Eduardo Enríquezeduardo.enrì[email protected]
En febrero de este año el presidente Enrique Bolaños dio un paso importante en la necesaria reforma educativa de Nicaragua, al llegar al foro de la educación universitaria y decirle a los rectores en la propia boca del lobo que se están llevando una tajada demasiado grande del pastel educativo, en detrimento de la educación primaria, secundaria y técnica.
La respuesta de los rectores del Consejo Nacional de Universidades (CNU) no se hizo esperar. Mandaron a sus estudiantes a las calles y en esa ocasión no les bastó con los morteros, hasta cócteles Molotov lanzaron. Eran los días en que se andaba buscando de dónde sacar dinero para cubrir los gastos aprobados por los diputados en aumentos a maestros, médicos, enfermeras y policías. Los rectores no quisieron que se les tocara su seis por ciento y al final la solución fue aumentarle los impuestos a la gente.
El cuento ya se sabe. “Está en la Constitución, es ley, hay que obedecerla”. Se vuelven tan legalistas a veces, como el mismo Bolaños que agarra –y hasta hace poco propuso no agarrar más– esa megapensión de ocho mil y pico de dólares porque también “está en la ley”.
Al menos Bolaños ya propuso suspender ese absurdo ingreso, pero los rectores del CNU mantienen su intransigencia. El seis por ciento es un capricho, no obedece a ninguna estrategia educativa, más bien perjudica la educación. Ahora, que quede bien claro, no se trata de eliminar un beneficio para los estudiantes menos favorecidos, se trata de hacer algo racional, que vaya a beneficiar a los que en realidad lo necesitan y lo merecen. Pero como están las cosas, el 6 por ciento es “kafkiano” en este país paupérrimo. Vean los números.
Si los rectores se salen con la suya, las universidades recibirán en el 2004 unos 190 millones de córdobas más que este año. ¿Por qué? Porque está en una ley absurda que no va en concordancia con las necesidades nacionales. Y que no se nos olvide, es una ley que nace de “la piñata” sandinista en 1990.
Mientras tanto, 800 mil niños se quedan sin siquiera educación primaria. Se está condenando a toda esa gente a la pobreza permanente por favorecer el capricho de unos cuantos rectores. ¿Tiene eso lógica?
El seis por ciento no perjudica únicamente a los que se quedan fuera. Vean la desproporción: 900 dólares cuesta un universitario al año, pero sólo 71 dólares cuesta un estudiante de primaria, 32 uno de secundaria y 99 un estudiante de educación técnica, mientras 22 dólares cuesta un chiquitín de preescolar.
Pero si negar lo que está en la ley es una batalla perdida para el gobierno, entonces la solución es cambiarla. Ser valiente y cambiarla.
El Estado debe garantizar que todos los que tienen excelentes notas puedan ir a la universidad, para eso están las becas, sólo tienen que cumplir dos requisitos: ser pobres y tener buenas notas.
Los pobres que no tengan tan buenas notas pueden optar a préstamos a bajos intereses que paguen una vez que sean profesionales. Aunque la salida tampoco está en producir profesionales al por mayor que no encontrarán trabajo después, hay que poner más énfasis en la educación técnica y la básica que es la que hace falta.
Para eso, el gobierno debe amarrarse bien los pantalones y hacer una propuesta clara y viable para cambiar el sistema. Si la intransigencia continúa, apliquen la ley, comenzando por los cabecillas, los que están en el CNU.
