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La Ley de Participación Ciudadana
El debate sobre la Ley de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional, la que ya ha aprobado los primeros artículos, pone sobre el tapete un tema de fundamental importancia para la consolidación de la democracia y la gobernabilidad.
Al resaltar la importancia del asunto lo hacemos porque la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas de naturaleza pública y social, en los ámbitos locales, municipales y nacionales, constituye hoy la forma más adecuada para fortalecer la legitimidad democrática.
Resulta claro que la democracia sufre en el momento actual una crisis de representatividad, pues cada vez más los representantes representan cada vez menos a los representados.
Un proceso de rupturas múltiples pareciera aquejar a la sociedad de nuestro tiempo, la que, guardando las diferencias, pone de manifiesto las fracturas y desgarramientos, no sólo entre representantes y representados, sino también entre el Estado y la sociedad y entre el mundo jurídico, político e institucional y el mundo real, económico y social.
Un proceso de doble vía evidencia la crisis, pues mientras por un lado, y valga la intencional paradoja, la sociedad se disocia, mientras Estado y sociedad se alejan uno de otro y la política deja de ser una función específica para la satisfacción de los intereses colectivos; por el otro lado, el Estado, la política y las economías nacionales, se integran a una red de intereses transnacionales de los cuales son articulaciones de una compleja cadena y correas de transmisión de un sistema que trasciende las decisiones internas de cada país.
La realidad fragmentaria a la que hacemos referencias pone en crisis a la teoría y práctica de la democracia sustentada, exclusivamente, en la filosofía política de la ilustración, con cuyas banderas ha navegado durante tres siglos, aproximadamente.
Es por ello que se piensa, cada vez con mayor insistencia por la teoría política, que la crisis de la democracia representativa, sólo puede ser superada mediante un estímulo real a la democracia participativa, formando entre ambos términos, representativo y participativo, una unidad complementaria.
Al debilitarse la representación, se debilita la democracia y se plantea la necesidad de que los propios representados asuman cuotas significativas de participación para armonizar de nuevo ciudadanía y sistema jurídico-político, mundo real y mundo formal, sociedad y Estado, como el mecanismo apropiado para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, la legitimidad de la función pública y la gobernabilidad.
En el dictamen, favorable por cierto, de la Comisión de Defensa y Gobernación sobre el proyecto de ley de participación ciudadana se expresa que éste “tiene como objetivo promover el ejercicio pleno de la ciudadanía en los ámbitos político, social, económico y cultural del país, mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que permitan una fluida interacción entre el Estado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo así, de esta forma, al fortalecimiento de la democracia participativa, la que se constituye en un objeto esencial de la democracia representativa”.
El proyecto de ley define la participación ciudadana, los principios de la misma, las formas y mecanismos, la participación en el proceso de formación de la Ley y el derecho de iniciativa; en la formación de normas de las regiones autónomas; la participación de los pobladores en la iniciativa de normas locales; en la formulación de políticas públicas; en la coordinación interinstitucional en la Regiones Autónomas y en la formulación de políticas públicas locales.
Asimismo establece la participación de los pobladores en el ámbito local, en los cabildos municipales, en la elaboración del plan o estrategia de desarrollo y el plan de inversión, en la denuncia y defensoría ciudadana, confeccionando así un instrumento fundamental para la consolidación y fortalecimiento de la democracia en nuestro país.
Como dice el dictamen de la comisión, la participación ciudadana “también tiene un componente de orden cultural y cívico” que requiere del desarrollo “de una cultura cívica solidaria”.
Esperemos que esta Ley, sin perjuicio de las mejoras y afinamientos que puede y debe hacérsele, sea aprobada sin más retardo por la Asamblea, pues como dice el dictamen: “Desde la perspectiva moderna, la sociedad sólo es gobernable si los ciudadanos y los agentes sociales participan en el diseño y la gestión de los asuntos públicos”.
