El nuevo grupo de acción cívica, “Ciudadanos por la reforma del Estado”, ha propuesto varias enmiendas políticas institucionales, entre otras la de que los diputados sean electos mediante el procedimiento uninominal, es decir, que se vote directamente por cada candidato debidamente identificado en vez de hacerlo como hasta ahora, que se vota a listas cerradas presentadas por los partidos y los electores tienen que “elegir” a ciegas.
No es la primera vez que se demanda esta reforma, que por cierto es apoyada mayoritariamente por los ciudadanos, en las encuestas. También la han demandado o sugerido otras agrupaciones cívicas como Ética y Transparencia, Hagamos Democracia y Fundemos, así como algunos partidos políticos minoritarios del país.
En realidad, la elección de los diputados por medio del procedimiento uninominal, garantiza aparentemente que se cumpla cabalmente la voluntad política de los electores. Y la razón principal por la que la mayoría de los ciudadanos pide y apoya la elección uninominal o directa de los diputados, es porque los legisladores actuales no se comportan como auténticos representantes y mandatarios del pueblo, sino que actúan como epígonos de las cúpulas partidistas y además se recetan jugosos sueldos, diversos complementos que los convierten en funcionarios especialmente privilegiados y como regla general están directamente comprometidos con la corrupción.
Pero la elección uninominal es característica del sistema bipartidista de gobierno. En realidad, con ese sistema, a pesar de que todos los partidos tienen derecho a presentar candidatos en las elecciones legislativas sólo los dos mayoritarios se adjudican prácticamente todos los escaños. La explicación es muy sencilla, pues, por ejemplo, si Managua fuera dividida en cinco distritos electorales y por cada distrito se eligieran 3 ó 4 diputados, los dos partidos más fuertes —el PLC y el FSLN en este caso— se adjudicarían todos los escaños. Y esto ocurriría con mucha más facilidad en los distritos pequeños, en los que se elija sólo un diputado, o dos, que le corresponderían a los partidos mayoritarios e inclusive sólo a uno de ellos.
El mecanismo de elección uninominal, también llamado mayoritario, existe en el mundo democrático desde hace tiempo, y ha funcionado exitosamente en países de tradición y cultura política anglosajona, como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, en los que también hay abusos de poder y corrupción, pero como excepción, a diferencia de las naciones de tradición y cultura política hispanoamericana, en las que, por el contrario, lo excepcional es la integridad y la honradez en la práctica de la política y el ejercicio del poder.
Ahora bien, si lo que se pretende con la reforma política que se está proponiendo es que el voto de cada ciudadano vaya directamente al candidato de su preferencia, y que los diputados respondan también directamente a los electores —pero al mismo tiempo fortalecer el sistema pluralista y de representación proporcional que requiere una sociedad tan diversa como la nicaragüense—, entonces habría que buscar un mecanismo mixto que combine las virtudes y ventajas de ambos sistemas. Pero ante todo se debe procurar que los diputados sean personas idóneas, íntegras, honorables, competentes y eficientes.
Al respecto, y basados en el principio de que no son las instituciones las perversas e ineficientes sino las personas que las ocupan, es necesario suprimir la inmunidad —y dejar sólo la inviolabilidad parlamentaria—, que más bien es impunidad de políticos corruptos y abusivos. También hay que adoptar un reglamento de ética parlamentaria; eliminar las suplencias, que son prebendas e incentivos al oportunismo y la corrupción; suprimir los fondos adicionales al sueldo de los diputados, que se les regalan para sus labores proselitistas y que desnaturalizan la función del legislador con actividades administrativas que son propias y exclusivas del Gobierno Central y los gobiernos locales o municipales.
Igualmente es necesario establecer la suscripción popular para la elección de diputados, a fin de que ciudadanos independientes puedan ser candidatos y resultar elegidos en los comicios parlamentarios. Los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo no deben seguir monopolizando la participación electoral, puesto que han perdido el derecho de ser los únicos mediadores de los ciudadanos con el poder, por la irresponsabilidad, incompetencia y corrupción con que han ejercido la función representativa y legislativa.
