Idalia Lily Gutié[email protected]
Los dos últimos casos de niños adoptados por ciudadanos en España y de adolescentes prostituidas en un motel capitalino, reflejan el poco o casi nulo respeto a los derechos de la niñez y adolescencia y el atropello de las leyes por parte de los núcleos de poder y las personas adultas.
Si bien es cierto los dos escándalos saltaron a la opinión pública recientemente, éstos y otros más, son delitos que se han venido cometiendo y que atentan contra la integridad y los derechos de la niñez y la adolescencia nicaragüense. Delitos que suceden sin que las autoridades pongan freno y castigos aleccionadores para que no se cometan más.
Ya es casi una costumbre encontrarse en los diarios y ver en la televisión historias de maltrato, abusos, violaciones y asesinatos de niños, niñas y adolescentes. La mayoría de las veces estos delitos son cometidos por familiares, adultos cercanos o personas con cierta influencia y poder que al atacarles pareciera que le han tomado saña a esta generación, a la cual no dejarán crecer y desarrollarse plenamente.
De algo de lo que sí hay que estar seguros: la niñez ya no está a salvo con su familia, en su comunidad, en su país.
Por el contrario, como es posible que en pleno siglo XXI, cuando el Estado es miembro de la comunidad de naciones, cuando ha firmado y ratificado compromisos tan importantes como la Convención sobre los Derechos del Niño y además se han creado leyes para proteger los derechos de los niños y niñas como el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se detengan estas deplorables violaciones.
La “exportación de niños” y la explotación sexual de niñas y adolescentes son delitos que el Código de la Niñez y la Adolescente prohíbe y que las autoridades encargadas de hacerlo cumplir deberían tener en cuenta.
Si los índices de desarrollo de los países se midieran por el respeto y cumplimiento a los derechos de los niños, nuestro país también obtendría notas aplazadas.
Ya no basta que más de 800 mil niños y niñas en edad escolar estén fuera de la escuela, que 314 mil trabajen para tener el sustento en la casa y que otro tanto esté muriendo por desnutrición y falta de medicinas, sino que también ahora somos exportadores de niños y cada día aparecen más explotadores sexuales que se aprovechan de la situación económica de las familias y de sus posibilidades económicas, sociales y políticas para comprar y prostituir o mejor dicho comerciar como cualquier mercancía a niñas, niños y adolescentes.
El caso de los niños exportados y de las adolescentes prostituidas reflejan el grado de estimación y consideración que se le tiene a la generación que llevara en sus manos el desarrollo del país.
Particularmente creo que es momento de hacer un alto y exigir el respeto por nuestros niños y niñas. Lo mínimo que le podemos exigir a las autoridades es que se castigue con severidad a los responsables de atropellar los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes, independientemente de los cargos, afiliación política o religiosa que ostenten. Es importante tener en cuenta que no son la generación del futuro, son del presente y es hoy que necesitan atención, mañana será muy tarde.
La autora es comunicadora social y consultora en Derechos Humanos.
