Freddy Potoy [email protected]
Es impresionante cómo los mandos policiales niegan a capa y espada haber cometido un crimen: Fomentar el narcotráfico desde las oficinas de la Policía Nacional de Nicaragua.
A excepción del director de la institución, Edwin Cordero Ardila, quien no por ser buena gente confesó el delito que cometían varios individuos en la Policía, el resto se aferra a una posibilidad remota: “Cerrar filas” para ocultar no sólo la práctica criminal del narcotráfico y recoger las “migajas verdes” de la Drug Enforcement Administration (DEA), sino que quieren hacer creer que son intocables porque se generaría una crisis institucional.
Éste es el argumento más cínico que he escuchado de gente que se supone que es seria y honesta. Nadie, absolutamente nadie causaría crisis institucional en pleno siglo XXI en Nicaragua si es despedido y procesado por fomentar el narcotráfico y repartirse dinero al margen de los procedimientos indicados en al legislación nicaragüense.
Quitar a Cordero y a otros mandos policiales no es asunto de política, es cuestión de justicia. No es posible que Nicaragua tenga a individuos que delinquen al amparo de un uniforme, un arma, un cargo, unos grados, un reglamento y una ley.
Cordero no confesó este delito porque quería ayudar al país. Habló por varias razones, entre ellas, obligado por el escándalo narcopolicial en Bluefields donde desde el jefe Antidrogas Oscar Larrave Chamberlain, hasta el último de sus policías incurrían en actos reñidos con la ley. Luego estalló el “Plan Escoba” en Matagalpa donde los mandos policiales creyeron salir limpios, no obstante, también hay serias acusaciones en contra de varios oficiales.
Esto no es político, es sencillamente comisión de un crimen y como tal debe castigarse con todo el imperio de la ley. Los líderes políticos de izquierda, derecha, “cristianos” y de otras tendencias, ahora se rasgan las vestiduras diciendo: “Hay que salvar a la institución…” Por supuesto que hay que salvar a la institución, mas no así a los policías corruptos y delincuentes que promueven el narcotráfico y agarran dinero al margen de la ley como que si fueran caza recompensas.
Es triste escuchar los argumentos de Daniel Ortega, Guillermo Osorno y el propio ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, por citar algunos, tratando de defender lo indefendible.
En este país las leyes se deben respetar. Lo que dice la DEA no es palabra divina y si los funcionarios de esta agencia sugirieron delinquir para combatir al narcotráfico, las autoridades nacionales estaban obligadas a hacerse respetar.
Los políticos ahora repiten su cuentecito que “sería peligrosísimo” quitar a los mandos policiales por este problema, porque generaría una crisis institucional de grandes proporciones. Para quienes sería peligrosísimo un cambio de autoridades es para los que delinquen dentro de las instituciones del Estado y los partidos políticos, pero no para la sociedad. Para la sociedad sería peligrosísimo dejar delincuentes en la institución encargada de la seguridad ciudadana y el orden público. Los que temen cambios en la Policía es porque algo tienen que ocultar. Ese temor no es gratuito y en algún momento también saldrá a relucir.
En Nicaragua ya no se debe permitir que los políticos y funcionarios estatales corruptos manoseen y mantengan secuestrado al país con tal de tapar sus actos delincuenciales. La ley debe prevalecer.
