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El Caribe merece mejor trato
La virtual rebelión cívica –con algunas acciones de fuerza– que plantearon la semana pasada autoridades y ciudadanos del Atlántico Norte como protesta por el desastre de las carreteras y caminos de esa región, terminó de manera satisfactoria y pacífica, por lo menos temporalmente y aunque sólo con promesas gubernamentales.
En realidad, no parece probable que el Gobierno pueda cumplir el compromiso de asignar 17.8 millones de córdobas (un poco más de un millón de dólares) para la reparación de tan siquiera los puntos más críticos –“pegaderos”– de las vías desastradas de la región del Atlántico Norte. El Poder Ejecutivo no tiene recursos económicos y más bien está limitado a gastar lo menos posible, primero por las condiciones de los organismos financieros internacionales y segundo porque los políticos que dominan la Asamblea Nacional sólo mueven el Presupuesto en la dirección de sus particulares intereses.
Pero algo se tendrá que hacer para atender y resolver las justas demandas de la población caribeña, y no sólo del Norte sino también del Sur. En realidad, es absolutamente incomprensible e intolerable que cien años después de la reincorporación de la Costa Atlántica a la soberanía de Nicaragua, no haya una sola carretera que una a esta región con el resto del país. Con sólo una ínfima parte de las inmensas riquezas del Atlántico que han sido explotadas durante estos cien años, se habría podido construir no sólo una sino hasta diez autopistas entre el Atlántico y el Pacífico.
De manera que tienen razón los representantes de las poblaciones costeñas al asegurar que los gobernantes de Nicaragua –de todas las corrientes políticas que se han turnado en el poder– casi siempre los han visto de menos, y que sus regiones han sido tratadas como tierra de conquista y de enriquecimiento de los políticos “españoles” del Pacífico y de los inversionistas extranjeros.
Para no ir muy lejos, en el actual Gobierno de la República –entendiendo como tal al Poder Ejecutivo– no hay ni una persona originaria del Atlántico o Caribe, que ocupe un alto cargo. Sólo en la Asamblea Nacional es que hay representantes de la Costa, y sería el colmo que no los hubiese ni siquiera en ese órgano del Estado que es representativo por su propia naturaleza. Y en la última escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados menospreciaron las candidaturas de juristas costeños para formar parte de la instancia superior del Poder Judicial.
Pero el colmo es que ni siquiera el asesor del Presidente de la República para asuntos de la Costa Atlántica, es costeño de nacimiento, ni de adopción, a pesar de que en ambas regiones del Atlántico o Caribe hay muchas personas capaces y conocedoras de las necesidades, idiosincrasia y aspiraciones de la población caribeña.
Por otro lado, y volviendo al problema de los intransitables caminos del Atlántico –y al respecto de la falta de una adecuada carretera que una al Caribe con el Pacífico–, algunos políticos han señalado que el actual Gobierno construye una autopista de lujo y fachadista entre Managua y Granada, mientras tiene abandonadas las rutas del Caribe y otras zonas productivas. Pero la verdad es que esa autopista está siendo construida por España, que tiene mucho interés en reforzar sus vínculos materiales y culturales con Granada, lo mismo que con León, además de que esa moderna carretera será de gran beneficio para el transporte en esta zona estratégica del país, y para su desarrollo turístico.
Lo que podría y debería hacer el presidente Bolaños es gestionar ante el Reino Unido recursos extraordinarios para la reparación de los caminos del Atlántico, lo mismo que para la construcción de modernas carreteras que unan a Chontales con Bluefields y a Matagalpa con Puerto Cabezas o Bilwi. En realidad, así como España, por razones históricas y culturales tiene un marcado interés en cooperar para el desarrollo de Granada y León, por lo mismo debe tenerlo Inglaterra en relación con la Costa Atlántica.
Además, en la próxima reorganización del Gabinete el presidente Bolaños debería incluir sin falta a personas costeñas, y, en última instancia, por lo menos su asesor en asuntos de la Costa Atlántica debería ser un ciudadano de cualquiera de esas dos regiones.
