- Ministro de Gobernación responsabiliza al sistema judicial, si deja en libertad a Byron Jerez
Ary Neil Pantoja yMirna Velá[email protected]
La posibilidad de fuga del reo Byron Jerez Solís continúa latente “pues los planes sobre eso no han cambiado, hasta donde tenemos conocimiento”, dijo ayer el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo Llanes, a la vez que responsabilizó al sistema judicial si le dan libertad bajo fianza y éste huye del país.
Urcuyo fue enfático al asegurar que los planes de huida de Jerez no han variado en nada y que a las autoridades del Sistema Penitenciario no les queda más que acatar la orden de libertad, por fianza personal, que dos jueces ya dictaron a su favor.
Un tercer juez ya ordenó la libertad total del reo, luego que un Jurado de Conciencia lo declaró inocente de los delitos de fraude, defraudación y asociación para delinquir en perjuicio del Estado, por el caso de “los checazos” de Enitel.
“Cualquier (reo) en libertad bajo fianza se puede escapar. Es difícil controlar a una persona libre bajo fianza, puede hacer lo que quiera, hasta en un globo se puede ir. El primer culpable de escaparse es él (Jerez), y en segundo lugar quienes le dieron la libertad bajo fianza, (es decir) el sistema judicial”, expresó Urcuyo.
JUEZ EJECUTOR INTIMARÁ
Jerez pasará el fin de semana en la habitación número seis de la Sala “J” del Hospital Militar, porque anoche el juez ejecutor designado, Gerardo González, decidió que el reo aún está a la orden de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Anoche González “intimó” (pidió explicación) al director del Sistema Penitenciario Nacional, comandante Carlos Sobalvarro, para conocer por qué aún no ejecuta la libertad de Jerez. Luego consideró que Sobalvarro no tiene facultades sobre el reo, sino que está a la orden del Tribunal de Apelaciones después que los jueces Juana Méndez y Edgard Altamirano extendieron órdenes de libertad bajo fianza a favor de Jerez.
El próximo lunes, los magistrados —o el presidente— de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones, deberán explicar a González la situación jurídica de Jerez y luego decidirá si lo libera ese mismo día.
PIDEN NULIDAD EN CASO SOLÍS
El abogado Víctor Manuel Ordóñez solicitó ayer la nulidad del Jurado de Conciencia en lo referente al procesado Jorge Solís Farias, al único que hallaron culpable de los delitos de fraude, defraudación y asociación para delinquir la madrugada del jueves.
Ordóñez promovió el incidente de nulidad absoluta del nombramiento del defensor de Solís Farias, así como la nulidad absoluta “de todo lo actuado solamente en relación a mi defendido Jorge Solís Farias”. Ordóñez reclamó a la Juez Tercero de Distrito del Crimen, Rosario Peralta, el nombramiento de la abogada Tania Gudiel Urbina sin que él haya renunciado antes a representar a Solís Farias en el juicio.
Ordóñez también pide que el también ex presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) sea nuevamente sometido a un jurado de conciencia.
JUEZ Y MAGISTRADO SE CONTRADICEN
El Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Edgard Altamirano, afirmó que el reo Byron Jerez Solís, deberá someterse a una nueva valoración médica e indicar su estado de salud, porque así lo ordenó el pasado 19 de septiembre, cuando emitió una orden de libertad a su favor.
Altamirano recordó que la orden de libertad bajo fianza incluye ser valorado médicamente y rendir un informe médico cada quince días, por lo que el próximo lunes deberá presentar una nueva valoración.
Jerez padece en su estómago los efectos de una banda gástrica que le implantaron para reducirle la obesidad.
El magistrado Enrique Chavarría, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, insistió que esa instancia no está facultada para dictaminar si a Jerez debe o no darle libertad bajo fianza, refiriéndose al expediente radicado en esa sala por una apelación de la pena de ocho años de prisión impuesta por el juez Edgard Altamirano.
“A nosotros no nos interesa que las personas que estén detenidas si están o no enfermas, o decir qué amerita o no amerita, porque no es de nuestro resorte; lo está conociendo el juez de Distrito, su competencia, su función jurisdiccional es única, independiente, no puede haber injerencia por cuestiones de jerarquía de un tribunal superior hacia un inferior”, dijo Chavarría.
Altamirano explicó que el juicio en que Jerez fue condenado a ocho años de cárcel, es jurisdicción del Tribunal de Apelaciones de Managua porque ya no está bajo su competencia.
