Eduardo Enríquez [email protected]
Hace poco más de una semana asistí a un evento patrocinado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y este Diario, en un hotel capitalino. El tema que se trataba tenía que ver con periodismo y justicia, así que muchos de los magistrados de la Corte Suprema estaban presentes.
En una de las intervenciones un periodista dirigió su pregunta a “los magistrados de la bancada liberal y de la bancada sandinista”. La distinción arrancó varias risitas de burla entre los magistrados. Les pareció graciosa.
Sería gracioso si esa división en bancadas, aceptada tácitamente con esas “risitas”, fuera sólo una ocurrencia del periodista, pero es verdad, es palpable. Y si los magistrados tuvieran un poquito de dignidad no se habrían reído, sino que se habrían enojado, pues ellos, que son muy legalistas cuando les conviene, en este caso les importa poco estar violando el artículo 165 de la Constitución que los manda a ser independientes y sólo obedecer a la Constitución y a la ley.
Ahí están todavía trabados sin poder elegir un presidente, porque están ocho contra ocho los liberales y los sandinistas; por la misma razón no han podido elegir magistrados de Tribunales de Apelaciones. Y uno de los recién electos no tuvo empacho en declarar a los medios de comunicación que a la sandinista juez de Distrito, Juana Méndez, que tiene a su cargo el juicio contra el ex presidente Arnoldo Alemán, debe sustituirla –cuando sea nombrada magistrada de Apelaciones– un juez “de tendencia liberal”.
Por eso es que con ese nivel de partidización en el Poder Judicial no me hace ninguna ilusión la futura aprobación de la Ley de Carrera Judicial que supuestamente está diseñada para depurar ese Poder de “militantes”, pues una vez en vigencia prácticamente confirmaría en sus puestos a una gran cantidad de jueces sandinistas.
A simple vista, el dictamen de minoría de los liberales arnoldistas sobre la ley pareciera encaminado a lograr la despartidización del Poder Judicial al prohibir ser juez a cualquier persona que perteneció a “órganos de represión”, como el Ministerio del Interior sandinista. Pero la verdad es que no es más que un intento de sacar a los sandinistas para llenar de liberales los Juzgados. Porque si en realidad hubieran querido “despartidizar” lo habrían hecho cuando tenían los votos y el poder, durante el gobierno de Alemán, pero no, unos se dedicaron a pactar y otros a robar, así que el asunto de la institucionalidad se pospuso.
Esta ley, que según dicen se hizo con una asesoría extranjera que quién sabe cuánto nos costó a los nicaragüenses, no será más que papel mojado y sólo va a ser una especie de mampara para seguir igual: partidarizado. En un momento en manos de sandinistas, en otro en manos de liberales, pero siempre parcial porque el pecado original está en la Corte y esta ley no la toca.
Mientras no se inicie un cambio de fondo que comience por cambiar la manera de elegir y a quién elegir en la Corte Suprema de Justicia, no vamos a salir de las bancadas de magistrados que tenemos ahora, donde cada uno se procura su feudo y lo usa como mejor le parece. O sea, nada que ver con el artículo 165 de la Constitución.
Ese cambio de fondo no se logra sin una reforma constitucional y una reforma para eso es casi impensable con la actual Asamblea Nacional, sería necesario un milagro. Tal vez en la próxima.
