Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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Interventor de Jerez se pelea con procuradora
Jorge Loáisiga Mayorga
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Julio Paniagua, interventor de los bienes del reo Byron Jerez Solís, solicitará hoy al juez Cuarto de Distrito de lo Civil que rechace la solicitud hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) para que él sea removido de su cargo y refutó los señalamientos de esta instancia acerca de que no ha rendido informes de su gestión.
Según Paniagua, la solicitud de la procuradora auxiliar María Mercedes Aguilar Gallo para removerlo de su cargo de interventor se basa en “falsedades o ignorancia” de la abogada de la PGR, porque él sí ha presentado mensualmente informes sobre la administración de los bienes de Jerez.
De acuerdo con el escrito de Paniagua, él presentó cuatro informes en el año 2002 y ha presentado ante el juez ocho durante este año, los que asegura constan en el expediente.
Agrega que no ha recibido sus honorarios y pide al judicial que autorice el pago de los mismos por la administración de los 25 vehículos que estuvieron bajo su cargo hasta que fueron entregados a la Aduana para su posterior subasta.
La procuradora Aguilar sostiene en su escrito presentado ante las instancias judiciales que Paniagua no ha presentado los informes periódicos que exige la ley a los interventores y que se ha excedido en sus funciones.
“No sé si hay una ignorancia o negligencia inexcusable, pues tales afirmaciones demuestran que no se ha tomado la molestia en ojear el expediente con seriedad, a pesar que ella afirmó desde un inicio que lo conoce”, dice textualmente el escrito que presentará hoy Paniagua.
El interventor señala que la procuradora auxiliar Aguilar Gallo en su escrito se adhiere a la petición que antes hiciera el reo Byron Jerez, para que él fuera removido de su cargo.
Asegura que el deseo de la Procuradora y de Jerez “es que de mi libre y espontánea voluntad use los recursos administrados para cubrir sus necesidades”.
Según sus cálculos, los intereses generados por los Certificados de Bonos de pago por Indemnización (BPI), de Jerez habían acumulado al 18 de agosto del 2003 casi 1.1 millones de córdobas.
Añade que “el intervenido debe presentar su presupuesto y el señor juez autorizarlo. Este es el procedimiento correcto. En consecuencia, no debo disponer a voluntad del intervenido de ese dinero y contravenir un mandato judicial”.
