Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
Los representantes de los trabajadores que negocian con Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) la privatización de varias empresas estatales a su favor, se han negado a aceptar el precio que ha establecido el Estado y por eso el proceso se ha retrasado, dijo el presidente de Cornap, Chéster Noguera.
“No aceptan el precio que estamos pidiendo. Tampoco aceptan las auditorías y avalúos que se han realizado para valorarlas”, expresó el funcionario.
“Dicen que es chatarra lo que les estamos vendiendo. No es chatarra lo que les estamos vendiendo. No tienen argumentos para rechazar el precio, pero insisten en su negativa a no aceptar el precio, pareciera que no quieren pagar”, agregó Noguera.
Los libros contables, así como estudios, auditorías y avalúos que tiene la Cornap de esas empresas, indican que las mismas tienen un valor, en libros, de 23.8 millones de dólares.
Sin embargo, el Estado sólo obtendrá un poco más de 5.6 millones de dólares del valor total, porque las empresas tienen deudas acumuladas con la Dirección General de Ingresos (DGI), Dirección de Servicios Aduaneros (DGA), Banco Central de Nicaragua (BCN), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Empresa Nicaragüense de Importaciones (Eninport), hasta por 18.2 millones de dólares, según reflejan los informes financieros de Cornap.
Pero los 5.6 millones de dólares que pagarían los beneficiarios de la privatización serían abonados con bonos estatales con un valor facial del 50 por ciento. Los bonos del Estado se pueden adquirir a 0.30 centavos de dólar.
La Ley 424 o ley de establecimiento de los plazos para la modalidad de pagos de las empresas vendidas a los trabajadores, aprobada el tres de abril de 2002 y publicada en La Gaceta No. 87 del 13 de mayo de 2002, establece que el valor de la empresa “podrá ser pagado hasta en un cien por ciento con bonos de indemnización tomados a un cincuenta por ciento de su valor facial durante los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley”.
El presidente Enrique Bolaños denunció el pasado viernes que los diputados sandinistas le están exigiendo la inmediata privatización de al menos seis empresas a favor de los trabajadores a cambio de votar por leyes para que se condone la deuda externa del país.
Las empresas que los sandinistas demandan que se privaticen a favor de los trabajadores son: Cartonera Nicaragüenses S.A. (Cartonica), Empresa Concretos Pretensados de Nicaragua (Coprenic), Productores de Concreto (Procon), Empresa Complejo Textil de Managua (Cotexma), Empresa Metal Mecánica S.A. (Emensa), y Fabrica Nacional de Textiles S.A. (Fanatex) y el 49 por ciento de la empresa Solka. Cada una de ellas tiene una ley específica de privatización a favor de los trabajadores.
EMPRESAS DE MÁS “INTERÉS”
Los que más han reclamado la privatización son los representantes de la empresa Cartonic. Esta empresa está asentada en León en un terreno de más de 14 manzanas de tierra, con cuatro edificios de 18,197 metros cuadrados de construcción y obras exteriores de 1,133 metros cuadrados, más la maquinaria para la fabricación de cartón. La infraestructura está valorada en 4.1 millones de dólares y la maquinaria en 4.7, para un total de 8.8 millones de dólares.
Cartonic fue instalada a mediados de los años ochenta, funcionaba las veinticuatro horas del día y producía el 95 por ciento del cartón en Nicaragua. Generaba aproximadamente 500 empleos directos. Las instalaciones fueron entregadas en febrero del año pasado en administración y guarda a los 165 empleados de Cartonica por la Cornap, acordando que agilizarían el finiquito para la asignación total. La empresa está cerrada por falta de financiamiento.
Otra de las empresas que se exige la privatización es Cotexma, que está ubicada en Tipitapa, en un terreno de 11 manzanas de tierras, con edificios de 9,704 metros cuadrados, valuados en 2.1 millones de dólares y maquinaria valorada en 907,463 dólares. Esta empresa cerró operaciones en 1992.
