Mirna Velásquez Sevilla [email protected]
Una muralla de trabajadores, una sirena sonando y los portones del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) cerrados, fue la escena con que se encontró Tomás Palacios Rodríguez, quien pretendía ingresar a las instalaciones para ejercer su función de interventor.
Palacios fue nombrado interventor de Iniser por la juez Tercero Civil de Distrito, Vida Benavente Prieto, el 22 de julio de este año y fue juramentado para tomar posesión, pero por tercera vez no le fue permitido ingresar.
Cabe recordar que Iniser fue demandado vía judicial por la empresa Agroindustrial Azucarera S.A. (Agroinsa), la que reclama el pago de siete millones de dólares a su favor, por un accidente ocasionado en un turbogenerador propiedad la empresa azucarera, pero que Iniser se niega a saldar, aduciendo que la póliza no cubre ese tipo de desperfectos.
Palacios explicó que su función es intervenir las cuentas o activos de esa institución para garantizar el pago de la deuda, que según Iniser no existe. “Mi función es venir aquí a retener para que paguen esa deuda (…) de cuatro millones, 294 mil dólares”, declaró.
El interventor leyó frente a los encargados de seguridad un escrito firmado por la juez Benavente, en el cual manda al representante legal de Iniser, Manuel Gurdián Ubago, permitir el acceso a las instalaciones, pero las puertas no fueron abiertas y Palacios tuvo que retirarse.
La juez Vida Benavente recordó que son las partes que intervienen en la demanda las que deben hacer las peticiones, en clara alusión a que deberá ser Agroinsa la que haga una solicitud en torno a la negativa de Iniser.
TRABAJADORES SE OPONEN
“Lo que tiene que hacer (el interventor) es ir a las instancias correspondientes. La Superintendencia de Bancos es la única que está facultada. El trabajador no le va a entregar nada a él”, afirmó Mauricio Lira, trabajador de Iniser.
Al referirse a la actuación judicial, Lira dijo que hay una “corrupción tremenda”, que tiene estancado el país.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) recurrió de amparo contra la juez Benavente y contra algunos actos como: una orden a las instituciones del Sistema Financiero Nacional, para que el depositario interventor deba firmar todos los cheques o títulos valores emitidos por Iniser.
Benavente ordenó además que le informen de todos los movimientos financieros realizados por Iniser desde el 22 de julio y si se libraron cheques por los bancos comerciales e instituciones financieras no bancarias, sin la debida firma del depositario interventor nombrado a las cuentas de Iniser.
