- El famoso condominio de 2.7 millones de dólares de Ocean Tower II, fue puesto a la venta por acuerdo entre autoridades norteamericanas y abogados de Jerez. Un juicio silencioso avanza contra Jerez en Estados Unidos.
José Adán Silva [email protected]
El lujoso condominio que el poderoso ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, compró en la exclusiva zona de Key Biscayne, Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos, en 2.7 millones de dólares, fue puesto a la venta por autoridades estadounidenses, tras un acuerdo con los abogados de Jerez.
El acuerdo se dio en el marco de un poco publicitado juicio civil, que la Fiscalía de Estados Unidos entabló contra Jerez en septiembre del 2002, por presumir que el inmueble fue adquirido por éste con fondos saqueados al Estado de Nicaragua y luego “legalizados” en operaciones de lavado de dinero en la banca de Estados Unidos.
LA PRENSA reveló en mayo del 2002, una semana después que Jerez fue apresado en Managua, que éste se había comprado la unidad 908 del condominio Ocean Club Tower II, en tres millones de dólares.
El condominio lo compró a través del abogado David R. Berley, el 15 de septiembre de 2001. Berley es un abogado de Miami, muy importante en el banco Terrabank N.A.
Él tiene su cuenta de registro, o fiduciaria, de abogado en ese banco. Corporaciones que pertenecen a sus clientes –que él formó y de las que participa como socio– también tienen sus cuentas allí. Mueve mucho dinero a través del banco y durante algunos años, hasta principios de 2003, fue miembro de la comisión directiva de la institución financiera.
En la fecha señalada, Berley concluyó la compra del lujoso condominio en la exclusiva zona de Key Biscayne de Miami, para su cliente Byron Jerez.
El abogado de Miami pagó 2.7 millones de dólares desde su cuenta de registro en el Terrabank.
La mayor parte del dinero para la compra del apartamento procedía de US$2.3 millones que Jerez giró a la cuenta de registro de Berley en el Terrabank, a través de una compañía de papel creada en Panamá, llamada Cybor Holding, que formaba parte de una constelación de sociedades de papel que Jerez había creado en Panamá.
El resto del dinero para la compra del lujoso apartamento provino de otras cuentas en Terrabank, de compañías en la Florida que Berley había creado para el ex funcionario nicaragüense, quien había salido del gobierno en julio del 2000 por actos de corrupción, pero seguía siendo apoyado por su amigo y socio en los negocios del mal, Arnoldo Alemán, quien aún era Presidente de Nicaragua.
Una de estas compañías fue bautizada con el singular nombre de: “908 Ocean Tower II, Inc”. A nombre de esa sociedad se abrió una cuenta en el Terrabank en el 2001, antes de recibir un giro de US$260 mil dólares de parte de Jerez, a través de Cyborg Holdings, S.A.
En el cierre de la compra, Berley puso el título de la propiedad a nombre de la esposa de Jerez, Ethel Jerez. Dos meses después, en noviembre, según la escritura de propiedad garantizada que él preparó, Berley transfirió el título a nombre de una sociedad llamada Tower Trading Group of Florida Inc., compañía en la que Berley es el único dirigente y que formó para Jerez, según documentos del Estado de Florida.
Jerez era director general de Ingresos de Nicaragua cuando compró la unidad 908. Como tal, Jerez es considerado un PEP, “politically exposed person”, en el lenguaje del campo de lavado de dinero, o sea una “alta figura política extranjera”, como los designa el Departamento del Tesoro de EE.UU.
Utilizando el mismo léxico, Berley es considerado un “gatekeeper” porque, como abogado que representa a clientes en transacciones que involucran el movimiento de dinero, está en una posición para detectar situaciones de lavado.
Jerez fue arrestado en Nicaragua en abril del 2002 por actos de corrupción. Su condominio de US$3 millones, incluyendo un contrato de arrendamiento a largo plazo de una cabaña, equivale al ingreso anual de seis mil nicaragüenses. El ingreso promedio anual de un nicaragüense es de unos 500 dólares.
