- SIB sólo controla mora de las emisiones de entidades reguladas
María Antonia López M. [email protected]
Los diputados de la Comisión Especial de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional solicitaron al Superintendente de Bancos por Ley, Alfonso Llanes, que explicara el tipo de controles que ejerce esa entidad sobre las tarjetas de crédito que circulan en el país.
El diputado Noel Pereira Majano, presidente de dicha comisión, explicó el martes que la solicitud fue hecha tras conocer que los emisores de tarjetas de crédito hacen cargos por servicios a los clientes sin consulta alguna, por lo cual cargan cobros reflejados en sus estados de cuenta.
Ante eso, Llanes detalló que la SIB solamente está supervisando las tarjetas emitidas por los bancos, no así las de las empresas que operan directamente con este servicio.
Mientras tanto, aclaró que las tasas de interés están regidas por el mercado y allí la SIB no tiene ninguna incidencia. La tasa promedio anual del mercado ronda el 60 por ciento anual.
Llanes dijo que a la SIB solamente le corresponde conocer el estado de la mora de los usuarios de las tarjetas de crédito de las entidades supervisadas para hacer la inspección correspondiente y si es necesario tomar medidas.
SERVICIOS DEBEN CONSULTARLOS
Sin embargo, se han suscitado quejas de los usuarios sobre el alto costo de una tarjeta de crédito por servicios que son aplicados sin consulta.
Ante eso, Llanes, agregó que efectivamente se aplican servicios por seguros, atención médica y otros, pero que estas empresas deberían consultar a los clientes con antelación para evitar malos entendidos durante la firma del contrato.
Sin embargo, sobre las tasas de interés, explicó que son aplicadas en base a un promedio ponderado que publica el Banco Central de Nicaragua conforme la Ley de Préstamos entre particulares, “pero eso no lo podemos regular, ellos son libres porque hay libre mercado”.
Apeló a la Ley de Defensa del Consumidor para que la población haga los correspondientes reclamos, pero dijo que también se está pensando en una ley que rija específicamente a las tarjetas de crédito a fin de establecer un marco regulatorio.