Ariel Montoya*
La Nueva Era, esa revuelta silenciosa generadora de transparencia en la gestión pública que gira alrededor de los valores éticos desde el poder estatal, provoca determinadas resonancias especulativas y afirmativas sobre la piedra filosofal de la cual está compuesta. Recientemente, alguien preguntaba a Roberto Porta Córdoba, un burócrata de barba troskista y camuflados portafolios literarios, que cuál era la diferencia entre coima e ipegüe a raíz de un artículo que éste escribiera sobre lo que no es la Nueva Era.
Las explicaciones estarían de más. Sobre todo las de orden gramatical y conceptual. Aunque dadas las complicaciones tradicionalmente gubernamentales que implican ambos términos, valdría la pena establecer algunas diferencias partiendo de la ruptura que el Gobierno actual esta sentando como precedente, de erradicar la corrupción institucional hasta llevarla a un nivel de saneamiento y transparencia sin precedentes en lo que va de vida republicana, en la cual la coima no tiene cabida.
Pero, además, la coima ha existido siempre. O casi siempre. El ipegüe también. En la una desde la incrustación de la corrupción en las transacciones ilícitas del mundo mercantil. En el otro desde la ancestral añadidura a quien realiza una compra en los tiangues o mercados milenarios. Mientras la primera es sinónimo de mordida, una jugada ilícita; el segundo es una práctica lícita que no involucra el tráfico de dinero ni ninguna transacción monetaria ni financiera, lo que es evidente en la coima.
En la práctica administrativa, desde el somocismo hasta el gobierno anterior la coima se ha dado en diversas escalas. Desde las típicas pequeñas mordidas de funcionarios de Aduana, de la Policía o de cualquier otra institución ligada a trámites comunes, a infracciones, o en la agilización de la entrega de documentos, hasta las de los grandes “bisnes” ligados a las compras del Estado de medicinas, avituallamientos, materiales de construcción, importaciones de vehículos y tantas otras, hasta llegar inclusive a aquéllas fraudulentas prácticas establecidas bajo otros remedos legales en piñatas, confiscaciones, concesiones y privatizaciones que han llegado a enriquecer a unos cuantos y a empobrecer a muchos. Al pueblo mismo, cuando los funcionarios corruptos imponen a los ejecutivos de empresas nacionales y transnacionales, inclinan la balanza a su favor en la concesión de las licitaciones públicas.
En este sentido, bajo la administración de la Nueva Era del presidente Enrique Bolaños, la aspiración de eliminar la coima como una práctica institucionalizada no deja de ser grande, ambiciosa, poseedora de una ilusión tenaz y esperanzadora: la de sanear la moral del funcionario público, lo que quizás será difícil pero no imposible dentro de la construcción de una nueva sociedad que ya sentó determinadas pistas sobre la honradez gubernamental desde el 2002.
Estos señalamientos podrían despejar algunas dudas razonables sobre la coima de cara a esta nueva etapa política del país. Sin embargo, vale la pena también enfocar la interpretación comunitaria y social con que el propio Presidente de la República ha aplicado al término ipegüe. Éste, vale la pena aclararlo, cuando se da es de carácter voluntario, y apela a la sensibilidad social de quien luego de ganar una licitación de construcción de carreteras, por ejemplo, accede a la petición de pavimentar un tramo extra de camino para favorecer a determinados pobladores que obtendrán un beneficio social si dicha petición es concedida.
En este caso lo que hay es un beneficio extra, legítimo y de buena fe que en nada contrasta con los valores éticos y fundamentales de las normativas de la oferta y la demanda. Aquí no hay obligatoriedades de ninguna especie, como en la coima, ni beneficios personales como los establecidos en los pactos y repactos del pasado y del presente, ni actitudes que atenten contra las reglas claras de la libre competencia.
Mientras la coima es un vicio que establece dádivas con las que se soborna, una práctica con la que se beneficia a unos pocos mañosos y se erosiona el patrimonio del Estado, el ipegüe, como se concibe en el presente, viene a representar una prolongación de la solidaridad gubernamental en beneficio de los más necesitados.
* El autor es director de Publicaciones de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
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