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Consuelo Sandoval [email protected]
La Asamblea Nacional aprobó ayer por unanimidad las leyes de Endeudamiento Público y la Autorización de Crédito Adicional para nuevas Emisiones de Bonos de Pago, legislaciones indispensables para que Nicaragua alcance el punto de culminación de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) y que le permitirán obtener la condonación del ochenta por ciento de la deuda externa.
El secretario jurídico de la Presidencia, Julio Vega, se declaró satisfecho porque “ganó Nicaragua” con la aprobación de ambas legislaciones, argumentando que contribuirán al ordenamiento de las finanzas públicas del país y el establecimiento de los límites necesarios para el endeudamiento.
El diputado Bayardo Arce explicó que todos los actos de endeudamiento que contrate el Gobierno deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional, y destacó que la legislación estipula que la política de endeudamiento tiene que ser parte integrante de la Ley de Presupuesto Anual.
Resaltó que se consignó que las alcaldías podrán emitir títulos valores al mercado bursátil para financiar proyectos, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda y del Banco Central.
El Gobierno dará su aval a las alcaldías y al sector privado mediante mecanismos previamente establecidos, precisa.
“Por un lado estamos cumpliendo con un requisito de condonación de deuda, llenando la expectativa de la comunidad internacional sobre nuestra dinámica futura y a su vez estamos dejando las bases para que el país pueda tener puntos de soporte para su desarrollo económico”, afirmó Arce.
El reglamento de esta legislación será elaborado por el Gobierno y solamente para asuntos puntuales, indicó.
Informó que también se aprobó la emisión de bonos por un monto de 400 millones de dólares, con el propósito de indemnizar los reclamos pendientes de resolver por la Oficina de Cuantificación e Indemnización (OCI).
“Estos bonos se destinarán al pago de las obligaciones contraídas por el Estado con motivo de la aplicación del sistema de compensación para indemnizar el valor establecido conforme los procedimientos del Decreto 51-92, de los bienes patrimoniales indebidamente apropiados o confiscados, y que no fuere posible su devolución”, señala la nueva legislación.
IMPORTANCIA DE LA LEY
“La Ley General de Deuda Pública tiene como objetivo regular el proceso de endeudamiento público, para asegurar que las necesidades financieras del Gobierno y sus obligaciones de pago se satisfagan al menor costo posible, en forma consistente con la adopción de un grado de riesgo prudente, determinado y asegurando la capacidad de pago del país de acuerdo al comportamiento de las variables macroeconómicas relevantes”, detalla la ley.
