Jaime Chamorro [email protected]
El Recurso por Inconstitucionalidad interpuesto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley No. 372 (Ley Creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua), sigue sin resolverse. El 17 de diciembre de 2001, la CSJ pidió a los recurrentes llenar omisiones que se referían a los daños materiales que les podía causar la Ley recurrida. Este requisito, según los abogados y algunos magistrados de la Corte, ya había sido derogado en una reforma a la Ley de Amparo, pero fue cumplido en tiempo y forma por una parte de los recurrentes, ya que algunos no pudieron presentarse personalmente en las oficinas de la CSJ.
Además, la Ley de Colegiación sigue sin implementarse debido a las desavenencias entre las dos asociaciones gremiales de periodistas, pues ambas afrontan actualmente una profunda crisis y división, y según la Ley ellas deben formar el Colegio de Periodistas. En todo caso, mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva el recurso por inconstitucionalidad, en Nicaragua no se cumple el Principio 8 de la Declaración de Chapultepec.
Liberales contra los medios
El 10 de enero de 2002, el presidente Enrique Bolaños, del Partido Liberal, tomó posesión de su alto cargo en sustitución del controversial Arnoldo Alemán. Unos días antes de la toma de posesión, el secretario del Partido Liberal, diputado René Herrera, quien es una de las personas más allegadas al ex presidente Alemán, declaró en el semanario Confidencial que las relaciones del gobierno alemancista con la prensa habían sido “desafortunadas” y que ese mal manejo fue su principal error. Sin embargo Herrera acusó a los medios de estar contra Alemán desde el primer día de su gobierno.
Por su parte, el nuevo Presidente de la República, Enrique Bolaños, desde antes de tomar posesión se distanció de Alemán, aseguró que “nadie estaría encima de la ley”, y dijo que lucharía contra la corrupción sin tomar en cuenta quién podría salir involucrado. Lo que pronto se hizo realidad, y la lucha del nuevo Gobierno contra la corrupción fue apoyada por toda la prensa nacional y por el 85% del pueblo según las encuestas a nivel nacional.
Escándalos a granel
El primer escándalo de corrupción que destapó el nuevo Gobierno fue la pérdida de US$1,800,000 que por órdenes del entonces presidente Alemán le asignaron diferentes entes estatales al Canal 6 de Televisión, supuestamente para solventar deudas de dicho canal del Estado por más de dos millones de dólares. Como consecuencia de este escándalo, el 9 de abril de 2002 el Gobierno cerró la estación televisora del Estado, supuestamente de manera temporal y con la anunciada intención de reabrirlo como un canal educativo.
El 23 de abril, la Policía capturó a Byron Jerez —quien fuera Director General de Ingresos y Viceministro de Hacienda en el gobierno de Alemán— cuando iba hacia el aeropuerto con rumbo a Panamá. Las investigaciones que siguieron a su arresto involucraron a la plana mayor del gobierno de Alemán y a este mismo Alemán. El señor Jerez había sido denunciado de cometer actos de corrupción por el Diario LA PRENSA y otros medios de comunicación desde que se desempeñaba como uno de los más altos funcionarios del gobierno de Alemán.
Jerez se encuentra en prisión, acusado por múltiples delitos (entre otros, lavado de dinero, fraude, defraudación de caudales públicos), y ha sido fulminado en varios juzgados con auto de prisión.
Entre las imputaciones que se le hacen a Jerez está la de adquirir vehículos de lujo con notas de crédito del gobierno, y venderlos luego en beneficio propio, o regalar vehículos del Estado a personas particulares. En las listas que se hicieron públicas de las personas beneficiadas por Jerez con 23 vehículos, se mencionó el nombre de un obispo católico muy allegado al ex presidente Alemán.
La posición de los obispos
De manera que este hecho, y las constantes menciones en algunas publicaciones de jerarcas de la Iglesia Católica que se identificaron con el gobierno de Alemán, provocaron una respuesta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dada a conocer el 11 de mayo, en la que se acusó a los medios de comunicación de practicar una “manipulación dominante”, de avasallar a la población con titulares sensacionalistas, de desinformar y faltar a la verdad. Según los obispos, este “engaño” constituye “la peor forma de corrupción”, y “son pocos los medios que se esfuerzan por presentar la realidad objetiva de los hechos; mientras otros se capitalizan económicamente, al convertirse en un medio elegante de maledicencia y desinformación”.
