Roman, Times, serif»>
¿No les da vergüenza?
Cuando gobernaron el país (1979-1990) los sandinistas no permitían ninguna manifestación contra el Gobierno, ni la más mínima alteración del orden público; y reprimían inclusive con crueldad a quienes se atrevían a hacer tan sólo una huelga pacífica, como los trabajadores de la construcción, en 1988, y los profesores de secundaria, en 1989.
Ciertamente, los sandinistas saben muy bien que no puede ser viable una sociedad que vive sometida a la zozobra de la violencia callejera y en la que predomina el irrespeto a la ley.
Entonces, ¿qué es lo que pretenden los sandinistas con las “protestas” violentas de sus estudiantes, con los paros y tranques de diversos grupos que están bajo su influencia, y con los condicionamientos chantajistas a la aprobación de leyes que son indispensables para poder cumplir compromisos ineludibles con la comunidad internacional donante? ¿Es que quieren “apantallar” (impresionar) a los funcionarios de los organismos financieros internacionales y del Grupo Consultivo que últimamente han visitado el país? ¿O será que quieren demostrarle al Secretario de Estado norteamericano –quien llega hoy a Nicaragua– que el sandinismo es ahora tan poderoso como en los años ochenta cuando desafió a Estados Unidos con el incumplimiento de los compromisos de Puntarenas para la organización del gobierno después del somocismo, tratando de exportar la revolución a Centroamérica, expulsando al embajador estadounidense Richard Melton y haciendo muchas otras averías “revolucionarias”?
¿Por qué ese empeño en destruir al país, o mantenerlo en el estancamiento económico y la anomia social, política y moral, siendo que el FSLN tiene posibilidad de regresar al poder y si lo lograra tendría que hacerse cargo de un país en bancarrota? ¿Creerán que la comunidad internacional los apoyará de nuevo, como en 1979 cuando hasta Estados Unidos les desembolsó más de 70 millones de dólares, y en general la ayuda externa fluyó hacia Nicaragua como “un río de leche y miel”?
¿Por qué instigan, organizan, arman y financian a grupos de agitadores y los mandan a secuestrar a la población pacífica, a agredir policías, a interrumpir el tránsito vehicular y de personas y sabotear la actividad industrial y comercial?
Sin duda que el Gobierno debe cumplir el mandato constitucional de asignar el 6 por ciento del Presupuesto del Estado a las universidades mencionadas en la Ley 89. Esto independientemente de que los sectores democráticos –o sea, la mayoría de la población–, estiman que esa obligación es injusta porque fue impuesta por el FSLN después que perdió las elecciones de 1990, y porque perjudica a centenares de miles de niños que no pueden ir a la escuela o que estudian en condiciones indignas, por falta de recursos presupuestarios.
Pero es claro que el Gobierno no está negando la asignación del seis por ciento. Y en todo caso, las protestas son extemporáneas y más bien parecen ser una estrategia para impedir que el país cumpla los compromisos con la comunidad donante internacional que le permitirían obtener la condonación de casi toda la deuda externa.
En un reportaje que publicó LA PRENSA el 18 de octubre recién pasado se demostró que el aporte del Estado a las universidades que operan con financiamiento público ha aumentado significativamente en los últimos años, pues pasó de 183 millones de córdobas en 1995 a 670 millones de córdobas en 2003. Y en el proyecto de Presupuesto para 2004 que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, la asignación a esas universidades sube a 803.8 millones de córdobas, “incluyendo 82.8 millones destinados al pago de los servicios básicos de energía eléctrica, teléfono y agua potable”.
Por otro lado, la Constitución no dice que en el cálculo del seis por ciento se deben incluir los pagos de la deuda pública, que es lo que pretenden los cabecillas de la “protesta” universitaria. Incluir eso sería absurdo e inmoral, pues la deuda pública está integrada en lo fundamental por el valor de lo que se apropiaron algunos con la piñata y las quiebras bancarias fraudulentas. Y no se puede permitir que el pueblo entregue también, al CNU, una coima por pagar esa odiosa deuda.
A quienes dirigen el CNU, que supuestamente son personas educadas, cultas y responsables, al menos debería darles vergüenza participar en eso.
