José Luis Medal Mendieta [email protected]
La propuesta positiva —pero insuficiente— del presidente Bolaños, de reducir en un diez por ciento los salarios de los altos funcionarios, a fin de incrementar el de los maestros, trae al debate público, el análisis de la política salarial dentro del Estado. ¿Existe alguna lógica económica que explique el enorme diferencial salarial que existe entre los sueldos o salarios de los magistrados, diputados y ministros con el que devengan los maestros y médicos que laboran dentro del mismo Estado? ¿Esos diferenciales salariales se explican por niveles de productividad y responsabilidad, o simplemente por factores de poder?
¿Deben los salarios de los ministros, magistrados y diputados ser equivalentes a los de los altos directivos de las grandes empresas de Nicaragua?
La teórica económica divide los mercados laborales, en mercados competitivos o perfectos donde la productividad es el factor fundamental que explica los diferenciales salariales, y mercados laborales imperfectos, donde son otras variables las que determinan los diferentes salarios. La productividad a su vez, está vinculada con el nivel de educación y preparación de la fuerza de trabajo. Ello explica por ejemplo, por qué en Estados Unidos se ha ensanchado la brecha entre la fuerza laboral calificada y la no calificada. El diferencial entre el salario de un médico y un abogado en los Estados Unidos, con el de un trabajador no calificado, es enorme. Sin embargo en ese diferencial también influyen factores monopólicos: las asociaciones restringen la oferta de médicos y abogados al mercado laboral, a fin de incrementar sus salarios. El poder monopólico u oligopólico, también explica en parte los enormes ingresos de los ejecutivos de las grandes corporaciones. Sin embargo, no se le ocurre al Presidente de los Estados Unidos, ni a ningún funcionario de ese país o de cualquier otro país desarrollado, pretender —a como pretenden algunos en Nicaragua— que se igualen los salarios de los funcionarios públicos con los de los ejecutivos de las grandes empresas.
En el caso de Nicaragua, es evidente que las fuertes diferencias salariales dentro del Estado, no se explican por los factores de preparación o productividad de la fuerza de trabajo. Aunque se ha argumentado que requieren de altos salarios para atraer personal más calificado al Estado, no es cierto en muchos casos que esos salarios reflejen el costo de oportunidad de esos funcionarios en el mercado laboral, ni que exista una política de atraer al personal más calificado. Los puestos y salarios de ministros, magistrados y diputados, no se establecen por calificaciones o productividades, sino por factores políticos. Los salarios en los altos niveles, son determinados en buena medida por las estructuras de poder y por relaciones políticas o sociales. No existe ninguna lógica económica que explique por qué un maestro debe devengar unos setenta dólares mensuales y un magistrado, diputado o ministro, varios miles de dólares al mes.
Los diferentes niveles de responsabilidad justifican naturalmente razonables diferencias salariales, pero no los desniveles que actualmente existen. Nadie discute que los altos funcionarios deben ganar más que lo que gana un empleado de menor nivel, debido a su mayor nivel de responsabilidad. ¿Sin embargo, acaso es mayor la responsabilidad de un diputado o de un magistrado, que la un médico que realiza una intervención quirúrgica, y cuyo sueldo dentro del Estado difícilmente pasa de los cuatrocientos dólares mensuales? La mayor parte del enorme diferencial salarial actual no se explica por niveles de responsabilidad, capacitación o por productividad, sino por diferentes niveles de poder.
Naturalmente que la solución no es pasar a una política salarial populista, de aumentos generalizados de los salarios nominales —lo que sólo provocaría inflación— ni de igualitarismo salarial donde todos ganen lo mismo, ya que esto último desestimularía la capacitación y productividad de la fuerza de trabajo. Pero si bien debe de rechazarse el populismo salarial a favor de los de abajo, también debe objetarse el actual populismo salarial sui generis a favor de los de arriba.
Lo que corresponde es una política salarial racional dentro del Estado. En este contexto el anteproyecto de Ley de limitar los salarios máximos dentro del Estado, no deja de ser positivo. No puede continuarse con la práctica de que los altos funcionarios de los diversos poderes del Estado, fijen sus propios salarios. Igualmente es también urgente acelerar la aprobación de la Ley de Servicio Civil, incluyendo en la misma la definición de una política salarial clara dentro del Estado, donde la remuneración se establezca sobre la base de la capacitación, productividad y niveles de responsabilidad.
El autor es economista.
