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Crisis boliviana va para largo
La historia de Bolivia ha sido tan accidentada como su geografía y tan enrarecida su política como el aire de sus montañas. En todo caso, su desarrollo sigue el clásico modelo latinoamericano, a saber: gobiernos de caudillos y oligarquías (conservadores y luego liberales), militares golpistas, dictadores, líderes nacionalistas, y últimamente, empresarios populistas. Y de vez en cuando, oleadas de inflación descontrolada, como aquella del 36,000 por ciento en los años setenta.
En la gama de gobernantes bolivianos sobresalen dos presidentes civiles que marcaron época: Víctor Paz Estensoro (1951-1961), Hernán Siles Suazo (1982) y Juan Lechin Oquendo, un influyente dirigente sindical, líder de los mineros de estaño y fundador de la Central Obrera Boliviana y del Partido de Izquierda Revolucionaria Nacionalista.
Bolivia ha permanecido en inestabilidad constante, con predominio de aguerridos sindicalistas, luchas callejeras, huelgas generales, empobrecidas masas campesinas que sólo hablan aymará o quechua y viven en tugurios, mientras en La Paz hay rascacielos y lujosas residencias. La crónica tensión del ambiente social estalla de vez en cuando por la distancia social entre las etnias y por los grandes desniveles en educación e ingresos. Se suceden episodios violentos como el asesinato del presidente Villarroel, en 1946; la masacre de mineros de 1949, los asesinatos tras el golpe de Hugo Banzer, etc.
Esa vida azarosa impidió a Bolivia formar instituciones sólidas, capaces de sortear crisis políticas y de impedirle estar a merced de políticos oportunistas. Ello explica por qué Bolivia ha permanecido sujeta a influencias extranjeras y a pérdidas de valiosos y extensos territorios, como su costa en el Pacífico a raíz de la guerra con Chile (1879); su zona petrolera del Chaco por conflicto con Paraguay (1932), y por ese tiempo, privado de su reserva petrolera al perder el conflicto con Brasil.
La grave crisis actual por la que atraviesa Bolivia empezó con el ex presidente muerto en ejercicio del cargo, Hugo Banzer, al ordenar la destrucción de cultivos de coca, tradicional medio de vida de los campesinos bolivianos ahora financiados por el narcotráfico. Siguió el frustrado “impuestazo” sobre salarios, del pasado febrero, exigido por el FMI, y luego el rechazo a la venta de gas crudo a México y EE.UU.
Hubo más de sesenta muertos y 200 heridos, y la semana pasada de nuevo estalló la lucha callejera con represión sangrienta de los manifestantes por el Ejército y la Policía, que ocasionó otra lista de acribillados a balazos. Ahora piden los huelguistas la destitución del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, electo hace apenas año y medio con una mayoría de 55.5 por ciento de votos pero que ahora sólo alcanza el nueve por ciento de aceptación en medio de un profundo deterioro de la economía nacional.
El actual gobernante ya lo había sido antes, en el período 1993-1997, y fue escogido de nuevo por ser un empresario exitoso y multimillonario que muchos bolivianos creyeron que podría iniciar un desarrollo sostenido del país. No obstante, la volatilidad y el faccionalismo de la clase política boliviana, así como el precario tacto político del gobernante agregado a asesorías ineficientes, produjo conflictos políticos que fueron agravados por el profundo deterioro económico. Ahora su propio vicepresidente, Carlos Mesa, pide su renuncia.
No obstante que el Presidente de la República compareció ante la televisión para dirigir un mensaje conciliador al pueblo boliviano, invitando a un diálogo nacional para negociar los puntos en disputa e insistiendo en que no renunciaría y que además sometería a referéndum la controvertida exportación de gas, la agitación continúa en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Por cierto que el día anterior el mandatario había recibido el respaldo del Secretario General de la OEA, César Gaviria y de Kofi Annan, Secretario General de la ONU, además de los presidentes Bush, de Estados Unidos; Lagos, de Chile, y Toledo, de Perú.
La crisis boliviana tiene causas muy profundas que mantendrán la alta tensión. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Carta Democrática de la OEA, aprobada hace dos años, los gobiernos electos democráticamente no pueden ser depuestos por cuartelazos o asonadas. En caso extremo, los protagonistas del conflicto serán presionados para que conversen y negocien, como en Venezuela, para llegar a un entendimiento.
