José Luis Medal
El gobierno acaba de anunciar el Plan Nacional de Desarrollo. La esencia de lo que se propone, es un programa de inversión pública quinquenal con ordenamiento territorial y la continuación de la estrategia de desarrollo iniciada en 1990. No se trata de un plan para 25 años —ya que es imposible planificar para tan largo plazo, ni se pretende como es lógico, modificar en lo esencial la estrategia de desarrollo basada en el mercado y en la apertura externa—iniciada desde 1990. No se incluyen tampoco —ni es conveniente que así sea— cambios sustanciales a las políticas macro y microeconómicas. La originalidad no debe ser sin embargo, el criterio central para evaluar un plan o estrategia. La evaluación debe basarse en la eficiencia, eficacia y honestidad con que los gobernantes desempeñan sus funciones públicas, y sobre todo si logra el objetivo del crecimiento con justicia social. Una estrategia tampoco es un documento. Una estrategia es algo que debe ser asumida como propia por los principales agentes económicos, sociales y políticos. Dado que el desarrollo de Nicaragua exige de una profunda transformación institucional, que afectaría tanto los intereses de los caudillos como los de muchos burócratas, no somos optimistas de que pueda llegarse a un consenso sobre una verdadera estrategia de desarrollo.
Nicaragua históricamente ha experimentado con diversas estrategias de desarrollo. En el período 1950-1979 se combinó el modelo de desarrollo hacia fuera basado en la agroexportación, con el llamado modelo de desarrollo hacia adentro o de industrialización sustitutiva de importaciones, que promovió la CEPAL a través de la creación del Mercado Común Centroamericano. Se intentó también usar la Planificación indicativa. Más recientemente, en el período 1990-2003, se reemplazó el modelo de planificación socializante de los años ochenta y la estrategia Cepalina de desarrollo hacia adentro, por una reedición de la estrategia de desarrollo hacia fuera. Ahora se habla en Centroamérica, del regionalismo abierto y de la apertura externa. Esta estrategia de desarrollo hacia afuera, será reforzada por la suscripción del Cafta, lo que vendrá en el largo plazo, a desmantelar los residuos importantes de proteccionismo que aún existen en Centroamérica. El plan que ha anunciado el Gobierno, se enmarca en lo esencial dentro de la estrategia de desarrollo hacia fuera, de apertura externa y de predominio de mercado.
El plan no se aparta —ni es conveniente que así sea— de las políticas del Consenso de Washington. El trío FMI-BM-BID ahora enfatizan más lo social y la reducción de la pobreza. El plan también enfatiza el papel del Estado en el suministro de bienes públicos —carreteras, educación, salud pública—, lo que es algo que tradicionalmente han priorizado tanto el BM como el BID y es plenamente conforme con las políticas del Consenso de Washington. En ese sentido, el nuevo Plan de Desarrollo —que más que un plan, en realidad es una estrategia que incluye un Programa de Inversiones Públicas quinquenal— no es original, ni es conveniente que lo sea. Es una continuación en lo fundamental de la estrategia económica iniciada en 1990. Se reconoce el papel protagónico del mercado. Se insiste en la libertad de precios y de comercio y en el no regresar a políticas inflacionarias. Se retoma el Programa de Ordenamiento Territorial y se le combina con el Programa de Inversión Pública. No está claro sin embargo, de donde van a salir los recursos para financiar el ambicioso programa de inversión pública y es muy discutible la coherencia con los equilibrios macroeconómicos. No se proponen por otro lado medidas audaces —como lo sería una dolarización oficial de la economía, ni se aborda con la urgencia que el tema requiere, el problema de los salarios y pensiones dentro del Estado. No se ha presentado tampoco a la fecha, un Presupuesto Público trianual, a pesar de que es el presupuesto el instrumento por excelencia donde se concretiza el accionar del Estado.
Más que aspectos técnicos, el limitante más serio que afrontará el plan, es de orden político. Cada vez se reconoce con más fuerza en la literatura económica, que los aspectos institucionales son determinantes para el desarrollo económico y social. Un sistema judicial imparcial, eficiente y no corrupto. Un poder electoral y una Contraloría no politizadas, una burocracia estatal capaz, no seleccionada por amiguismo y relaciones, y un poder ejecutivo honesto, eficaz y eficiente, son condiciones necesarias para el desarrollo. El problema sin embargo, es que esas necesarias reformas institucionales, son contrarias a los intereses de los caudillos y de los burócratas. Las perspectivas del desarrollo no son optimistas.
El autor es economista.