Según investigaciones de LA PRENSA, entre las cosas que fueron incautadas a Jerez el día de su captura el año pasado, se encontraba una carpeta llamada “David R. Berley, P.A.”, un mensaje de fax de Berley, una licencia de conducir del Estado de Florida, un pasaporte costarricense y varios documentos de bancos y compañías estadounidenses y panameñas.
También se encontró en su posesión documentos relacionados con el apartamento 1507 en Ocean Tower II, el cual no está dentro de la confiscación del gobierno estadounidense. Berley formó la corporación 1507 Ocean Tower II, Inc.
El nombre de Berley no figura en la querella que el gobierno de EE.UU. entabló silenciosamente en septiembre de 2002 en Miami, en busca de confiscar la unidad 908. Una investigación por parte de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., llevó a la incautación de la propiedad, pero la querella sólo refiere a giros “hacia la cuenta de fideicomiso de un abogado en Terrabank”.
Jerez contrató al abogado Michael Díaz para que lo represente ante la investigación de EE.UU. A través de otro abogado, Jerez ha presentado una demanda por la incautación del apartamento 908.
En el caso de la confiscación, EE.UU. dice que los pagos del condominio fueron realizados con el dinero de una “actividad ilegal especificada” (SDN, por sus siglas en inglés) bajo las leyes de lavado de dinero. El juicio de Jerez es el caso No. 02-22584 Civ-Moreno So. Dis.Fl.
El caso también incluye la incautación de US$295 mil dólares por los intereses de arrendamiento –por 99 años– de una cabaña en Ocean Tower II, que Jerez pagó a través de cuentas de corporaciones que Berley formó y US$375 mil que Jerez puso como depósito por la unidad 1403 de Ocean Tower I, a través de otra compañía que Berley formó. La compra fue abortada.
Berley, que no fue acusado, dijo a Lavadodinero.com, el medio de comunicación en línea que contactó a LA PRENSA: “Sólo comentaré sobre lo que se encuentra en documentos de domino público”.
Uriel Mendieta, presidente de Terrabank desde 1995, además de presidente ejecutivo y miembro de la comisión directiva del banco, dijo a Lavadodinero.com que el banco utiliza cinco “filtros” para examinar el origen de los fondos de todas las grandes transacciones, incluyendo aquellas que Jerez envió.
Dijo que los filtros incluyen la revisión de las transferencias de parte de los miembros de la comisión directiva y de un “Comité de la Ley de Secreto Bancario”, formado por miembros de la comisión directiva.
Mendieta, un nicaragüense igual que Jerez, dijo que el banco cuenta con una política escrita que prohíbe aceptar dinero de líderes políticos extranjeros, porque “ellos son un problema”. Prometió proveer una copia de la política, pero el auditor del banco informó luego a Lavadodinero.com que “el asesor legal dice que no sería correcto dar a conocer las políticas internas del banco”.
Nubes de tormenta se estarían armando para aquellos involucrados en las transacciones sospechosas de ser ilegales. A pedido de EE.UU., la Corte de la Florida ha sostenido la acción de confiscación civil en el caso del condominio de Jerez, mientras dura una investigación de un gran jurado federal sobre posibles violaciones criminales de Jerez en Estados Unidos.
Documentos confidenciales presentados por EE.UU. en el juicio civil contra Jerez, han sido colocados en una bóveda de seguridad por orden de la Corte y, según abogados privados en el caso, han presentado citaciones a varios testigos, incluyendo agentes inmobiliarios, contadores y ejecutivos de Terrabank.
La ley de lavado de dinero de EE.UU., en general prohíbe transacciones de ciertos fondos derivados de actividades criminales y el movimiento internacional de fondos, con el conocimiento de que éstos son derivados de actividad criminal y con el intento de esconder o disfrazar la fuente. También es un delito conspirar con otros para cometer tales delitos. (Título 18, USC Sec. 1956(a)&(h)).
Mientras tanto, la unidad 908 ha sido puesta a la venta tras un acuerdo mutuo y la aprobación de la Corte. Si se vende por el precio que se pide, US$4.2 millones, la gente de Nicaragua logrará una pequeña ganancia, si el gobierno de EE.UU. triunfa en el caso y comparte el dinero con Nicaragua.
