Esta semana en los medios de comunicación se debatieron dos propuestas de salida a la crisis política del país: La imposición del Estado de Emergencia Nacional (que es una facultad extraordinaria del Presidente de la República, prevista en el artículo 185 de la Constitución); y un referendo para consultar a los ciudadanos nicaragüenses si quieren o no que se desafuere al ex presidente Arnoldo Alemán.
Pero es obvio que ninguna de esas dos propuestas es viable, y por lo tanto fueron rechazadas por la mayoría de las personas y representantes de sectores políticos y sociales que opinaron sobre ellas. En realidad, tales propuestas parecieron más bien globos políticos lanzados al aire para conseguir notoriedad o con la pretensión de mostrarse ante la ciudadanía con capacidad de iniciativa y de buscar soluciones a los problemas nacionales.
En el primer caso, alguien con poco sentido de responsabilidad difundió el rumor de que “fuentes gubernamentales” habrían filtrado que el presidente Enrique Bolaños estaba considerando imponer el Estado de Emergencia, ante la imposibilidad de lograr el desafuero de Alemán después que el controversial diputado Fernando Avellán rompió la precaria mayoría de 47 votos, al retractarse prácticamente de su posición anterior e inclusive marcharse del país con el pretexto de que fue atacado súbitamente por una enfermedad en el corazón.
Pero el mismo presidente Bolaños desmintió que estuviera considerando suspender las garantías constitucionales y declaró que aunque le han aconsejado dar un “fujimorazo” (autogolpe de Estado), él “no está loco” para imponer el Estado de Emergencia. En realidad, esto es algo que Bolaños no consideró ni siquiera cuando podía ser factible, a mediados de septiembre pasado, que parecía imposible defenestrar a Alemán de la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahora la imposición del Estado de Emergencia, aunque legal, sería extemporánea y aventurera, y haría perder al presidente Bolaños credibilidad y legitimidad porque él también está acusado en los tribunales y sometido a un antejuicio político en la Asamblea Nacional. De manera que en estas condiciones el Estado de Emergencia parecería más bien un recurso desesperado del presidente Bolaños para protegerse él mismo, porque igual que Alemán no ha querido renunciar a su inmunidad a pesar de que se comprometió públicamente a hacerlo.
El otro globo que voló esta semana en el cielo oscuro de la política nacional, es el del referendo que planteó el secretario general del FSLN, Daniel Ortega Saavedra. Éste se apropió de una idea original de su suplente socialcristiano en la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín Anaya, quien sugiere además que el referendo sea también para decidir si Bolaños debe seguir o no ejerciendo la Presidencia de la República.
Al parecer estos dirigentes políticos ni siquiera saben qué es un referendo, cuya función, como es bien sabido, es refrendar o rechazar una decisión o ley, y en estricto derecho significa la “institución política mediante la cual el pueblo o el cuerpo electoral opina sobre si aprueba o rechaza una decisión de sus representantes elegidos para asambleas constituyentes o legislativas” (Jorge Mario García Laguardia: Diccionario Electoral). Y así lo define claramente la Ley Electoral de Nicaragua en su artículo 134: “Referendo es el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación”.
De modo que los líderes sandinistas confunden el referendo con el plebiscito, el que según la misma Ley Electoral (artículo 133) “es la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo y cuya trascendencia incida en los intereses fundamentales de la nación”.
O sea que ni siquiera legalmente fue bien planteada dicha propuesta sandinista, mucho menos que fuera viable políticamente y por eso todos los sectores de la sociedad la rechazaron de plano. En realidad, lo que cabe y es imperiosamente necesario es que se cumpla la ley y que se haga justicia; es decir, que se apruebe el dictamen para el desafuero del ex presidente Arnoldo Alemán y que éste sea llevado a los tribunales a responder por los cargos de corrupción y abuso de poder.
¿O es que ni siquiera algo tan elemental como eso es capaz de hacer la clase política nicaragüense?