“Este judicial ya no puede tener ningún tipo de decisión jurídica porque ya no tiene la competencia, es decir, ya fue trasladada, en vista que el expediente se fue en ambos efectos, es decir, que el expediente se fue en original al Tribunal de Apelaciones”, expresó.
“Ya no puedo pronunciarme sobre ese caso. Ellos (los magistrados de Apelaciones) tienen la jurisdicción, que es el expediente, tienen la potestad de decidir o no, o dar lugar al recurso de apelación en cuanto a la pena, o dejarle tal y como está (la pena), pero ellos están conociendo, ellos deciden ahorita sobre ese proceso”, añadió.
Chavarría indicó que los Tribunales de Apelaciones tienen funciones exclusivas de conocer los trámites de apelación, recursos de amparos, quejas y otros trabajos conexos a esa misma función
LOS SIETE JUICIOS
Byron Jerez es procesado en tres Juzgados de Managua: Primero, Tercero y Séptimo de Distrito del Crimen, dirigidos por los jueces Juana Méndez, Rosario Peralta y Edgard Altamirano.
En el Juzgado Primero, Jerez acumula dos procesos en su contra, promovidos por el Estado, a través de la Procuraduría General de la República (PGR). Se les conoce como los “camionetazos” y “la huaca”, pero este último fue confinado con el proceso denominado “delito electoral” que ya está en la última fase, para que haya sentencia.
En el Juzgado Tercero, el proceso llamado “checazos de Enitel” llegó a su etapa final la madrugada del miércoles pasado, cuando un jurado de conciencia declaró a Jerez inocente de los cargos de fraude, defraudación y asociación para delinquir, cuyo perjuicio al Estado es de 37 millones de córdobas.
Donde más se tramitan juicios contra el ex director de Ingresos es en el Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen. Aquí se conocen cuatro procesos. Uno es el caso “Banic” (o sea, la quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio), que está en su primera etapa. En este juicio recién han declarado procesados y testigos.
Otro de los casos es el de “los cuadraciclos”. Fue el 25 de febrero de este año, cuando el juez Altamirano decretó una sentencia de prisión a Jerez, por fraude y asociación para delinquir por actos anómalos en la compra de cinco motocicletas y dos cuadraciclos con fondos del Instituto de Desarrollo Rural. Las pérdidas al Estado –por este caso— ascienden a 38 mil dólares.
Jerez tiene una condena de ocho años de prisión, impuesta luego que un jurado de conciencia declaró su culpabilidad en otro juicio por fraude. Se estima que las pérdidas son de 6.8 millones de córdobas, mediante la emisión irregular de 65 cheques en 1998, mientras fue director general de Ingresos (DGI), para pagar a empresas y personas particulares, bienes y servicios que no ingresaron ni recibió esa entidad. Jerez apeló la pena y el expediente está en manos del Tribunal de Apelaciones de Managua.
El cuarto caso en ese Juzgado es el de “Petronic” (empresa Petrolera Nicaragüense), que refiere la ruta de un cheque de más de dos millones de córdobas que terminó en el Dresdner Bank, en Panamá.
El cheque fue girado en concepto de compra de nota de crédito a la Dirección General de Ingresos (DGI), para el pago de impuestos de Petronic a favor del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) y/o Juan Munguía. En realidad, la ruta fue otra y nunca ocurrió la transferencia a Iniser, ni Munguía laboró en esa entidad.
CENIDH CONTRA VEREDICTO
Las autoridades del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenaron ayer el veredicto de inocencia a favor de Byron Jerez Solís, a la vez que criticaron la poca beligerancia de las instituciones encargadas de impartir justicia.
“Una vez más se pone en entredicho la eficiencia de la lucha contra la corrupción pregonada por el gobierno, así como la fragilidad institucional de la Administración de Justicia en Nicaragua, particularmente las decisiones de los tribunales de jurados que no escapan de las influencias políticas y partidarias”, señala el comunicado.
El Cenidh también critica la actuación de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía y de los jueces, los que “han tomado decisiones que permiten la impunidad para quienes han formado fortunas personales a partir de los recursos del pueblo nicaragüense(…)”.
QUE EXPLIQUE
La magistrada de la Sala Penal Uno, Silvia Rosales Bolaños, dijo ayer que el juez ejecutor deberá intimar (pedir explicación) únicamente al presidente de la Sala y no a los tres magistrados, como sugirió anoche el defensor de Byron Jerez, Mario Rey Delgado. “El presidente (Enrique Chavarría) tiene la representación de la Sala y es él quien debe ser intimado”, expresó Rosales.
