Giselle Alemán Ayala [email protected]
Rufino Johnson, con su tez morena, delgadez y metro y medio de estatura, se ha convertido en una esperanza para la comunidad de Layasiksa, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), por ser un líder comunitario honesto y velar por los intereses de los indígenas.
“Antes de que Rufino estuviese en el cargo, los otros líderes comunales hacían acuerdos escondidos con los compradores de madera y se quedaban con todas las ganancias. Durante años los comunitarios no se vieron beneficiados de ninguna forma, ya que los anteriores síndicos se robaban la plata”, dijo Reynaldo Frías, primer secretario de la junta directiva del Consejo Regional de la RAAN.
Frías consideró el proceso de certificación como un avance, ya que a través de las capacitaciones brindadas a los pobladores se logró revalorizar el precio de venta de la madera.
Frías explicó que con las capacitaciones los indígenas cuentan con la capacidad de tomar sus propias medidas contra el despale, “además, se están organizando para resguardar los bosques a través de Planes Operativos Anuales, los cuales son estrategias que identifican la cantidad y ubicación de los árboles que se talarán durante un año”.
Sin embargo, Frías y Johnson denunciaron que la ayuda del gobierno central ha sido nula o insuficiente en el proceso de certificación, ya que éste dicta políticas alejadas de las necesidades reales de las comunidades.
“El Inafor (Instituto Nacional Forestal) sólo se hace presente para subastar la madera ilegal que ha sido incautada. Es ahí donde terminan su labor, olvidándose del rol de fiscalizador, el cual han dejado en el olvido”, dijo Frías.
Sin embargo, este señalamiento es refutado por el titular del Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), José Augusto Navarro, quien consideró que “el Mag-For sí considera como algo importante el apoyo a la certificación, por lo cual ya lo está implementando en otras áreas como carnes, lácteos y mariscos, aunque en este proceso no hemos podido apoyar de forma directa”.
Al ser consultado del porqué la certificación en Nicaragua únicamente es impulsada por la empresa privada, explicó que en el exterior la certificación estatal carece de confianza, por lo que en términos de exportaciones la certificación privada goza de mayor confiabilidad.
