Otto J. Reich
Combatir el tráfico de seres humanos y proteger los derechos de los emigrantes, desde Terranova hasta Tierra del Fuego, debe ser una prioridad máxima para todos nosotros en el nuevo milenio.
Los líderes de los 34 jefes de Estado y Gobierno democráticos reconocieron esta necesidad en la Cumbre de las Américas de la Ciudad de Québec en abril de 2001, y emitieron un mandato que instruía a todos los gobiernos del Hemisferio Occidental a tomar medidas inmediatas para atender estas cuestiones apremiantes de derechos humanos y aplicación de la ley. Se comprometieron a proteger los derechos de los trabajadores emigrantes y sus familias dando pasos para: 1) proveer, con respecto a las condiciones de trabajo, la misma protección legal que a los trabajadores nacionales, y 2) facilitar, según sea apropiado, el pago de los salarios completos adeudados cuando el trabajador regresa a su país. Los trabajadores emigrantes contribuyen significativamente al desarrollo económico, tanto de los países que los envían como de los que los reciben. Los líderes se comprometieron también, con miras a erradicar este crimen, a emprender la cooperación e intercambio de información entre los Estados más amplias que sean posibles, en lo concerniente a las redes del tráfico ilegal, inclusive mediante el desarrollo de campañas preventivas sobre los peligros y riesgos que encaran los emigrantes, particularmente las mujeres y los niños, que a menudo pueden ser víctimas de un tráfico tal.
El 20 de noviembre se inaugura en Santiago de Chile la Conferencia Hemisférica sobre Migración: Derechos Humanos y Tráfico de Personas en las Américas, la primera reunión de su tipo en este hemisferio. La reunión la organizan la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional de la Migración (OIM), y reúne a representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales para desarrollar una estructura con el fin de promover los derechos de los emigrantes y sus familias y combatir el tráfico de seres humanos.
Algunos gobiernos del hemisferio han dado ya pasos significativos para combatir el tráfico. En Colombia el gobierno aprobó en el 2001 una ley contra el tráfico e investiga activamente los delitos conexos. Ha iniciado también una campaña de concienciación pública sobre los peligros del tráfico y adiestra policías adicionales para combatir el tráfico y ayudar a las víctimas. Brasil tiene un plan de acción nacional para coordinar sus esfuerzos contra el tráfico. La República Dominicana ha emprendido campañas de información preventiva y ha adiestrado a oficiales consulares para identificar a los traficantes y brindar ayuda a las víctimas del tráfico.
Estados Unidos aprobó la Ley de Protección a las Víctimas del Tráfico 2000 y, durante la administración Bush, va en aumento la cantidad de acusaciones e investigaciones federales de traficantes. Además, el Departamento de Estado ha establecido una Oficina para Vigilar y Combatir el Tráfico de Personas, que prepara un informe anual que sigue el desarrollo de los progresos de los gobiernos de todo el mundo en el combate al tráfico, y la administración cuenta con un nuevo Centro de Coordinación sobre Introducción Ilegal de Emigrantes y Tráfico de Personas a fin de ayudar en los esfuerzos de aplicación de la ley.
Muchos otros gobiernos de la región dan pasos importantes para combatir el tráfico de personas. En la 31ra. Asamblea de Delegados de la Comisión Interamericana de la Mujer, celebrada el mes pasado, todos los Estados miembros de la OEA acordaron por unanimidad una resolución pionera para combatir el tráfico de personas en el hemisferio.
Hay muchas medidas estratégicas que podemos tomar, para salvar de inmediato incontables cantidades de víctimas de esta forma de esclavitud moderna, que incluye tanto la explotación sexual como laboral. Un programa efectivo para combatir el tráfico debe incluir la prevención, el encausamiento de los traficantes y la ayuda a las víctimas. Debemos educar a las víctimas potenciales —especialmente a las mujeres y los niños— acerca de los peligros del tráfico y cómo identificar los ardides del tráfico. Los policías, los funcionarios de inmigración, el personal consular y el personal judicial necesitan adiestrarse acerca de cómo distinguir a los traficantes y sus víctimas de los contrabandistas y los extranjeros. Las víctimas de la trata de esclavos necesitan a menudo alojamiento, ayuda médica, psicológica y legal, y no deben ser tratadas como criminales. Lo que es más importante, los países deben aprobar leyes contra el tráfico y castigar a los traficantes y los funcionarios gubernamentales que facilitan este crimen mediante la corrupción u otras formas de complicidad.
Por esta razón, instamos a todos los países participantes a considerar la firma y ratificación de la convención y protocolo pertinentes de las Naciones Unidas (específicamente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de la Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y el Protocolo contra la Tráfico Ilícito de Emigrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El tráfico de personas y las violaciones de los derechos humanos de los emigrantes son problemas transnacionales, que sólo pueden resolverse mediante la cooperación regional concertada. Estados Unidos colaborará con sus vecinos y socios del Hemisferio Occidental para proteger a los pueblos de las Américas de estos tipos de atropellos aborrecibles.
El autor es Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental.
