Emilio Álvarez Montalván
La posposición “Sine Die” del desafuero de diputados bajo investigación es triste noticia para la democracia nicaragüense, deterioro de la imagen gubernamental y evidencia de graves fallas en nuestra clase política y sociedad civil. Ese indeseado impasse tiene varios componentes. El primero es el atraso de nuestra cultura política incapaz de conformar instituciones que resuelvan crisis, por no disponer de suficientes ciudadanos con sentido de nación. Y el segundo, que la fuerza del caudillismo todavía controla o bloquea el funcionamiento de los mecanismos del Estado que corrige los delitos de gente influyente. Eso convierte a Nicaragua en un barco a la deriva, con pérdida del atractivo para invertir y generar empleos.
¿Qué hay en el fondo de esa frustración? Lo primero es que estamos en medio de un proceso de cambio de nuestros valores de cultura política, sin tener agallas ni instrumentos para ello. Tenemos, es verdad, un director de orquesta decidido, con la partitura apropiada, pero algunos de sus músicos, o no le siguen, o desafinan. No se crea que esas limitaciones sólo existen de este lado, pues además de los que abiertamente rechazan el cambio, hay solapados en los distintos estamentos políticos, sociales, económicos y religiosos que pretenden seguir disfrutando de las mieles del poder.
Uno de ellos es el “patrimonialismo” (corrupción funcionaria) aún sobreviviente dentro y fuera del gobierno. Son personas que esperan gangas de posiciones políticas, en vez de confiar en su propio esfuerzo. Sin embargo, debemos ser optimistas, pues si bien es difícil transformar una cultura política, esa tarea ya empezó en 1990 con elecciones libres, si bien ha tenido alzas y bajas, como toda transición. Así fue indispensable separar en 1993 al Ejército del Partido Sandinista y fue un logro en 1997, consolidar la paz al negociarse la desaparición de bandas armadas, aunque se incumpliese todo lo prometido. Al revés fue retroceso el pacto libero-sandinista pues convirtió a la oposición en un consentidor de hecho de las irregularidades gubernamentales, al no activar los controles del poder público. Finalmente la campaña anticorrupción promovida por este gobierno ha sido oportuna y necesaria.
Por otra parte la tarea contra la venalidad funcionaria iniciada con vigor por el jefe de Estado hace un año, no ha tenido el seguimiento de sus funcionarios, más allá de los encargados por ley. Así lo reconoció con sinceridad don Eduardo Urcuyo Llanes, igualmente a excepción de los 90 firmantes del documento denunciatorio y del grupo patriótico de “Conciencia Nacional”, es precaria la participación popular en manifestaciones públicas. La mayoría se comporta como si presenciase una lucha de gladiadores que no les concierne.
Por lo demás, estamos en un círculo vicioso. Por un lado don Enrique, ante la acusación revanchista de un supuesto delito electoral, no renuncia a su inmunidad, alegando falta del reglamento que aplicaría la Corte Suprema de Justicia. Ésta a su vez no abre expediente mientras conserve su intangibilidad el presidente, aduciendo carencia del procedimiento debido. A ese boleo agreguemos la paralización de la Asamblea Nacional que no cuenta con la “nueva mayoría” de 47 votos.
A nuestro juicio la CSJ debe cortar el nudo gordiano, presentando un proyecto de ley a la Asamblea Nacional llenando el vacío denunciado, poniendo así en evidencia la morosidad de los protagonistas del drama.
La pregunta es, ¿por qué nadie quiere asumir responsabilidades y esperamos que un poder extraño nos saque del apuro? La solución no es ese recurso, ni convocar a un costoso referéndum. Es más barato y patriótico movilizar a la opinión pública unida sin distingo de colores para presionar a los diputados a decidirse. Pero ello exige un liderato con sentido nacional, abandonando la insistencia de designar delegados que convenzan a quienes no quieren ser convencidos a cambiar. Si estas iniciativas no resultan, el juego corre el riesgo de quedar empatado.
El autor es analista político y miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
