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¿Qué pasó con el PND?
Han transcurrido ya un mes y una semana desde que el presidente Enrique Bolaños presentó su Plan Nacional de Desarrollo –un acontecimiento singular en la vida política de Nicaragua pues nunca antes Gobierno alguno había hecho una propuesta de esta naturaleza y sobre todo, elaborada en forma tan estratégica y sistemática–, pero al parecer quedará en el archivo de los grandes proyectos como tantos otros en la historia del país.
Sería muy lamentable que dicho Plan quedara en el olvido, aunque no son pocas las personas que creen que es una iniciativa utópica, y por lo mismo de difícil si no de imposible realización por lo inalcanzable de sus metas, lo remoto de su concreción (25 años), la imprecisión en cuanto a las fuentes de su financiamiento, lo general y abstracto de sus objetivos y, por si todo eso fuera subsanable, la ausencia de garantía suficiente para que los gobiernos subsiguientes al actual cumplan con sus metas, objetivos y fines.
Esas objeciones merecen reflexión y estudio y, sobre todo, respuestas precisas a las interrogantes o críticas que van surgiendo, a las dudas que va suscitando y a los rechazos que se vayan produciendo, todo ello como un saludable ejercicio que dé inicio y continuidad al debate público y que permita la más amplia participación en las deliberaciones sobre su contenido. Muy negativo sería que se enquisten las diferentes posiciones, los unos defendiéndolo a ultranza y los otros, rechazando y descalificando a priori sus propuestas y posibilidades.
Pero peor que eso, más negativo que la intolerancia, es la indiferencia de la población en estudiarlo y discutirlo y más aún del Gobierno en presentar las fases subsiguientes a la de su lanzamiento. Es necesario, y cuanto antes, que el Gobierno presente los pasos sucesivos que deben darse, los términos de su discusión, el método que se va a seguir. Sería un fracaso rotundo y una total falta de seriedad que el Plan Nacional de Desarrollo quedase reducido ahora a los dos libros que lo contienen y al acto oficial de presentación en el Olof Palme.
La población tiene derecho a saber cuáles son las estrategias y tácticas subsiguientes, cuáles las acciones inmediatas a desarrollar, cuál la posición de los partidos políticos y las bancadas parlamentarias sobre el tema, en fin qué viene ahora después de los discursos y los actos oficiales y protocolarios.
Vemos no sin cierta preocupación el silencio del Gobierno, pensamos que ya es tiempo de haber iniciado las acciones sucesivas, las cosas no pueden quedar en el aire perdidas entre las palabras de los discursos y los sonidos de los himnos y las marchas. ¿Cuál es la cadena de actos necesarios para alcanzar los fines propuestos? ¿Cuál es la racionalidad necesaria que debe guiar las sucesivas e inmediatas acciones?
Es fundamental responder estas preguntas y poner en marcha un plan de aplicación del Plan. Este plan de acción debería contener al menos tres partes: calendarización, concertación y ejecución.
La calendarización debe ser un ejercicio referido a la fijación de metas, objetivos y fines de carácter operativo; es decir, no sólo presentar qué se quiere alcanzar en un período, sino cómo hacerlo en ese período. La concertación conlleva necesariamente una estrategia y una táctica de negociación con los partidos políticos y las bancadas parlamentarias, pues, finalmente, en la Asamblea es donde deberán aprobarse las reformas legales y constitucionales requeridas para llevar a la práctica no pocas de las transformaciones institucionales propuestas.
Antes de que sea oportuno tomar las decisiones legislativas, se deberán alcanzar acuerdos políticos con los respectivos partidos y una especie de Pacto Social con los diferentes sectores representativos de la sociedad civil, para que en conjunto: Gobierno, partidos y sociedad civil vayan concretando la adopción y ejecución de los acuerdos estratégicos y tácticos que sean necesarios.
Finalmente, estaría la fase de ejecución de los acuerdos alcanzados, de conformidad a la mayor viabilidad de los mismos y a las prioridades del país, lo que permitiría al Gobierno, con el necesario respaldo político y social, ir realizando acciones concretas que cumplan objetivos específicos, sin perder de vista la visión global y estratégica.
