Ayer se publicó en LA PRENSA, en campo pagado, una información del Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic) sobre la Colonia del Periodista.
Según esa información, la Ley No. 450 que reajusta (reduce) el precio de las casas de dicha colonia, perjudica gravemente los programas del Bavinic que dejará de percibir 36 millones de córdobas del BID para financiar la construcción de viviendas populares y además tendrá que re-embolsar nueve millones de córdobas a algunos adjudicatarios.
La Ley 450 fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, la vetó el Presidente de la República, los diputados rechazaron el veto, y después que sea promulgada seguramente será impugnada por inconstitucionalidad.
El Bavinic se pregunta “qué corona tienen algunos periodistas para que además de haber sido beneficiados con rebajas superiores al 50 por ciento del valor original de sus casas, ahora se les tenga que re-embolsar cuotas”.
La pregunta es pertinente, porque esos reembolsos tendrán que salir de los impuestos que paga la gente que trabaja honradamente, de la misma manera que ha sido obligada a pagar la piñata sandinista y las pérdidas del Estado por la corrupción del gobierno anterior y las quiebras bancarias fraudulentas.
Por otro lado, en nuestra misma edición de ayer, en una nota informativa que fue titulada “Campaña contra los periodistas”, el presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Carlos Salgado, asegura que la publicación del Bavinic es una campaña del gobierno contra los periodistas que “pretende afectar la imagen de los habitantes de la Colonia del Periodista, en lugar de buscar que los verdaderos culpables de la estafa y la malversación de fondos que hicieron con este proyecto sean enjuiciados”.
En realidad, tanto el Bavinic como los periodistas afectados por este escándalo deberían proceder judicialmente contra las personas que según el líder de la UPN malversaron fondos del proyecto de la Colonia del Periodista y estafaron a sus adjudicatarios.
Pero, aparte de eso, se sabe de periodistas —precisamente los que defendieron y siguen defendiendo la corrupción de Arnoldo Alemán y su pandilla—, que “pagaron” sus casas en la Colonia del Periodista con casi 200 notas de crédito que les regaló la administración anterior, algunos de los cuales fueron premiados hasta con 12 y 16 documentos financieros de ese tipo, cada uno.
En otros casos, los adjudicatarios tenían vivienda propia y las que consiguieron en la Colonia del Periodista las vendieron o las tienen alquiladas, como un lucrativo negocio particular.
Sin dudas que para algunos periodistas adjudicatarios la revaloración de las casas es justa y necesaria porque fueron construidas defectuosamente y sobrevaloradas. Pero esto debió hacerse mediante una disposición administrativa y no con una ley que es antijurídica e injusta, porque beneficia a un pequeño sector mientras muchísimos nicaragüenses han pagado o están pagando la totalidad del precio que les pusieron a sus viviendas, o necesitan un techo que ahora no podrán obtener por falta de fondos del Bavinic.
Por cierto que los sindicatos de periodistas y el Bavinic deberían publicar la lista de los adjudicatarios que fueron beneficiados con las notas de crédito, pues así como se publican los nombres de los funcionarios corruptos también los de periodistas que participan en la corrupción deben ser conocidos por la ciudadanía.
Se dice, con toda razón, que los medios de comunicación y los periodistas son la conciencia crítica de la sociedad y fiscales implacables que investigan y denuncian la corrupción y a los funcionarios corruptos. Pero por eso mismo también ellos deben ser objeto de la crítica y denunciarse a sí mismos en casos como éste en que su prestigio social y su autoridad moral se ponen en entredicho. En realidad, si los medios y los periodistas no se autocritican ni tienen coraje para reconocer honestamente sus limitaciones y denunciar sus propias fallas, no pueden tener autoridad para criticar y denunciar a los demás.
De modo que hay que denunciar públicamente a quienes malversaron fondos del proyecto de la Colonia del Periodista y estafaron a los adjudicatarios honestos, pero también a los periodistas que hicieron negocio con las viviendas y con las notas de crédito y todavía el pueblo tiene que reembolsarles nueve millones de córdobas.
