Mauricio Mendieta [email protected]
Tanto por la imposición y exigencias de los organismos financieros internacionales, como por las iniciativas de algunos gobiernos, existe una tendencia internacional a privatizar los diferentes servicios públicos, especialmente en los países como Nicaragua que dependen de esa importante y necesaria ayuda internacional.
Las argumentaciones esgrimidas por dichos organismos y por los gobiernos no representan criterios que realmente justifiquen estas acciones. Los servicios públicos esenciales como la luz, el agua y la telefonía, son fundamentales para el desarrollo social y económico de los países, y cuando estos servicios básicos llegan a poblaciones alejadas de los centros urbanos como es el área rural, logran beneficiosamente elevar la calidad de vida de esos pobladores.
La empresa privada, aunque algunas de sus inversiones las realice con sentido social y participe activamente en el desarrollo socioeconómico del país, básicamente sus inversiones se efectúan con un sentido de rentabilidad, mientras que los gobiernos, por el contrario, realizan gran parte o la mayoría de sus inversiones con un claro objetivo de desarrollo social.
Al privatizar los servicios públicos y partiendo de la premisa anterior, no me imagino cómo y poniendo como ejemplo la energía eléctrica, Unión Fenosa va a tener interés en llevar la luz a una comarca situada en el sector de Wiwilí o Waspam, las cuales podrían contar quizás con escasos pero importantes mil habitantes, cuando se sabe de antemano que su facturación no será suficientemente atractiva desde el punto de vista de rentabilidad, ya que como resultado final la inversión solamente traerá beneficios sociales para la zona, pues la recuperación del costo de dicha inversión en casos como el ejemplo anterior será a muy largo plazo, o tal vez irrecuperable.
Otra razón para no privatizar los servicios públicos, tan importante como la anterior, es la de las tarifas. Al privatizar, la nueva empresa establecerá tarifas que le sean rentables; en cambio, cuando los servicios son estatales, aunque las tarifas estén sujetas a revisiones periódicas sus aumentos con frecuencia pueden ser diferidos y en algunos casos hasta no aumentarlos por el sentido de servicio que debe tener el Estado. Esto último está pasando con Unión Fenosa, en la que los reclamos son a toda hora, todos los días y cada vez por un mayor número de ciudadanos, existiendo la posibilidad de una rebeldía masiva de no pago de los recibos por parte de los usuarios, provocando una verdadera insurrección eléctrica.
En Nicaragua, tanto los gobiernos como los ciudadanos debemos preocuparnos y ser más solidarios con las poblaciones que no disponen de estos esenciales servicios, y no promover ni permitir la imposición de las odiosas políticas de privatización.
El autor es médico.
