El discurso de la embajadora estadounidense en Managua, señora Bárbara Moore, el viernes de la semana pasada, en el que exhortó a los diputados a no permitir que la Asamblea Nacional siga siendo un refugio de “quienes le han robado al pueblo nicaragüense”, devolvió la esperanza a la ciudadanía en que todavía se puede desaforar a Arnoldo Alemán y llevarlo ante la justicia a responder por las acusaciones de corrupción.
En realidad, aunque es penoso reconocerlo, al parecer es indispensable que intervenga políticamente una fuerza extra nacional –en este caso el Gobierno de EE.UU. por medio de su embajadora en Managua– para que se pueda aplicar la ley y la justicia a los corruptos, porque la mayoría de los diputados liberales se han empecinado en impedirlo, inclusive aquellos que no estuvieron comprometidos con la corrupción del Gobierno anterior pero que siguen apoyando a Alemán porque el presidente Enrique Bolaños “no les ofrece nada”.
Los diputados arnoldistas recalcitrantes reaccionaron al discurso de la embajadora estadounidense con hipócritas invocaciones de la soberanía nacional y la “dignidad patriótica”, que mejor deberían demostrarla con un ejercicio digno de sus funciones parlamentarias y atendiendo –como se los manda la Constitución y se los exige el decoro político y personal– el clamor popular de que se desafuere a Alemán y se le lleve a los tribunales, para que demuestre si es cierto que es inocente de los cargos de corrupción, y en caso contrario que reciba el castigo merecido.
La corrupción y la impunidad de los corruptos no son atributos de la soberanía nacional. Frente a la lucha contra la corrupción no cabe invocar los principios de la soberanía nacional y la no intervención en los asuntos internos. Por el contrario, la corrupción –lo mismo que el terrorismo, el genocidio y el narcotráfico– es un delito de lesa humanidad, y por lo tanto, la lucha contra los corruptos trasciende las fronteras de los Estados y es una obligación primordial de la comunidad democrática internacional.
Además, es lógico, comprensible, justo y legítimo que los representantes de los países que aportan recursos económicos de sus contribuyentes para ayudarle al pueblo de Nicaragua a salir de la pobreza, a promover el crecimiento económico e impulsar el progreso social, quieran y exijan que se ponga fin a la corrupción y a la impunidad de los políticos corruptos, porque éstos son un obstáculo fundamental al cumplimiento de los bien intencionados propósitos de la cooperación externa.
Ciertamente, si la cooperación internacional para la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo económico y social no se considera como una intervención en los asuntos internos del país, tampoco debe serlo el hecho de que la representante de un Gobierno donante exhorte a los políticos nicaragüenses a no seguir robándose el dinero del pueblo ni protegiendo a quienes se lo roban. Y, en todo caso, los diputados liberales que por la razón que sea siguen apañando a Alemán, lo que deberían sentir es vergüenza de que una representante diplomática extranjera tenga que recordarles públicamente su responsabilidad constitucional y moral, porque ellos no han querido acatar la voluntad del pueblo nicaragüense manifestada en casi un millón de firmas y en los pronunciamientos de los diversos sectores de la sociedad que demandan desaforar y enjuiciar a los acusados de corrupción.
Por nuestra parte, así como en el pasado criticamos al Gobierno de Estados Unidos cuando intervino para mantener en el poder a políticos opresores y corruptos, ahora tenemos que celebrar su preocupación por el destino de la cooperación que se brinda a Nicaragua y su propósito de ayudar a los nicaragüenses a sacudirse el pesado fardo de la corrupción y de la impunidad de los corruptos.
Pero la embajadora Bárbara Moore no debe quedarse en el excelente discurso que pronunció el viernes pasado. Ella debería dar inmediatamente el siguiente paso, es decir, prohibir la entrada a Estados Unidos de los diputados corruptos y defensores de la corrupción, a tenor de lo que dijo en esa oportunidad, que “aquellos que protegen a los corruptos de ser castigados, no son amigos de Estados Unidos, y claro que no deben esperar ningún favor o privilegio de parte del Gobierno de Estados Unidos”.
