- La Fiscalía General de la República reporta una denuncia cada día por problemas de propiedad
José Adán Silva yJorge Loáisiga [email protected]
El rugido de motores de los camiones IFA, las órdenes militares y el bullicio de las tropas desplazándose por la propiedad, despertó al mandador de la finca. Eran tropas del Ejército Popular Sandinista (EPS) que habían llegado en horas de la noche a ocupar la finca San Martín, una propiedad rústica de 31 manzanas de tierras, ubicada al Sur de Managua, en la comarca Jocote Dulce.
Los militares hicieron de la finca una base militar. Argumentaron que la ocupación de la zona (propiedad de la sociedad Inmuebles Gallard Prio) era por razones de “seguridad nacional”.
Eso ocurrió exactamente el 22 de abril de 1982, cuando Nicaragua estaba en guerra y el gobierno sandinista temía una invasión norteamericana.
Contra la finca San Martín nunca se emitió una declaración de confiscación. No fue afectada por el decreto tres, ni se aplicó la ley de los ausentes, decretos y leyes mediante los cuales las propiedades de la familia Somoza, sus allegados y los bienes de quienes huyeron del país, pasaban a manos del Estado.
Después de las elecciones de 1990, al ganar las comicios Violeta Barrios viuda de Chamorro, el Ejército desmanteló la base militar.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Cuando las tropas abandonaron el lugar, los dueños de la propiedad, entre ellos Antonia María Gallard Prio, intentaron recuperar la finca, pero su sorpresa fue mayúscula al enterarse que uno de los miembros de la unidad militar, con el grado de comandante, tenía un título de Reforma Agraria que lo acreditaba como propietario.
Ese militar era Francisco Ramírez Urbina (q.e.p.d.), quien además había sido beneficiado con una casa en Managua, a través de la Ley 85, en el período de transición.
Los socios de la sociedad Gallard Prio iniciaron un juicio en el Juzgado Primero Civil de Distrito, que les significó mucho dinero y trámites para tratar de recuperar su finca.
Seis años después, en 1999, la sociedad Gallard Prío ganó en primera instancia el juicio y declaró nulo el título que ostentaba el militar, quien apeló la decisión judicial y logró que la Sala Uno de la Propiedad del Tribunal de Apelaciones, revocara la sentencia, dejando en el limbo a la sociedad reclamante que vio cómo de un plumazo perdió una propiedad que les había costado mucho dinero y esfuerzo al tratar de recuperarla. El caso está en revisión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
PROBLEMA ES CALDO DE VIOLENCIA
A finales de mayo, un grupo civil denominado Foro de la Sociedad, integrado por varias organizaciones gremiales, agropecuarias y jurídicas, hizo un llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que tome medidas inmediatas en los conflictos de propiedad que durante todo este año se han incrementado.
El Foro de la Propiedad está integrado por la Asociación de Trabajadores del Campo, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas, el Instituto Jurídico Social, asociaciones de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, de ex miembros del Ejército de Nicaragua, y otros gremios que reclaman solución al conflicto de la propiedad.
El directivo del Foro de la Propiedad, y director del Instituto Jurídico Social, Francisco López Pérez, señaló que es urgente que se busque solución al problema de la propiedad, sobre todo en el área rural, “porque cada vez es más intensa la presión social por resolver el problema por medios no legales, como invasiones, tomas de tierra, o pasadas de cuentas”.
CENTENARES DE TOMAS DE PROPIEDAD
Según esta organización, desde 1990 hasta la fecha se han dado más de 850 tomas de propiedades rurales que fueron beneficiadas con la reforma agraria en los años ochenta, pero que no fueron tituladas correctamente.
“Eso es un caldo de cultivo de la violencia rural, por donde usted vaya, en todo el país, va encontrar malestar general, resentimiento social, violaciones de derechos humanos y una serie de factores negativos que en cualquier momento pueden estallar”, advierte López Pérez.
Y no hay que ir muy largo para ver lo que el Foro de la Propiedad señala. Sólo en la Fiscalía General de la República, según el fiscal Julio Centeno Gómez, se reporta una denuncia cada día por problemas de propiedad.