Aunque el comunicado de los obispos condenó la corrupción, pidió al mismo tiempo “superar las heridas del pasado que tanto sufrimiento han causado a la familia nicaragüense”, lo que se entendió como un llamado a que el presidente Bolaños se arreglara con Alemán y que se detuviera la lucha contra la corrupción, y por lo tanto fue rechazado por el primer mandatario de la Nación.
Incidente con militares
Por otra parte, una denuncia que involucraba presunción de delitos graves —como lavado de dinero y narcotráfico— supuestamente cometidos por un general del Ejército de Nicaragua, publicada en LA PRENSA el 18 de julio de este año, provocó que dicho militar pidiera a la Policía Nacional iniciar una investigación. La Policía obligó al periodista Luis Felipe Palacios a presentarse en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC), donde fue presionado para que revelara la fuente de su información, pues según la Policía ésta tiene que actuar de oficio en casos de lavado de dinero y narcotráfico. El periodista Palacios se hizo acompañar de un jefe de información y de un equipo de reporteros del Diario, a quienes el jefe de la DIC les quiso impedir la entrada y se molestó por las fotografías que se le hicieron, y amenazó al fotógrafo con quitarle el rollo por la fuerza.
LA PRENSA publicó una carta del Jefe de Relaciones Públicas del Ejército, coronel Ramón Arnesto Soza, en la que éste protestaba por la información antes mencionada, acusó a LA PRENSA de no informar con veracidad y objetividad, y solicitó que si había una fuente confiable que se presentara la denuncia ante la autoridad competente. Por su parte el Editor de LA PRENSA reconoció al pie de la carta del jefe de Relaciones Públicas del Ejército el error que se cometió por “haber incluido en la nota un juicio de valor de situaciones que no es posible sustentar”. Y por su lado, el Comandante en Jefe del Ejército en una declaración personal imputó que tras la controversial información había “intereses oscuros que quieren afectar a la institución que tiene las armas”.
Trece días después de ese incidente, el Director General de la Policía Nacional, comisionado Edwin Cordero, pidió públicamente disculpas a los periodistas, pero advirtió que eso no se debería entender como que no se volvería a citar a un periodista, en caso de que se le solicitara en una investigación. “Lo que no vamos hacer es esperarlo con una patrulla”, dijo el comisionado Cordero.
Crisis parlamentaria
El 19 de septiembre la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional destituyó a la Junta Directiva del Parlamento, presidida por Arnoldo Alemán, que había sido elegida en enero del corriente año, y la sustituyó por otra provisional que fungirá hasta el 10 de enero de 2003. Los directivos anteriores fueron destituidos por negarse a nombrar una comisión, como lo manda la ley expresa, para dictaminar sobre la solicitud de quitar la inmunidad a Arnoldo Alemán, a su hija, la diputada suplente María Dolores Alemán, y a otros tres diputados liberales. De acuerdo con la ley, el desafuero debe decidirlo el plenario de la Asamblea Nacional con una votación de por lo menos la mitad más uno de todos los diputados.
Arnoldo Alemán y el Comité Ejecutivo de su partido declararon un boicot de sus 45 diputados (49%) a la Asamblea Nacional, de manera que sólo se presentan al inicio de las sesiones para marcar presentes y evitar sanciones administrativas, pero inmediatamente se retiran para tratar de romper el quórum u obligar a los demás diputados a funcionar con una precaria mayoría.
Proyectos contra libertad de prensa
Los periodistas que cubrieron en las instalaciones del PLC la reunión en la que se anunció el boicot a la Asamblea Nacional y el anuncio de la expulsión de siete diputados de este partido que votaron por la destitución de la directiva anterior, fueron objeto de agresiones verbales de enardecidos simpatizantes liberales, y algunos reporteros inclusive fueron acorralados físicamente durante varios minutos en un local de dicho partido. De manera que los periodistas que atienden la información política advirtieron al vocero del PLC que de continuar las agresiones no podrían dar cobertura a las actividades liberales.
La nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional decidió revisar todos los proyectos de ley que estaban engavetados, y encontró entre éstos dos claramente atentatorios contra la libertad de prensa:
1-“Ley que regula el delito de desacato a los órganos del Estado”, con penas de hasta 5 años de cárcel para los ofensores condenados. Esta iniciativa no era dirigida específicamente contra los medios de comunicación, sin embargo aquéllos en que se publicara el desacato objeto de la condena, tendrían que publicar íntegra la sentencia condenatoria.
El presentador de este proyecto que provocó una generalizada protesta de los medios, diputado liberal Fernando Avellán, declaró que “la diabólica iniciativa era obra de Arnoldo Alemán”, explicó que el ex presidente le pidió que la suscribiera, lo cual hizo sin leerla, pero que la retiraría de inmediato. Avellán es ahora uno de los diputados disidentes de Alemán, que votaron para defenestrar a la anterior Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
2- “Ley de protección civil del Derecho a la vida privada y familia, honra, reputación e imagen”. Al conocerse este anteproyecto de ley, su autor, el diputado también liberal Vladimir Pineda, explicó que había cometido un error y pidió disculpas a los periodistas.
La mayoría de los supuestos delitos tipificados en esa iniciativa de ley están incluidos en el Código Penal, y además, que las investigaciones de corrupción gubernamental en muchos casos necesariamente implica la investigación de actos que se podrían considerar como de la vida privada de los funcionarios investigados.
Ambas iniciativas de ley contra la libertad de prensa fueron oficialmente retiradas de la Asamblea Nacional por sus proponentes, como consecuencia de la protesta de los medios de comunicación respaldados prácticamente por toda la sociedad.
Cierre de Radioemisora
El 23 de septiembre cerró oficialmente sus operaciones el diario La Noticia que era patrocinado y mantenido con anuncios gubernamentales durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Pero después de que el nuevo gobierno aplicó la política de distribuir los anuncios de acuerdo con la cobertura real de los medios, La Noticia, que tenía sólo el 2.5% de la circulación de los periódicos, sucumbió inevitablemente, pues tampoco la empresa privada pautaba en ese rotativo, ni siquiera cuando era el órgano cuasi oficial del gobierno anterior.
El último y más reciente caso es el de la radioemisora La Poderosa, que fue cerrada el 11 de octubre por orden de la dirección de Telcor, que es el órgano gubernamental encargado de asignar y suprimir las frecuencias del espacio radioeléctrico del país. La Poderosa es la portavoz de Arnoldo Alemán, en la que éste transmite su programa personal “El diputado habla con su pueblo”, y fue denunciada por atacar al presidente Bolaños, a la primera dama de la República y a miembros del Gobierno, con expresiones soeces, e incluso de transmitir amenazas de muerte contra el titular del Ejecutivo.
Según Telcor, la frecuencia de La Poderosa había sido asignada a Coprosa, una entidad de la Iglesia Católica que la cedió al grupo político y empresarial que la estaba operando. Pero Coprosa se encontraba en situación de ilegalidad, los operadores de la radio no mostraron las pólizas de importación de los equipos (aunque éstos son exonerados por mandato constitucional, se deben cumplir todos los demás trámites de importación), y además la antena de la radioemisora está colocada en un lugar prohibido, en las inmediaciones de un aeropuerto de fumigación, de manera que de acuerdo con la ley, la asignación de la frecuencia era nula y por lo tanto había que cerrarla, pues Telcor le ofreció a las autoridades de la Iglesia Católica la oportunidad de que legalizaran la situación para que pudieran seguir usando la frecuencia, pero hasta el momento ésta no respondió, y más bien, en declaraciones públicas, el cardenal Miguel Obando Bravo informó que la Iglesia no tiene recursos para instalar una radioemisora y aprovechar la mencionada frecuencia.
