Alfonso Ortega Urbina*
En mi carácter de presidente de la comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, he visitado a los diplomáticos extranjeros acreditados en Nicaragua y en todos sin ninguna excepción pude sentir su compromiso de apoyar el combate contra la corrupción, por considerarla un mal endémico global que afecta a casi todos los países, causando daños significantes al estándar de vida de sus poblaciones, especialmente a la de los países pobres altamente endeudados que no podrán salir de esa lamentable categoría, aunque se les condonen las deudas, si no se extirpa o por lo menos se reduce al mínimo posible, el vicio de la corrupción a nivel público y privado, y que los gobiernos honestos, de verdad vuelquen sus energías en la dirección correcta del combate al subdesarrollo y la pobreza.
El resultado de mis visitas diplomáticas ha sido un reconfortante sentimiento de esperanza, porque la comunidad internacional comparte con los países menos desarrollados, la preocupación de terminar con la corrupción, así como se han combatido las enfermedades como el paludismo, la viruela y otras plagas que aniquilan igual que la corrupción el bienestar de los pueblos.
Aplaudo y agradezco a mis colegas diplomáticos el apoyo y consejos desinteresados que puedan prestar a Nicaragua en su lucha contra la corrupción, sin peligro de que se les pueda tildar de intervensionistas, porque la intervención internacional, a diferencia de la ayuda humanitaria como la lucha contra la corrupción, se caracteriza por estar motivada para obtener ventajas económicas, políticas o estratégicas a favor del país interventor a costas del país intervenido. Así que no hay que confundir intervencionismo con ayuda humanitaria desinteresada. Valga la presente aclaración para los apoyos privados o públicos como las declaraciones del viernes de la semana pasada de la señora Bárbara Moore, Embajadora de los Estados Unidos de América, en Managua.
Aunque no quisiera alargar estas líneas, creo sin embargo conveniente aclarar la diferencia que existe entre combatir la corrupción preventivamente y castigar los actos de corrupción una vez cometidos.
La primera es una acción que se efectúa en el presente con proyección al futuro y la segunda también es una acción que se realiza en el presente, pero con proyección al pasado.
El combate a la corrupción para evitar que se produzca en el presente y en el futuro es una acción político-social que es obligación del Poder Ejecutivo impulsarla, así como también de la sociedad civil, de las escuelas primarias y de educación superior, es decir de la sociedad en general comenzando en el hogar familiar.
El castigo a los delitos de corrupción cometidos, cae dentro del campo de la acción penal y corresponde exclusivamente al Poder Judicial resolver sobre la inocencia o culpabilidad del acusado e imponerle el castigo correspondiente.
Es importante procurar no politizar tanto el combate preventivo a la corrupción como el proceso judicial para el castigo del delito cometido, porque ambos son de interés nacional, no partidario.
*El autor es diputado liberal.
