permita se continúen privatizando las empresas del Estado que generan recursos al país, ni los servicios públicos que deben ser garantizados a la población como parte de sus derechos humanos.
Que permita mejores oportunidades para Nicaragua en el marco de las relaciones económicas internacionales, de la globalización y el respeto a la soberanía nacional y autodeterminación por parte de los otros países.
Que permita a gremios, movimientos sociales, sindicatos, ONG y sociedad civil en su conjunto, participación real en instancias para la discusión y toma de decisiones en las políticas públicas y en las que requiere Nicaragua para su desarrollo.
Que permita recreación, cultura y deportes, una atención equitativa a mujeres, niñez, adolescentes, jóvenes, personas de tercera edad, pueblos indígenas, grupos étnicos y personas con capacidades distintas.
Pero también un acuerdo nacional para garantizar las necesarias y profundas reformas al Estado (Gobierno, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral) para que sea eficiente, capaz de responder a sus responsabilidades y a las necesidades de la población, y que quienes le integran sean nombrados por sus capacidades y experiencias, y no por sus lealtades y subordinaciones partidarias. Que garantice un Estado laico, que luche frontalmente contra la corrupción para que quienes roban al Estado y los recursos a la población, paguen con la cárcel y con sus bienes por los actos cometidos.
Los ciudadanos y ciudadanas, redes, gremios, ONG, movimientos sociales, sindicatos y otros organismos de sociedad civil tienen también una enorme responsabilidad por la situación del país. Hay que revisar los votos que se entregan en cada elección, buscar las formas para articularse mejor, generar confianzas, dejar de vivir las propias penas o de gozar algunos y algunas en las órbitas partidarias, o en la propia complacencia del proyecto y de beneficios económicos que a ciertos y ciertas les produce, vencer los miedos.
Hay que movilizarse en defensa de los derechos del pueblo, de la democracia y de la soberanía nacional.
El autor es licenciado en Ciencias Sociales y Administración, con Maestría en Planeación y Desarrollo.