En abril pasado, un grupo de miembros de la ex Resistencia Nicaragüense puso en vilo al país, al anunciar con armas en mano, que sólo muertos los sacarían de la finca La Pineda, en Matagalpa, la cual había sido tomada en demanda de tierras y títulos de propiedad.
El Ejército estuvo dispuesto, junto con la Policía Nacional, a entrar a desalojar a los toma-tierras, quienes finalmente abandonaron el inmueble, no sin antes desmantelar la finca.
En esa misma semana, más de diez de fincas del Norte del país fueron tomadas por grupos de desmovilizados del Ejército y la Resistencia, quienes exigen cumplimiento a la promesa de entregarles tierras y títulos.
MUCHOS DUEÑOS DE UNA MISMA PROPIEDAD
En la finca El Hular, en mayo pasado, se liaron a pedradas, golpes y machetazos, varios grupos de desmovilizados del Ejército y la Contra, por la posesión de dicha propiedad.
El informe policial indica que la finca la poseen cuatro grupos que mantienen conflictos entre sí: ex trabajadores de la extinta Cooperativa Juan de Dios Muñoz, beneficiados con títulos de reforma agraria; desmovilizados de la Resistencia, que poseen carta de asignación de la propiedad, otorgada por la Oficina de Titulación Rural; un tercer grupo de 50 desmovilizados del Ejército, con títulos supletorios, y finalmente otro grupo que alega ser legítimo dueño desde antes de la revolución.
SIN BEATRIZ Y SIN RETRATO
En otro caso, un pequeño productor llamado Adán Hernández Zelaya, de Jinotega, está demandando que el Estado le resuelva un problema iniciado después que se vio obligado a realizar una permuta de propiedades, previo acuerdo con el Estado.
En 1995, Hernández cedió su propiedad denominada El Porvenir, en Jinotega, para albergar a algunos desplazados de guerra, a cambio de la propiedad Macedonia, a petición del Gobierno. Después de ocurrido el cambio, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria le extendió un título de Reforma Agraria.
En 1996, Hernández fue demandado por el antiguo dueño de la propiedad que el Estado le había entregado. El demandante logró una resolución judicial que le ordenó a Hernández devolver la propiedad en un plazo determinado. Ahora Hernández se quedó sin su propiedad, sin la que le dio el Gobierno y sin un palmo de tierra.
CRUCIFICADOS Y DESNUDOS
En otro caso, un comerciante que intentaba vender una propiedad que había pertenecido a su familia en los últimos 70 años, se llevó gran susto cuando un banco le llegó a embargar el bien, diciéndole que la propiedad estaba hipotecada por unas personas que él no conoció jamás, pero que prestaron dinero dejando su preciada propiedad en garantía.
En el centro del país, el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, Humberto Sánchez Tapia, hizo un llamado urgente al Estado para que haga algo contra lo que él llamó “el negocio de tomar tierras”.
Según su denuncia pública, ex militares y desmovilizados de la Resistencia se han organizado para invadir fincas privadas, comprar las tierras a precio de guate mojado y luego revenderlas o negociarlas con sus propios dueños, o con un tercero que ofrezca unos dólares más.
Frente a la Asamblea Nacional, una centena de familias campesinas se crucificaron para llamar la atención hacia sus demandas.
Eran miembros de una cooperativa agrícola de Chinandega, que exigían títulos para la finca El Ensayo, una propiedad que reclama como suya la familia Mántica Deshón.
Tras varios días de crucifixión, y sin obtener respuesta de nadie, los campesinos tomaron una decisión audaz, y por primera vez en su historia, Nicaragua vio a unos campesinos desnudos que demandaban tierras, mientras eran sometidos por pudorosos policías que trataban de cubrirles sus cuerpos.
25 POR CIENTO DE TIERRAS SIN TÍTULOS
En junio del 2002, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el Tercer Censo Nacional Agropecuario, donde se reveló que el 25 por ciento del total de tierras explotadas está sin respaldo jurídico. Según el informe, en Nicaragua hay una superficie de 8,935,020 manzanas de tierras explotadas, de las cuales el 58.2 por ciento está jurídicamente respaldada, el 28.4 por ciento no tiene título de propiedad, el 6.4 por ciento está en tenencia mixta y el 4.5 por ciento en otras formas de tenencia. De acuerdo con estos datos, un total de 2,537,545 manzanas de tierras están sin títulos de propiedad.
