Luis Alfredo Martínez
Tegucigalpa/ACAN-EFE.-Las ejecuciones sumarias de jóvenes y menores aumentaron este año en Honduras, en un clima de violencia que no se apaciguó a pesar del despliegue masivo de policías y militares para combatir la delincuencia.
El presidente de Honduras, Ricardo Maduro, proclamó varios logros de esa operación contra la delincuencia, pero reconoció que todavía son insuficientes y que continúan los asesinatos de jóvenes.
“Debo decirlo con toda honestidad, las cifras actuales (sobre ejecuciones) no son satisfactorias”, admitió Maduro en una reciente rueda de prensa, y dijo que “en este año la tendencia sigue preocupante”, pero recordó que ha ordenado investigar los hechos.
La organización humanitaria Casa Alianza, principal denunciante de las ejecuciones, señaló que entre 2001 y el período enero-noviembre de 2002 los asesinatos aumentaron de 418 a 485.
“Las estadísticas hablan por sí solas”, subrayó el asesor legal de Casa Alianza, Gustavo Zelaya, cuya institución registra al menos 1,540 casos desde que en 1998 empezó a denunciar las ejecuciones, que para algunas autoridades son parte de “guerras” entre pandillas.
“El problema es que no hay una explicación oficial de lo que está pasando”, señaló Zelaya a ACAN-EFE, y enfatizó que Casa Alianza y otros organismos insisten con sus denuncias, “pero no pasa nada”.
GUERRA A DELINCUENCIA
Después de tomar posesión el 27 de enero pasado, Maduro lanzó la operación contra la delincuencia con el despliegue de unos 12,000 policías y militares.
También aumentó la cantidad de efectivos de la Policía Nacional Preventiva y mejoró su presupuesto, armamento y equipo, en algunos casos con ayuda internacional.
Pero Maduro reconoció en una reciente rueda de prensa que, si bien los hechos delictivos disminuyeron —o al menos no siguieron creciendo— no ocurrió lo mismo con los asesinatos de jóvenes.
Sin embargo, recordó que en septiembre pasado creó una comisión investigadora de los asesinatos, señalados también en un informe de la relatora de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, Asma Jahangir, quien visitó Honduras hace unos meses.
“Por primera vez hemos admitido el problema” de las ejecuciones, que se remontan a 1998, puntualizó Maduro.
En un informe ante el Congreso Nacional, el 14 de noviembre, el mandatario declaró que los resultados de la operación contra la delincuencia “han sido notables aunque no suficientes”.
Según el gobernante, entre otros logros, los homicidios disminuyeron un cinco por ciento, los robos a personas 22 por ciento y los asaltos a bancos 40 por ciento.
Los secuestros se redujeron en un 35 por ciento, dijo Maduro, y en un 50 por ciento según el Ministerio Público, que precisó que pasaron de 36 en 2001 a 18 en 2002.
La Iglesia Católica hondureña demandó, en una carta pastoral el 30 de noviembre, el cese de la violencia en el país y denunció la “pasividad” e “indiferencia” de las autoridades ante los asesinatos.
“Necesitamos un alto a tanta sangre derramada por el pueblo, que está agobiado por la pobreza y el crimen”, señaló.
Aunque sus cifras difieren, Casa Alianza y los demás denunciantes coinciden en que la mayoría de víctimas de ejecuciones son menores y jóvenes, y en que la mayor parte de victimarios son desconocidos.
UNA INQUIETANTE DENUNCIA
El portavoz del Ministerio de Seguridad, Danilo Orellana, dijo a ACAN-EFE que “casi todos” los casos son producto de enfrentamientos entre pandillas o “maras” que proliferan sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia de Honduras.
-Un bajo porcentaje de la autoría se atribuye a la Policía, pero el 25 de septiembre la jefa de Asuntos Internos de ese cuerpo, subcomisionada María Luisa Borjas, denunció la implicación de policías en al menos 20 asesinatos.
-Borjas fue suspendida porque el Consejo Nacional de Seguridad Interior determinó que no aportó pruebas de su denuncia, pero ella adujo que ese organismo ni siquiera le pidió los expedientes en que basó sus señalamientos.
-Poco antes de ser suspendida, Borjas envió copias de esos documentos al presidente Maduro, a quien advirtió de que, una vez ella fuera del cargo, podrían ser “manipulados” para beneficiar a los involucrados. `