Sin embargo los dueños de La Poderosa, Arnoldo Alemán y el PLC, han denunciado el cierre de la radioemisora como una represalia política y una agresión contra la libertad de expresión.
Prácticamente toda la sociedad ha deplorado el cierre de La Poderosa, a pesar de no estar de acuerdo con la irresponsabilidad y falta de ética con que se informaba y opinaba en ella, pero considerando que ningún medio de comunicación debe ser clausurado por el gobierno. El Diario LA PRENSA editorializó sobre este asunto, y señaló que los medios de comunicación no cometen delito, y, por lo tanto, no deben ser condenados. En todo caso, quienes pueden delinquir en ejercicio de la libertad de expresión son las personas, lo cual está contemplado en la legislación penal correspondiente. Es inadmisible el cierre de un medio por vía administrativa, eso sólo podría admitirse como una resolución judicial, señaló LA PRENSA, que pidió al gobierno reconsiderar su decisión y autorizar la reapertura de Radio La Poderosa. Al respecto, el director de Telcor reaccionó diciendo que si la Iglesia Católica no hace uso de la frecuencia de La Poderosa, pondrá a licitación la frecuencia tal como lo manda la ley. Y el viernes 25 de octubre, un tribunal de apelaciones de Managua aceptó un recurso por el cierre de la radioemisora y ordenó la suspensión del acto.
Asalto armado a LA PRENSA
Finalmente, el martes 22 de octubre, en horas de la tarde, un reconocido ex comandante de la Resistencia Nicaragüense (Contra), Tirso Moreno, (a) “Comandante Rigoberto”, asaltó a mano armada las instalaciones de LA PRENSA, y después de hacer varios disparos mantuvo secuestradas a 12 personas, redactores y fotógrafos del Diario. El individuo en mención, quien andaba en estado de ebriedad, justificó su acción criminal diciendo que LA PRENSA era culpable de la muerte (en un lamentable accidente) del hijo mayor del ex presidente Arnoldo Alemán, que había ocurrido esa misma tarde, pues según las denuncias de este Diario sobre la corrupción han creado una situación de guerra en el país: “Si quieren guerra, la van a tener”, gritó el asaltante cuando entró violentamente a las instalaciones de LA PRENSA.
El incidente se resolvió poco tiempo después mediante la intervención incruenta de la Policía, y el asaltante se entregó pacíficamente a la autoridad que lo puso a la orden del juez correspondiente, mientras que LA PRENSA lo ha acusado criminalmente.
En la edición de LA PRENSA del día siguiente (miércoles 23 de octubre de 2002), se dijo editorialmente que esa agresión fue “una consecuencia de la campaña de odio y de instigación criminal contra el periodismo independiente, que mantienen algunos sectores políticos del país molestos por las informaciones y denuncias sobre la corrupción…” En el citado editorial de LA PRENSA se recuerda que “desde hace algún tiempo en ciertos medios de comunicación que actúan —o actuaban, porque algunos de ellos han desaparecido (se refiere al antiguo diario La Noticia y a la radioemisora La Poderosa)— como voceros oficiales u oficiosos del liberalismo arnoldista, se han venido profiriendo amenazas instigando a acciones de violencia contra lo que ellos llaman “periódicos de la Carretera Norte” (en alusión a LA PRENSA y El Nuevo Diario, que están ubicados en la salida de la Carretera Norte de Managua), y señala que los políticos corruptos de Nicaragua “creen que matando al mensajero van a impedir que se divulgue el mensaje sobre lo que realmente ocurre” en el país. Y concluye con la reiteración de que LA PRENSA seguirá cumpliendo su deber de informar verazmente y denunciando la corrupción y los abusos de poder, cualesquiera que sean las consecuencias que sea necesario enfrentar y pagar.
LA PRENSA, que recibió las muestras de solidaridad de diversas instituciones (incluyendo al Presidente de la República) y personas, acusó al autor del criminal atentado quien está siendo procesado en un juzgado de Managua.
El autor es Director de LA PRENSA. Informe presentado ante la 58 Asamblea General de la SIP, en Lima, Perú, del 25 al 29 de octubre de 2002
